El procurador Casal recomendó a la Corte rechazar el reclamo del camarista Irurzun para seguir en el cargo

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debe declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario presentado por el camarista federal Martín Irurzun, quien intenta permanecer en su cargo más allá de los 75 años de edad.

La opinión de Casal no es vinculante a lo que decidan los supremos, pero deja al camarista en una situación compleja a dos días de alcanzar la edad límite prevista en la Constitución Nacional y con el máximo tribunal aún sin fecha para tratar el expediente.

La causa se originó a partir de una medida cautelar promovida por Irurzun para suspender los efectos del tercer párrafo del inciso 4.° del artículo 99 de la Constitución, incorporado en la reforma de 1994. Dicha disposición establece que los jueces nacionales deben obtener un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para continuar en funciones una vez cumplidos los 75 años.

Eduardo Casal, el actual procurador

El planteo del camarista ya había sido rechazado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ambas instancias consideraron aplicable el precedente "Schiffrin", mediante el cual la Corte Suprema, en 2017, validó la constitucionalidad del límite etario y sostuvo que esa exigencia no vulnera la independencia judicial ni la garantía de inamovilidad de los magistrados.

Sin embargo, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo habilitó a Irurzun a llevar su planteo ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario, en el cual argumentó que la aplicación de esa cláusula afecta el carácter vitalicio de su cargo.

El camarista, por un lado, invocó los fundamentos del histórico fallo "Fayt", que había permitido al fallecido ministro de la Corte, Carlos Fayt, continuar en funciones pasados los 75 años y, por el otro, la doctrina fijada en el fallo "Schiffrin", la cual sostiene que cualquier pedido podría ser revisado por la Corte por tener una integración distinta, aun cuando alguno de sus miembros dejara su cargo, tal y como ocurrió tras la salida del juez Juan Carlos Maqueda en 2024. Según su planteo, la mayoría que respaldó aquella decisión ya no existe, por lo que el criterio podría modificarse.

En el dictamen al que pudo acceder MDZ, Casal afirmó que el recurso "carece de la debida fundamentación" exigida por la Ley 48 y sostuvo que el magistrado no explicó por qué el cambio en la composición del tribunal debería conducir necesariamente a una decisión distinta. Para el Procurador, ese argumento constituye "una mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente" para habilitar la instancia extraordinaria.

Eduardo Casal también respaldó el criterio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo al recordar que los tribunales inferiores deben seguir la jurisprudencia de la Corte mientras permanezca vigente y que el precedente "Schiffrin" resolvió expresamente que el límite de 75 años modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, sin afectar la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces.

Aunque el dictamen no es vinculante a lo que pueda determinar la Corte, la deja en condiciones de resolver. Sin embargo, el máximo tribunal no tenía previsto reunirse esta semana, pues el ministro Ricardo Lorenzetti, se encuentra de licencia, por lo que no se espera una definición inmediata.

Irurzun había solicitado hace un año al Poder Ejecutivo el envío de su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo, trámite que nunca fue impulsado por Javier Milei y el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. La salida de Martín Irurzun parecería estar sellada, pues el próximo sábado cumple 75 y con ello se abriría una nueva vacante en la estratégica Cámara Federal porteña, instancia revisora de las causas por corrupción y de revuelo político.