El juez Lijo investigará las causas relacionadas con el rulo financiero del dólar blue
Lo resolvió la Cámara Federal Porteña, que hizo lugar al planteo del magistrado y unificó los expedientes por el presunto circuito de compra oficial de divisa estadounidense para el mercado paralelo.
Elías Piccirillo, empresario y expareja de Jésica Cirio.
Foto: NAEl camarista Roberto Boico ordenó la unificación de las principales causas que investigan a Elías Piccirillo y Martín Migueles, en un presunto entramado financiero destinado a obtener dólares al tipo de cambio oficial para luego comercializarlos en el mercado paralelo.
El magistrado hizo lugar al planteo de inhibitoria presentado por Ariel Lijo y dispuso que el expediente que tramitaba en el juzgado de María Romilda Servini sea remitido a su despacho para continuar una investigación conjunta.
La decisión zanja una disputa de competencia que enfrentaba a ambos juzgados desde mayo. Lijo sostuvo que las dos investigaciones respondían a un mismo núcleo fáctico y debían concentrarse en una sola sede, mientras que su par, Servini, rechazaba esa posibilidad al considerar que se trataba de hechos diferentes.
El camarista de la Sala II terminó inclinándose por la primera postura al entender que la división de los expedientes generaba un riesgo concreto de duplicar medidas de prueba, fragmentar la investigación e incluso afectar garantías como el debido proceso y la prohibición de una doble persecución penal.
En ese marco, Boico concluyó que ambas causas describen un mismo patrón operativo: organizaciones que habrían utilizado casas de cambio y entidades financieras para acceder a dólares al valor oficial y luego revenderlos en el circuito informal, obteniendo ganancias mediante la brecha cambiaria. Según la hipótesis judicial, ese esquema habría contado con la presunta participación o la falta de controles de funcionarios del Banco Central.
El fiscal ante la Cámara Federal Porteña, José Luis Agüero Iturbe, había dictaminado que cada uno de los expedientes tramitara en paralelo por considerar que aún no hay pruebas suficientes para concluir que se trata de una misma organización, pese a compartir varios protagonistas y maniobras similares.
El juez Boico valoró que la mayoría de las defensas también respaldaran la unificación. Los abogados advirtieron que mantener investigaciones paralelas sobre un mismo entramado podía traducirse en allanamientos reiterados, producción duplicada de pruebas y eventuales decisiones incompatibles.
Dato no menor es que en ambos expedientes aparecen varias firmas, entre ellas Arg Exchange, Gis Cambio, Stema Cambios, Mega Latina y Banco Más Ventas, donde se realizaron diversos allanamientos. Para la Cámara, ese “acervo probatorio compartido” demuestra una "dependencia funcional y operativa" entre las maniobras investigadas.
"Ambas investigaciones comparten un idéntico patrón operativo", afirmó Boico al fundamentar la decisión. El magistrado explicó que las coincidencias en los hechos, en parte de los imputados y las pruebas reunidas justifican que la pesquisa avance de manera unificada para evitar reconstrucciones parciales de una misma maniobra.
El expediente en manos de Lijo fue impulsado por el fiscal Franco Picardi e investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023. Según la hipótesis, financistas, operadores cambiarios y funcionarios públicos habrían intervenido en un mecanismo destinado a conseguir divisas al tipo de cambio oficial mediante distintas casas de cambio para luego derivarlas al mercado paralelo.
Esa investigación incorporó además una segunda línea vinculada con un supuesto circuito de gestión irregular de autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde intermediarios habrían facilitado aprobaciones administrativas a cambio del pago de sobornos a funcionarios de distintos organismos, entre ellos el Banco Central.
En cambio, la causa que tramitaba en el juzgado de Servini se concentraba en operaciones cambiarias presuntamente fraudulentas realizadas mediante casas de cambio y entidades financieras para adquirir dólares oficiales con fondos de posible origen ilícito y reintroducir luego ese dinero en el sistema financiero.
De acuerdo con esa investigación, el perjuicio económico potencial ascendería a unos 607 millones de dólares. Durante la discusión sobre la competencia, el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación, reconoció que existía una comunidad de hechos, personas y pruebas entre ambos expedientes, aunque postuló que la investigación debía quedar en el juzgado de la magistrada Servini.