El paquete de 7 leyes de seguridad que Cornejo tiene en carpeta hasta fin de año
El Gobierno provincial enviará en los próximos meses una serie de iniciativas vinculadas a cambios en el sistema penitenciario, la prevención del delito, la investigación criminal y la seguridad vial.
El Gobierno de Mendoza prepara la presentación de un paquete de leyes para modificar diferentes aspectos vinculados a la seguridad pública. Se trata de siete iniciativas que van desde reformas en la Ley de Tránsito y el Código Contravencional hasta medidas apuntadas a la demolición de búnker de drogas o la quita de beneficios de condenas en suspenso.
Estas propuestas serán enviadas a la Legislatura antes de fin de año y están vinculadas a nuevas regulaciones y cambios en el sistema penitenciario, la prevención del delito, la investigación criminal y la seguridad vial.
Este jueves el Gobierno provincial presentó la nueva Ley de Ciberseguridad que fija una serie de lineamientos para combatir amenazas digitales y alcanzan al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, además de proveedores vinculados a servicios críticos esenciales. También habilita a los municipios a adherir en el marco de sus autonomías.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien además adelantó que junto al gobernador Alfredo Cornejo preparan un paquete de 7 leyes con reformas en materia de seguridad.
Nuevo laboratorio de identificación balística
El Gobierno provincial presentará un proyecto de ley para darle un marco legal al Laboratorio de Identificación Balística que se puso en marcha el año pasado.
Este laboratorio permite identificar si un arma fue usada en un homicidio o un robo y tener una trazabilidad de estas. Se apunta a un modelo de legislación similar a la Ley del Laboratorio de Huella Genética.
Límite a las condenas condicionales
El Ministerio de Seguridad y Justicia también planea una modificación al Código Procesal Penal para “cortar la cadena de beneficios” para algunas personas que han afrontado diferentes procesos penales.
Rus explicó que la intención es evitar que un sujeto acceda a una suspensión del juicio a prueba, una condena condicional y luego otra condena condicional, o eventualmente una condena condicional por múltiples hechos.
“Queremos que las condenas sean contundentes y que a una persona que ya se le ha dado un beneficio no se le vuelva a otorgar otro beneficio por más que se trate de un delito menor”, expresó la ministra.
Reformas a la ley penal juvenil y la ley de tránsito
A partir de la entrada en vigencia en septiembre de la baja en la edad de imputabilidad a las 14 años, el Gobierno de Mendoza enviará una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil para adaptarse a esta nueva legislación.
“Se está trabajando en conjunto con operadores judiciales. Se va a poner en discusión en una mesa interdisciplinaria”, adelantó la ministra.
Por su parte, otra reforma apunta a la Ley de Tránsito con el objetivo de incorporar nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer los controles en rutas y en los sectores con mayor conflictividad vial.
“Venimos teniendo reuniones con víctimas y familiares y con los operadores del sistema de seguridad vial. La reforma tiene que ver con los lugares en los que es muy difícil custodiar desde la presencia física de preventores o de la policía, pensando en qué aporta la tecnología esa custodia de lugares que hemos identificado como los más conflictivos en materia de seguridad vial”, explicó Rus.
Trabajo en las cárceles
El Gobierno también planea una reforma en la ley orgánica del sistema penitenciario provincial para oderanar y garantizar el funcionamiento del trabajo intramuros.
“Queremos consolidar el trabajo que venimos haciendo en la unidad productiva. En Mendoza el trabajo por parte de las personas privadas de la libertad no es solo un derecho, es una obligación”, manifestó la ministra de Seguridad.
Remarcó que la provincia tiene una industria incorporada en los penales de Almafuerte y San Felipe y ahora pretende dejar en claro su funcionamiento a través de una normativa.
Demolición de búnkers y nueva ley anti-barras
El Ministerio de Seguridad también analiza plasmar en leyes dos iniciativas que actualmente están en la práctica cotidiana.
A través de la resolución 54/25 se habilitó la intervención de inmuebles de manera temporaria y preventiva por razones de seguridad pública.
Se trata de una resolución que está a prueba y ya se ha avanzado con 11 demoliciones de lugares que para el Ministerio de Seguridad consideraba que ponían en riesgo a la seguridad pública.
“Le hemos devuelto al propietario y titular registral los inmuebles que eran usurpados y hoy tenemos tapiados. Ahora creemos que tenemos que plasmar esto en una norma traiga lo que tenemos escrito en esta resolución y que implique la colaboración más activa de los municipios”, manifestó Rus.
En tanto, también se trabaja en una modificación al Código Contravencional para sancionar la toma del transporte público por parte de las barras de clubes de fútbol.
“Desde el Gobierno de Mendoza hemos implementado una política y lo hemos erradicado pero muchas veces es difícil generar la causa penal cuando no hay una extorsión o amenaza clara”, manifestó al titular del Ministerio de Seguridad.
Subrayó que pretenden que a partir de ahora exista una sanción a nivel contravencial en los casos en que un grupo de barrabravas secuestra un colectivo para trasladarse al estadio un día de partido. “Queremos contemplar en el Código de Contravenciones una figura para que no quede eso sin una sanción”, sostuvo.