El Gobierno presentó el proyecto sobre Malvinas: endurece sanciones, ley de derribo y penas de hasta 20 años
El proyecto de Ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" ingresó por la Cámara de Diputados y se pretende tratar en las próximas semanas. El Ejecutivo amplió los rubros alcanzados y agravó las penalidades contra las empresas que operen en las islas.
El Gobierno presentó el proyecto con más sanciones sobre las Islas Malvinas
El Gobierno presentó este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", que amplía y endurece el régimen de sanciones contra empresas y personas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El texto había sido anunciado por Javier Milei el 3 de septiembre y finalmente ingresó al Congreso durante las primeras horas de este jueves, luego de varios días de trabajo sobre el articulado y algunas demoras.
La iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrada específicamente en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin permiso argentino. El nuevo esquema incluye un mayor universo de actividades alcanzadas y pasa a contemplar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, sean renovables o no renovables.
Las multas a las empresas que operen en Malvinas
El proyecto establece multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y la inhabilitación para operar en el país por períodos de entre cinco y 20 años.
Para las actividades vinculadas específicamente con hidrocarburos, las penas son aún más severas: la exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización podría ser castigada con entre 12 y 20 años de prisión; mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos tendría penas de entre 15 y 20 años y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
El alcance también se extiende a los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades cuando conozcan el destino de esos bienes o servicios. Para esos casos, la iniciativa abarca penas de entre cinco y siete años. A su vez, las sociedades involucradas podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados casos, su disolución o liquidación.
La propuesta incorpora además un régimen que busca impedir que las compañías sancionadas continúen operando en la Argentina. Durante el período de inhabilitación podrían revocarse permisos, eliminarse determinados beneficios impositivos o previsionales y rescindirse contratos con ejecución total o parcial en el país. El texto también contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización para los infractores que abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones.
A qué otras actividades penaliza el proyecto
Uno de los cambios centrales respecto de la legislación vigente es, precisamente, que el proyecto no se limita a los hidrocarburos. La pesca, la minería y otras actividades vinculadas con recursos naturales quedan comprendidas dentro del nuevo sistema. En materia pesquera ya existen restricciones específicas en la legislación argentina, por lo que el expediente plantea ampliar el régimen general de sanciones y no establecer por primera vez una prohibición sobre esa actividad. El Gobierno venía trabajando en esta ampliación desde el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas próximas a las Islas.
Además, crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. El organismo tendría entre sus funciones elaborar una Política de Seguridad Nacional y coordinar cuestiones diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad e infraestructura crítica.
El texto también suma un régimen para la protección de infraestructuras críticas, establece procedimientos frente a aeronaves y buques considerados hostiles y regula las condiciones para utilizar medidas coercitivas en el espacio aéreo y marítimo. En el caso de los buques, contempla advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento de un buque quedaría reservado como medida militar excepcional contra un buque hostil y requeriría autorización presidencial.
Asimismo, el proyecto incorpora sanciones contra personas y entidades vinculadas con Estados u organizaciones extranjeras que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional.