El Jury contra el juez Sarmiento se demora por un nuevo cambio del defensor oficial
El juez de Ejecución Penal afronta un pedido de juicio político por mal desempeño, a raíz de fallos que habrían permitido la excarcelación de delincuentes que reinciden en crímenes graves.
El Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento sigue dilatándose ya que el magistrado debió cambiar por segunda vez de defensor oficial. La Defensoría General de Mendoza designó por tercera vez en las últimas semanas a un abogado del Estado para que ejerza la defensa del juez de Ejecución Penal que afronta un proceso de juicio político por mal desempeño. En tribunales, sospechan de una maniobra que busca demorar el avance del Jury.
Sarmiento enfrenta un proceso de juicio político que podría concluir en su destitución como Juez de Ejecución Penal. La acusación en su contra es por mal desempeño a raíz de fallos que habrían permitido la excarcelación de delincuentes que reinciden en crímenes graves.
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A finales de julio el Jury de Enjuiciamiento aceptó la denuncia realizada contra el magistrado y dio inicio a la instancia de estudio de las acusaciones en su contra. No obstante, desde ese entonces no ha avanzado la causa debido a que el juez no cuenta oficialmente con un encargado de su defensa.
Tres defensores oficiales en un mes
Sarmiento solicitó que se le asigne un defensor oficial para afrontar este proceso pero desde entonces han tenido que cambiar dos veces a los abogados que le fueron asignados.
El Ministerio Público de la Defensa había asignado originalmente a Jorge Martín Luque para llevar adelante la defensa del juez. Se trataba de un defensor oficial radicado en General Alvear, la Segunda Circunscripción Judicial.
Sin embargo, Sarmiento había cuestionado la validez del nombramiento de un defensor de otra circunscripción y planteó que ello afectaba su derecho de defensa, lo que derivó en un pedido de cambio de defensor.
Ante esta situación, la defensora general de la provincia, Cecilia Saint André, decidió asignar como nueva defensora oficial a Cecilia Pedrazzoli, de la Primera Circunscripción, es decir el Gran Mendoza.
Pero tiempo después Pedrazzolli presentó la inhibición alegando que había participado en varios procesos en los que Sarmiento era juez, por lo que podría “existir conflictos de intereses en la estrategia defensiva”.
Por esta razón, la defensora general Saint André designó a la defensora oficial penal de pobres y ausentes Silvina González Gonella a fin de que asuma la defensa técnica del juez Sarmiento en el marco del Jury.
Sospechas de maniobra dilatoria
La defensora oficial Pedrazzolli planteó una inhibición para asumir la defensa de Sarmiento alegando que existían “conflictos de intereses con la estrategia defensiva, provocándole violencia moral y ética que podría implicar sospecha de incumplimiento de sus deberes de lealtad como defensora técnica”
El motivo fue que la magistrada había participado en causas en las que Sarmiento era juez, una situación que había sido advertida con anticipación por la defensora general, al objetar que Sarmiento solicitara ser defendido por un abogado de la Defensoría que sea de la Primera Circunscripción, donde él viene desempeñándose desde hace más de una década.
“Esta tercera designación de un defensor para el acusado, no hace más que confirmar los argumentos expuestos en la Resolución N° 141/25, reafirmando la postura razonable de que el fundamento de la designación de un defensor de una circunscripción distinta de la pretendida por el Dr. Sarmiento radica en que ‘la totalidad del cuerpo de defensores penales de la Primera Circunscripción Judicial, han participado en diferentes procesos en donde en algún momento el Dr. Sarmiento ha intervenido como Juez pronunciándose de manera favorable o adversa a las pretensiones de los Defensores Oficiales Penales de la Primera Circunscripción, circunstancias estas, que pueden llevar a subjetivar la estrategia defensiva del Defensor Oficial en el procedimiento de Jury”, planteó Saint André en la reciente resolución que asignó una tercera defensora oficial para el juez.
En esa misma presentación, remarcó que “se ha verificado que la Defensora Oficial de Pobres y Ausentes Dra. Silvina González Gonella, Titular de la Décimo Tercera Defensoría Penal de la Primera Circunscripción, reúne las condiciones para llevar a cabo la defensa técnica solicitada, procediendo esta Defensora General a delegar tal función en la Dra. Gonzalez”. Por ese motivo fue designada y la misma ya notificó al Tribunal de Enjuiciamiento que asumirá defensa.
En los pasillos de tribunales sospechan que la decisión de Sarmiento de contar con un defensor oficial y exigir que sea de la Primera Circunscripción es una maniobra deliberada que pretende dilatar el proceso y evitar que avance el Jury de Enjuiciamiento en su contra con celeridad.