El Senado busca agilizar desalojos de casas del IPV a morosos o quienes las alquilan de forma ilegal
La Cámara Alta someterá el proyecto que ya tiene media sanción a debate. El peronismo buscará modificaciones a la norma que llega de diputados. Cuántas viviendas detectaron con irregularidades.
La Cámara de Senadores de Mendoza buscará dar sanción completa al proyecto de ley que agiliza el proceso y facilita al Gobierno Provincial la desadjudicación de viviendas que fueron entregadas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero cuyos propietarios han cometido diversas irregularidades, ya sea al no estar al día con el pago de las cuotas, o directamente no habitarlas y alquilarlas mediante contratos temporarios, como uno de los ejemplos.
El proyecto ya viene con media sanción de la Cámara Baja y obtuvo una fuerte mayoría de votos, con 31 a favor y 8 en contra (del peronismo y kirchnerismo), quienes sostienen que es necesario “diferenciar al que no puede pagar por una situación particular de aquel que alquila la vivienda". De esta forma, entienden que el proyecto, tal cual está presentado, "generaliza y no se resuelve el problema social de las viviendas".
Desde el radicalismo recibieron algunas consideraciones del peronismo y son las que evaluarán este martes por la mañana en el bloque. Luego sobre tablas se verá si se agregan modificaciones y vuelve el proyecto aprobado a Diputados, o queda tal cual está y se convierte en ley. Desde el espacio comentaron a MDZ que buscarán que salga "la mejor ley posible", por lo que están abiertos al análisis de las propuestas de otros espacios.
Mora y/o uso indebido de las viviendas del IPV
Los datos oficiales marcan que hay unos 500 casos vinculados a mora o uso indebido de viviendas.
Según comentó a MDZ Radio el titular del IPV, Gustavo Cantero, desde el 2025 ya llevan “413 casos procesados” y “20 judicializados”.
El funcionario remarcó que la mayoría de los adjudicatarios que están en mora termina regularizando su situación mediante planes de pago. De hecho, expresó que “siete de cada diez personas en el IPV pagan su cuota”, afirmó, y precisó que la mora actual ronda el 30%, equivalente a “cerca de 4.000 familias”.
Sobre la demanda habitacional, Cantero reconoció que “supera más de las 100.000 familias” registradas en los municipios. “La realidad es que la demanda supera la oferta, no hay posibilidades de atender en los tiempos que uno quisiera a la cantidad de gente que está con necesidad”, sostuvo.
De esta forma es cuando toma poder el proyecto, según el oficialismo, sobre todo con propietarios que no utilizan la vivienda a la que accedieron y deciden alquilarla de manera indebida, ya sea en un alquiler "normal", o de manera temporaria, muchos a través de la plataforma AirBnb.
Qué dice el proyecto de las viviendas del IPV
El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo provincial modifica las normativas para acelerar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles. La propuesta advierte que el IPV continuará con controles para detectar y sancionar a incumplidores.
La iniciativa resalta que “en aquellos supuestos en los que el Instituto Provincial de la Vivienda haya resuelto una desadjudicación podrá iniciar juicio de desalojo”.
El proyecto elimina la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV. La iniciativa sostiene que estos actos administrativos cuentan con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, siempre que se haya respetado.
También se modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario donde se incorpora a los procedimientos de desalojo los supuestos de intervención del IPV para accionar frente a beneficiarios desadjudicados.
Concretamente incorpora un nuevo inciso al artículo 232 del Código Procesal Civil habilitando una vía procesal específica para las desadjudicaciones resueltas administrativamente por el IPV.
Programas vigentes y acceso a la vivienda
Cantero explicó que las líneas sociales del IPV están destinadas a familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos y que “no tienen que poner anticipo”. En esos casos, “la cuota va hasta el 15% del salario familiar”.
Para los sectores medios, el IPV mantiene programas como IPV Mi Casa y anticipó el lanzamiento de una nueva operatoria. “En el caso del IPV Mi Casa estamos hablando de 25 salarios mínimos”, indicó sobre el aporte inicial requerido. En el nuevo plan, adelantó, “va a estar en el orden de los 10-12 millones de pesos como cuota inicial”.
El titular del IPV destacó que actualmente hay “2.600 unidades habitacionales en ejecución”, de las cuales “más del 70%” están destinadas a sectores vulnerables mediante viviendas sociales y programas de mejoramiento habitacional. “Le hacemos un baño y le cambiamos la vida”, afirmó al referirse a las intervenciones para familias con necesidades básicas insatisfechas.
En cuanto a la construcción de barrios, señaló que el IPV tiene “33 barrios ejecutados en toda la provincia”, con desarrollos de entre 10 y 50 viviendas.