El juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino antes de ser apartado
El magistrado Sebastián Argibay encontró que el requerimiento del fiscal Pedro Simón carecía de hechos concretos para investigar presuntas maniobras en la AFA.
Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, la cúpula de la AFA.
Antes de ser apartado de la causa, el juez federal Sebastián Argibay rechazó este lunes el pedido del fiscal Pedro Simón tendiente a detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El magistrado consideró que la acusación no reunía los requisitos legales mínimos para fundamentar una investigación penal.
El rechazo llegó tras constatar que el fiscal había presentado sus argumentos de manera "genérica y abierta", sin identificar con precisión los elementos fácticos concretos que permitieran estructurar una investigación. Argibay, en su resolución de 39 páginas, subrayó específicamente la "ausencia de un hecho concreto y específico" como el problema central de la acusación.
El pedido de detención al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
La acusación del fiscal Simón se basaba en una supuesta maniobra compleja de lavado de activos que, según su interpretación, operaría mediante pagos efectuados por la AFA a empresas vinculadas a Toviggino que supuestamente no habrían prestado los servicios por los cuales fueron remuneradas. Complementaba esta teoría con denuncias de maniobras cambiarias y evasión tributaria.
Para construir su posición, Simón había presentado una reconstrucción de elementos económicos y societarios: la conformación de estructuras empresariales, los vínculos entre sus integrantes, los flujos de fondos registrados y las operaciones inter-empresariales. Todo ello incluía referencias a facturación cruzada que, en su lectura, evidenciaría el esquema ilícito.
Los argumentos del juez
Sin embargo, el juez encontró que estas referencias permanecían indeterminadas. No delimitaban claramente cuáles eran los ilícitos específicos que se imputaban ni identificaban adecuadamente el delito precedente que fundamentara el lavado de activos. Esta indeterminación resultó decisiva para desestimar el requerimiento.
Tras su decisión, Argibay declaró la incompetencia del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero para continuar con la investigación, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Federal de Campana, que está a cargo del juez Adrián González Charvay. Esta reubicación jurisdiccional abre un nuevo capítulo en el proceso.