El Gobierno rompió el silencio sobre Manuel Adorni tras intentar justificar su enriquecimiento y se desligó: "No forma parte"

El Gobierno habló por primera vez tras la presentación judicial del exjefe de Gabinete libertario, Manuel Adorni, quien ayer intentó justificar su exponencial aumento patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la consulta de MDZ en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió: “En relación con Manuel Adorni, es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia, al respecto no vamos a agregar más información. En todo caso esperaremos que la Justicia hable”.

Este medio le preguntó si el caso Adorni arruina la reciente modificación de la ley de Inocencia Fiscal, donde el Gobierno insta a la población a que los argentinos saquen “los dólares del colchón”, contestó: “Tenemos que separar las cosas. Inocencia Fiscal es un mecanismo que busca que el dinero que estaba abajo del colchón, vuelva a los bancos. Lo mismo en su momento con la ley de blanqueos, tratamos de que el dinero que mucha gente tenía fuera del país o no lo tenía declarado o lo tenía bajo el colchón, en caja fuerte, caja de seguridad, vuelvan a los bancos para que eso se convierta en ahorro y ese ahorro permita generar inversión y con eso recuperemos el crecimiento que tanto nos falta”.

“Seguimos pensando que es una ley fundamental. No vamos a mezclarlo con el tema Adorni. Es un tema que, de nuevo, continuará en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, concluyó.

Hasta el momento, el presidente Javier Milei ni otro miembro del Gabinete se había pronunciado.

Que dijo Adorni en la causa

El exjefe de Gabinete presentó ayer ante la Justicia un escrito de 77 páginas para justificar la evolución de su patrimonio y responder los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa sostuvo que el crecimiento patrimonial registrado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene un “sustento razonable y verificable” y atribuyó buena parte de los fondos cuestionados a operaciones con bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública. Según el escrito, Adorni habría obtenido US$591.544,61 a partir de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, utilizadas entre 2014 y 2018, y afirmó que esas inversiones fueron realizadas con ahorros provenientes de su actividad privada y la de su esposa, Bettina Angeletti.

Uno de los principales puntos de la presentación fue el origen de los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que Adorni declaró en distintos momentos bajo el concepto de “venta de activos”. La defensa sostuvo que esos fondos provenían de las operaciones con criptomonedas y que los bitcoins habían sido comprados con ahorros que permanecían “por fuera del sistema financiero”. Para respaldar la titularidad de las billeteras, presentó documentación y un acta notarial mediante la cual Adorni acreditó que posee las claves privadas de esas direcciones. Además, la defensa cuestionó el cálculo realizado por la Fiscalía y sostuvo que la diferencia de $43.068.549 entre ingresos y egresos detectada en la investigación constituye una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

Otro eje de la explicación fue la casa del country Indio Cuá, cuya compra por US$120.000, según la defensa, fue financiada con un préstamo hipotecario de US$100.000 y US$20.000 en efectivo. Adorni también negó haber pagado los US$245.929 que había declarado el contratista Matías Tabar por las refacciones y sostuvo que el desembolso real fue de US$174.954,58, cifra que, según su presentación, coincide con un estudio contable y con una valuación realizada por un arquitecto. El escrito también respondió sobre las rectificaciones de sus declaraciones juradas y sobre compras realizadas a través de terceras personas. Ahora, Pollicita deberá analizar la documentación y determinar si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas, incluida eventualmente una declaración indagatoria.