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El Gobierno avanzó con el dictamen en el Senado para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil

El proyecto fue aprobado en Diputados y ahora el Gobierno apunta a sancionarlo sin cambios en la Cámara alta la semana próxima.

El Gobierno logró dictamen para tratar el nuevo régimen penal juvenil en el Senado. 

El Gobierno logró dictamen para tratar el nuevo régimen penal juvenil en el Senado. 

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El bloque de La Libertad Avanza en el Senado consiguió el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil y se encamina a tratarlo en el recinto la semana próxima. El oficialismo busca convertir en ley uno de los proyectos más sensibles de su agenda en materia de seguridad: la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, confirmó el avance y anticipó que el objetivo es sancionarlo en los próximos días. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos, con el respaldo de LLA, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el peronismo y la izquierda votaron en contra.

Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei celebró el avance legislativo con un mensaje breve: “Todo marcha acorde al plan”.

Qué establece el nuevo régimen

La iniciativa reemplaza la normativa vigente y crea un régimen especial para adolescentes en conflicto con la ley penal. El punto central es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

El proyecto descarta la pena perpetua para menores y establece que cualquier privación de la libertad deberá cumplirse en establecimientos específicos, separados del sistema penitenciario de adultos.

El nuevo esquema prevé un abanico de sanciones. Para delitos con penas menores a tres años, no habrá prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizarán medidas socioeducativas y alternativas a la reclusión.

En los delitos más graves, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión, siempre bajo un régimen especial.

La dimensión política

La reforma forma parte del paquete de leyes que el oficialismo intenta cerrar antes de la apertura de sesiones ordinarias. En el discurso libertario, el proyecto responde a una demanda social vinculada a la seguridad y a la idea de terminar con la “impunidad de menores”, o mejor dicho, "el que las hace las paga".

La oposición, en cambio, sostiene que la baja de la edad de imputabilidad no aborda las causas estructurales del delito juvenil y advierte sobre el riesgo de criminalizar situaciones de vulnerabilidad social.

Si el Senado aprueba el texto sin cambios, el Gobierno sumará una victoria legislativa en un terreno de alta sensibilidad política y simbólica.