El Gobierno avanzó sobre la AFA y ordenó una auditoría por 180 días

El ministerio de Justicia resolvió avanzar con una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ). La decisión habilita una auditoría sobre la administración contable y el funcionamiento institucional de la entidad que conduce Claudio Chiqui Tapia y abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el organismo rector del fútbol y el Estado.

La medida establece un período de 180 días hábiles durante el cual funcionarios designados por la autoridad de control podrán revisar documentación financiera, contratos comerciales y procesos administrativos. En términos políticos, la decisión vuelve a colocar al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia sobre transparencia, control estatal y poder institucional.

Según informó Infobae, la resolución fue adoptada a partir de una solicitud de la IGJ, el organismo que fiscaliza a las asociaciones civiles con sede en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo formal de la auditoría es examinar balances, relevar documentación contable y verificar si el funcionamiento interno de la entidad se ajusta a las normas legales vigentes.

La auditoría revisará cuentas, contratos y la Universidad de la AFA

Durante el período de veeduría, los funcionarios designados tendrán amplias facultades para acceder a registros financieros y documentación administrativa. Entre las tareas previstas figura el análisis de los estados contables, la revisión de operaciones con empresas privadas y la evaluación del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

De acuerdo con el planteo de la IGJ, la medida se tomó luego de reiterados requerimientos de información que no habrían sido respondidos de manera satisfactoria por la entidad. El informe final de los veedores deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o contables.

Ese documento será clave para definir los próximos pasos. Dependiendo de las conclusiones, el organismo de control podría impulsar desde sanciones administrativas hasta la apertura de acciones judiciales.

Las “irregularidades” que originaron la investigación

El expediente que derivó en la veeduría comenzó a tomar forma a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que describió como “graves irregularidades” en la estructura administrativa de la AFA.

Entre los puntos cuestionados se mencionan demoras en la presentación de balances, insuficiente detalle en los estados contables y la falta de documentación respaldatoria sobre determinados movimientos financieros.

Las observaciones se concentran especialmente en los ejercicios contables más recientes, en un contexto en el que los ingresos de la AFA crecieron de manera significativa tras la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

Ese aumento de recursos —provenientes de derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos— habría generado, según la IGJ, la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Qué significa una intervención en grado de veeduría

La resolución adoptada por el Ministerio de Justicia no implica una intervención total de la AFA ni el desplazamiento de sus autoridades. Se trata de una figura jurídica más acotada conocida como veeduría, utilizada como mecanismo de control institucional.

En términos prácticos, esta herramienta permite designar funcionarios externos que supervisan la actividad de la entidad, revisan documentación y elaboran informes sobre su funcionamiento.

Para esta tarea fueron designados el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y documentación financiera.

Entre sus responsabilidades se encuentran analizar los balances cerrados al 30 de junio de 2025, revisar la creación de la Universidad de la AFA y examinar relaciones comerciales con empresas privadas vinculadas al negocio del fútbol.

Si durante el proceso detectan situaciones urgentes o irregularidades graves, los veedores también podrán emitir informes parciales antes del documento final.

Empresas privadas y flujos financieros bajo la lupa

Uno de los aspectos más sensibles de la auditoría tiene que ver con los vínculos comerciales entre la AFA y distintas empresas que participan en la explotación económica del fútbol argentino.

La investigación incluye acuerdos con compañías como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, además de intermediarios que intervienen en la comercialización de derechos audiovisuales y operaciones financieras internacionales.

El objetivo del análisis es reconstruir el circuito completo del dinero dentro del sistema: desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual transferencia al exterior.

La disputa por quién debe controlar a la AFA

Más allá de las cuestiones contables, el conflicto también incluye una discusión jurídica sobre la jurisdicción que debe supervisar a la AFA.

La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que el control debería pasar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La IGJ, en cambio, rechaza esa interpretación. El organismo considera que el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y que la sede real de la asociación continúa en la Ciudad de Buenos Aires.

De confirmarse la postura de la AFA, el control estatal pasaría a manos de la provincia, lo que modificaría el equilibrio de poder dentro del sistema institucional del fútbol argentino.

El rol del Ministerio de Justicia en la decisión

La designación de veedores no es una facultad exclusiva de la IGJ. La normativa establece que la medida debe ser formalizada por el Ministerio de Justicia, lo que introduce inevitablemente un componente político en el proceso.

En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien decidió avanzar con la auditoría tras asumir el cargo.

El funcionario había señalado previamente que su objetivo no era “salvar ni perseguir a la AFA”, en un intento por despejar interpretaciones políticas sobre la medida.

De todos modos, la decisión se produce en un contexto de fuerte sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los ámbitos de mayor exposición pública del país.

El trasfondo económico del conflicto en el fútbol argentino

Detrás de la discusión jurídica aparece un elemento central: el volumen de recursos que mueve el fútbol argentino.

En los últimos años, la AFA consolidó un fuerte crecimiento económico impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales, acuerdos internacionales y derechos audiovisuales.

Ese flujo de ingresos convirtió a la entidad en un actor económico relevante dentro del país, con impacto directo en la industria del entretenimiento y el deporte.

Según consignó Infobae, la auditoría busca establecer si ese crecimiento estuvo acompañado por mecanismos adecuados de transparencia y control interno.

Un conflicto con consecuencias políticas abiertas

La implementación de la veeduría abre un escenario de disputa institucional con múltiples derivaciones posibles.

Si el informe final confirma irregularidades administrativas o financieras, la IGJ podría avanzar con sanciones, impugnaciones o incluso solicitar una intervención más profunda.

Por el contrario, si la auditoría no detecta inconsistencias relevantes, la conducción de la AFA podría fortalecer su posición frente al Estado.

Mientras tanto, también existe la posibilidad de que la entidad decida judicializar la medida y cuestionar la competencia del organismo de control.

De ocurrir eso, el conflicto pasaría del terreno administrativo al ámbito de los tribunales.