El Gobierno oficializa una reestructuración masiva de organismos públicos
El Ejecutivo dispuso la disolución, reconfiguración y traslado de funciones de múltiples entes nacionales. Las medidas afectan estructuras del Ministerio de Economía, transporte, agricultura e industria. También se transfieren competencias sobre cannabis industrial y se actualiza el marco regulatorio de varios institutos.
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El Gobierno oficializó una profunda reestructuración de organismos públicos a través del Decreto 58771/25, publicado en el Boletín Oficial. La norma contempla la disolución, transformación y reorganización de diversas entidades descentralizadas y desconcentradas que operaban bajo la órbita del Ministerio de Economía, especialmente en las áreas de transporte, agricultura, industria y comercio.
Entre las medidas más relevantes figura la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
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Estas funciones serán absorbidas por distintas dependencias del Ministerio de Economía. En particular, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será la nueva autoridad de aplicación de las leyes 27.118 y 20.247, en materia de agricultura familiar y semillas. A su vez, las competencias regulatorias sobre el cáñamo industrial se asignarán a la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que la trazabilidad y fiscalización de Cannabis Sativa L. quedarán bajo la órbita de ANMAT y Economía.
En el ámbito del transporte, se confirma la disolución de la Junta de Seguridad en el Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasan a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, respectivamente. Ambas nuevas agencias contarán con estructuras organizativas propias y continuarán parte de las funciones operativas heredadas.
Por otra parte, se reorganizan los institutos técnicos y de fiscalización vinculados al sector agroindustrial. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) actualizan sus estructuras de primer y segundo nivel operativo. En el caso del INPI, se mantiene parcialmente su organigrama previo, excepto por las unidades detalladas en el anexo correspondiente del decreto.
El decreto también establece la transferencia de personal, créditos presupuestarios y bienes entre organismos eliminados y sus nuevas autoridades de aplicación. Se aprueban múltiples estructuras organizativas, se incorporan cargos al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del SINEP y se derogan resoluciones y decisiones administrativas previas, como las Decisiones 821/19, 636/21, 780/23, entre otras.
En materia normativa, se eliminan varios artículos del Decreto 30/23 y de resoluciones internas de organismos afectados. Además, se faculta a los directores ejecutivos de las nuevas agencias a modificar sus estructuras sin incremento presupuestario ni de unidades organizativas, previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.
Las disposiciones del decreto no implican aumentos en el gasto público. El documento establece que las erogaciones serán absorbidas por las partidas vigentes en las jurisdicciones y entidades de origen.
La Dirección Nacional del Registro Oficial publicó la norma en la edición web del Boletín Oficial el 19 de agosto de 2025.