El Senado a contrarreloj: la reforma laboral pone a prueba la estrategia de Milei
El oficialismo intenta destrabar la reforma laboral en el Senado para mediados de febrero y negocia cambios con aliados y gobernadores.
Con el inicio inminente de un nuevo período de sesiones extraordinarias previsto desde mañana y hasta finales del mes, el Gobierno libertario vuelve a colocar a la reforma laboral en el centro de su agenda legislativa. El objetivo es ambicioso y el margen, estrecho: lograr que el Senado trate el proyecto antes del 13 de febrero, idealmente en una sesión convocada para los días 11 o 12, y enviarlo rápidamente a la Cámara de Diputados.
La Casa Rosada necesita un resultado político que le permita a Javier Milei llegar fortalecido al Congreso el próximo 1° de marzo, cuando inaugure el período ordinario de sesiones.
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El largo camino de la reforma laboral
El recorrido del proyecto está lejos de haber sido lineal. En diciembre pasado, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría tras semanas de negociación, pero no logró reunir los votos necesarios para avanzar hacia el recinto. Aquella postergación dio paso a una instancia decisiva, donde en una reunión entre los senadores dialoguistas y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, surgieron pedidos concretos de modificaciones.
Esas observaciones quedaron bajo la órbita del ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y desde entonces funcionan como moneda de cambio en una negociación que se mueve más por señales políticas que por precisiones técnicas.
Mientras se espera una nueva ronda de conversaciones entre Bullrich y los potenciales aliados, en Balcarce 50 ajustan la estrategia para un tramo decisivo del calendario parlamentario. Lo que está en juego no es sólo la aprobación de una ley, sino la posibilidad de revertir una dinámica adversa que marcó buena parte de 2024 y comienzos de 2025, cuando la oposición logró imponer tiempos, condicionar debates y, en algunos casos, controlar la agenda legislativa, especialmente en el Senado.
En ese contexto, el oficialismo intenta exhibir un leve cambio de método: menos confrontación y más negociación quirúrgica, sin renunciar a los pilares ideológicos del proyecto libertario. La incógnita es si ese viraje táctico alcanza para ordenar una mayoría estable. En la Cámara alta, La Libertad Avanza sabe que el respaldo de los gobernadores resulta clave, ya que muchos senadores responden de manera directa a las necesidades financieras y políticas de sus provincias. Con algunos mandatarios, los acuerdos ya están avanzados. Con otros, la negociación sigue abierta.
Pero el mapa es más complejo. Además de los legisladores alineados con gestiones provinciales, el oficialismo necesita sumar voluntades sueltas: senadores sin anclaje territorial fuerte o con agendas propias, proclives a negociar voto a voto. Son esos actores los que suelen encarecer las tratativas, exigir concesiones específicas y tensar los tiempos hasta el límite. En la Casa Rosada admiten que cerrar con gobernadores ayuda, pero no garantiza el resultado final.
La discusión fiscal aparece como uno de los principales focos de resistencia. Las provincias observan con preocupación el impacto potencial de la reforma sobre la coparticipación y otros flujos de recursos, aun cuando desde el Ejecutivo nacional sostienen que la Nación absorbería el mayor costo en términos absolutos.
La diferencia, reconocen incluso dentro del oficialismo, es que el Estado nacional cuenta con más herramientas para compensar esos desbalances, mientras que en el interior el margen es mucho más estrecho. La paralización de la obra pública y las dificultades para sostener gastos corrientes ya forman parte del paisaje.
Los puntos más conflictivos de la reforma laboral
Uno de los nudos más sensibles pasa por las facultades que el proyecto otorga al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos centrales de la ley una vez sancionada. El artículo 212 del dictamen concentra buena parte de esas atribuciones e incluye regímenes clave como el de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), además de otras disposiciones tributarias.
Los bloques dialoguistas reclaman mayor previsibilidad: plazos definidos, límites más claros y menor discrecionalidad. Algunos de esos puntos habrían sido parcialmente corregidos, aunque el detalle final aún se negocia.
En paralelo, el debate sobre las condiciones concretas del mundo laboral parece haber quedado relegado a un segundo plano. A diferencia de otras discusiones de alto voltaje en los últimos 15 o 20 años, el kirchnerismo mantiene un perfil llamativamente bajo en la Cámara alta, con intervenciones escasas y sin la intensidad habitual. La atención, en cambio, está puesta en la cocina política y en la capacidad del Ejecutivo para cerrar acuerdos sin desnaturalizar su propio discurso.
El desenlace será una prueba de fuego para el oficialismo. Un nuevo freno al proyecto sería leído como una segunda derrota legislativa de peso, con costos evidentes en términos de autoridad política. En ese escenario, la reforma laboral pasaría de ser una promesa estructural a un problema estratégico.