El Gobierno reorganiza el trabajo en la Justicia Penal para evitar "salas vacías"
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dio detalles de la reforma apuntada a ampliar los horarios de audiencias y distribuir la carga de causas entre los jueces.
La ministra Mercedes Rus presentó la reforma, acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de reforma del trabajo en la Justicia penal con el objetivo de ampliar la disponibilidad de audiencias en horas de la tarde y equilibrar las cargas entre los jueces. Se trata de una serie de modificaciones del Código Procesal Penal que busca acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en tiempo oportuno.
“No queremos más salas vacías mientras los ciudadanos esperan justicia. Queremos más horas de trabajo, más compromiso y un sistema judicial que responda con la misma velocidad con la que actúa la Policía de Mendoza”, con esa frase el gobernador Alfredo Cornejo destacó el impulso de la iniciativa que había anunciado la semana pasada.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue la encargada de la presentación del proyecto este miércoles y detalló los objetivos y los cambios que establece la propuesta.
La funcionaria provincial precisó que el proyecto se apoya en tres ejes principales. El primero es garantizar una franja horaria más amplia para audiencias penales, extendiéndola al horario vespertino para dar respuesta inmediata a los casos y evitar demoras que frenen el avance de los procesos.
El segundo apunta a ampliar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema.
Mientras que el tercer eje de la propuesta apunta a reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones, y asegurar un flujo ordenado y ágil de los procesos judiciales.
Esta reforma parte de un contundente diagnóstico del Gobierno sobre el funcionamiento de la justicia penal en la provincia. Según el relevamiento del Ejecutivo, el 86% de las audiencias se realizan entre las 8 y las 13, mientras que con esta propuesta se busca ampliar hasta las 18 la realización de estos encuentros.
Por otro lado, también busca redistribuir la carga de causas que tienen los jueces penales y los tribunales penales colegiados. Las estadísticas oficiales resaltan que un grupo de 36 jueces penales deben tratar por año alrededor de 20.000 causas, mientras que los tribunales penales colegiados reciben unas 1.800 causas.
El objetivo es distribuir este trabajo y multiplicar el número de decisores, ampliando también el número de audiencias. Esto implicará una reorganización del trabajo distribuyendo los recursos de personal que actualmente tiene el fuero penal.
La reorganización de la justicia penal
“Un diagnóstico nos muestra que el 86% de las audiencias se hacen en una franja muy corta de 8 a 13, eso es lo que vamos a ampliar”, destacó la ministra Rus este miércoles tras la presentación de este proyecto de ley.
Por otro lado, remarcó que existe “una distribución de cargas desiguales”. “Un conjunto de 36 jueces, que son los jueces penales colegiados, en un año por ejemplo tienen un ingreso de 20.000 causas, contra 1.800 que son las que tienen los tribunales de juicio”, indicó.
Aclaró que si bien es lógico que los tribunales de juicio tengan menos causas, advirtieron que esta brecha tiene una amplitud que es necesario reconsiderar. Esta medida apunta a que “los jueces puedan trabajar de una manera más tranquila, así que no tengan acumulación de causas”.
“Hay una reorganización de recursos en esta propuesta que tiene que ver con poder amplificar el horario de audiencias con un reacomodo, optimizando los recursos existentes”, planteó la ministra.
Los objetivos de la reforma
Rus destacó que la iniciativa tiene tres ejes importantes. “Uno tiene que ver con lograr una justicia más ágil, más efectiva, que permita una respuesta más adecuada a la víctima, un mensaje de no impunidad y que esto también ayude a legitimar esa confianza de la ciudadanía en la justicia”, sostuvo.
Asimismo, expresó que otro de los puntos en debate tiene que ver con la transparencia. “El sistema de audiencias se va a publicar y se va a ampliar. Esto va a permitir mejor control de auditoría, pero también proteger el tiempo, evitando la reprogramación indefinida de audiencias, evitando la frustración de las audiencias”, precisó la titular del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Finalmente, el tercer eje planteado tiene que ver con un mejor equilibrio en las cargas de los jueces y los tribunales, optimizando los ecursos dentro del sistema judicial para justamente no elevar el costo ni el gasto público.
“Creemos que multiplicando los decisores y haciendo una reorganización de todo lo que tiene que ver con las audiencias, podemos gestionar un sistema de seguridad más efectivo, más rápido”, indicó.
Esta serie de modificaciones está apuntada directamente a agilizar el funcionamiento de la justicia en lo que tiene que ver con delitos menores como robos simples o encubrimientos. “Estos delitos creemos que no tienen que caer en un mal uso del juicio abreviado, en un mal uso de la condena de ejecución condicional o de las suspensiones de proceso, pero para eso el sistema tiene que tener tiempo, tiene que tener espacio y parte de estas reformas tienen que ver sustancialmente con eso”, advirtió Rus.