El Gobierno busca aval del Congreso para cerrar el litigio por la deuda defaulteada en 2001
El Gobierno envió al Congreso el acuerdo con fondos acreedores para cerrar litigios del default de 2001 con un pago reducido y aval legislativo.
El Congreso se pondrá en movimiento tras un proyecto que buscará enviar el Gobierno.
El Gobierno avanzó con un paso clave para cerrar uno de los litigios heredados del default de 2001: envió al Congreso el proyecto de ley que busca autorizar el pago del acuerdo alcanzado con fondos acreedores que mantenían juicios activos contra la Argentina.
La iniciativa apunta a dar respaldo legislativo a una negociación que se gestó en tribunales de Estados Unidos y que, de prosperar, permitiría desactivar un frente judicial de larga data.
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La propuesta busca habilitar el cumplimiento de un entendimiento con los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que contaban con fallos firmes por la cesación de pagos declarada en 2001.
Aunque los reclamos acumulados rondaban los 600 millones de dólares, fuentes vinculadas al proceso indican que el monto final acordado sería menor, en parte porque los acreedores ya habían ejecutado garantías asociadas a los bonos Brady.
La negociación en Nueva York
El acuerdo tiene su anclaje formal en los tribunales de Nueva York. En una presentación del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los representantes legales de la Argentina informaron que el entendimiento definitivo se firmó el 1 de abril y que quedaba sujeto a la aprobación del Congreso.
Según ese documento, el país se compromete a realizar un pago único de 67 millones de dólares a Bainbridge, una cifra que implica una reducción significativa respecto de las pretensiones originales. A cambio, el fondo entregará los bonos involucrados, que serán cancelados una vez completada la operación.
Suspensión de litigios y alivio judicial
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la suspensión de las acciones judiciales en curso. Esto incluye intentos de ejecución sobre activos estatales en el exterior, como participaciones en empresas públicas, que habían sido objeto de disputas en Estados Unidos.
El entendimiento establece además que las partes se abstendrán de iniciar nuevas demandas vinculadas a esos títulos, lo que otorga previsibilidad en el frente judicial. En paralelo, se incorpora una cláusula que impide a Bainbridge obstaculizar futuras operaciones financieras del país, como emisiones de deuda o procesos de refinanciación.
Cierre de reclamos y efectos financieros
El convenio contempla la cancelación total de los reclamos del fondo, incluyendo capital, intereses y cualquier otro concepto derivado de las sentencias. En términos legales, implica una liberación plena de responsabilidades para la Argentina en relación con esos expedientes.
Para el Gobierno, avanzar por la vía legislativa no es un detalle menor. La estrategia apunta a blindar el acuerdo con aval parlamentario, reducir riesgos de impugnaciones futuras y enviar una señal de solidez institucional a los mercados.
El telón de fondo: la deuda en default
La iniciativa se inscribe en el proceso más amplio de cierre de los litigios derivados del default de 2001, uno de los episodios más prolongados de la historia financiera argentina. Aunque en los últimos años se avanzó en la resolución de la mayoría de los casos, aún subsistían focos de conflicto como el que ahora busca resolverse.
Con este movimiento, el oficialismo intenta cerrar definitivamente uno de los capítulos pendientes y consolidar una estrategia de normalización financiera con respaldo político.