Reforma laboral: los cambios clave que le piden a Patricia Bullrich para aprobar la ley

Patricia Bullrich puso en marcha este miércoles por la tarde la actividad política en el Senado. La jefa del bloque La Libertad Avanza se reunió con los presidentes de las bancadas aliadas para comenzar a definir el ambicioso proyecto oficialista. El radicalismo y los partidos provinciales insisten con dos modificaciones que condicionan el proyecto: el impuesto a las Ganancias y los aportes obligatorios de los sindicatos.

El primero de estos reclamos lo encabezan los gobernadores aliados al Gobierno, que están dispuestos a poner los votos de sus diputados y senadores, pero no quieren perder recursos. El dictamen que el oficialismo firmó, junto con sus aliados, en diciembre de 2025 prevé una reducción de cuatro puntos porcentuales en el impuesto a las Ganancias de las sociedades en un año.

Esto complica los recursos provinciales, ya que este tributo es uno de los que se coparticipan, junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto al cheque. Los mandatarios provinciales que se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, le transmitieron esta preocupación. Algunos indicaron directamente que debía eliminarse esa reducción impositiva y otros plantearon estirar los plazos para morigerar el impacto fiscal que tendría.

La alternativa del Gobierno al proyecto de reforma laboral

Según pudo indagar MDZ con fuentes oficiales, La Libertad Avanza aceptaría esta última opción para asegurarse los votos de los senadores aliados, del radicalismo y también de los bloques que responden a los gobiernos provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Santa Cruz.

Cerrar esto puertas adentro del oficialismo no fue sencillo: hubo que convencer al ala más dura del proyecto, que encabezan el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. Tanto Santilli como Bullrich están dispuestos a ceder para asegurarse los votos en el Congreso y llegar a marzo con la ley sancionada sin sobresaltos.

El otro punto que está en discusión tiene que ver con una modificación que también tuvo varios idas y vueltas dentro de la Casa Rosada: los aportes obligatorios que reciben los sindicatos de todos los trabajadores en relación de dependencia, estén o no sindicalizados.

La CGT sigue de cerca la reforma laboral

El primer proyecto que presentó el Gobierno como resultado del trabajo del Consejo de Mayo, donde estuvo la CGT representada por Gerardo Martínez, tenía un artículo que eliminaba este beneficio para los sindicatos. Según un trabajo de la consultora Zentrix, solo los diez gremios más grandes generan un flujo de u$s685 millones por estos aportes.

El estudio señala que los principales convenios de actividad —comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza— abarcan a casi tres millones de trabajadores formales. La recaudación promedio alcanza los $327.000 anuales por empleado, lo que refleja el peso de estos descuentos sobre el salario registrado.

Se trata de aportes obligatorios establecidos en convenios homologados hace décadas, que se aplican a todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados. El esquema opera como un recargo permanente sobre el empleo formal y alcanza a millones de personas.

Luego de una fuerte presión por parte de la CGT, que en todo momento se mantuvo en comunicación con el Gobierno nacional, finalmente se eliminó este artículo del proyecto que ingresó a mediados de diciembre al Senado de la Nación. La eliminación de este punto también despertó malestar en el ala más dura de la negociación, que encabezan Sturzenegger y Caputo, pero se impuso el pragmatismo de Santilli, Bullrich y los Menem, que no quieren más derrotas en el Congreso.

Sin embargo, por estas horas el radicalismo, que tiene un bloque de diez senadores clave para la aprobación de este proyecto, insiste con volver a incluir este artículo. Se trata de una bancada que en varias ocasiones planteó avanzar con esta reforma para licuar el poder de los gremios.