El Gobierno aceptó la renuncia de una magistrada denunciada por mal desempeño
Se trata de Romina Crisafulli, quien renunció al cargo de defensora penal de Pobres y Ausentes de San Rafael. Enfrentaba un pedido de juicio político en su contra.
El Gobierno de Mendoza aceptó la renuncia presentada por Romina Crisafulli, defensora penal de Pobres y Ausentes de la Segunda Circunscripción. La magistrada oriunda de San Rafael había sido denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento por presunto desorden de conducta y mal desempeño y enfrentaba un proceso de juicio político que podía terminar en su destitución.
A través del decreto Nº 258, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado en ejercicio del Poder Ejecutivo, se aceptó la renuncia definitiva de Romina Crisfaulli al cargo de Defensora Penal de Pobres y Ausentes de la Segunda Circunscripción Judicial a partir del 9 de febrero.
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La ahora ex magistrada había sido denunciada por la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Mendoza, Cecilia Saint André, ante el Jury de de Enjuiciamiento, pidiendo un juicio político contra la defensora de San Rafael.
Las acusaciones que pesaban en su contra eran por presunto desorden de conducta y mal desempeño. La entonces defensora oficial había sido denunciada por presentar certificados médicos inválidos, emitidos por un doctor que no estaba habilitado para ejercer la profesión. Asimismo, acumuló una gran cantidad de inasistencias injustificadas y quejas por mal comportamiento de parte de otros magistrados y personal judicial, a la vez que omitió notificar un cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, abandonando la circunscripción en la que prestaba funciones.
En diciembre del año pasado el Jury de Enjuiciamiento aceptó la denuncia contra Crisafulli y la emplazó para presentar un descargo, antes de llevarla a juicio político.
Sin embargo, magistrada decidió renunciar antes de que avance este proceso y presentó su dimisión al cargo de defensora penal de Pobres y Ausentes
Las acusaciones en su contra
La titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André, denunció ante el Jury de Enjuiciamiento que la defensora oficial de San Rafael registró múltiples ausencias injustificadas que han ocasionado “un grave perjuicio” desde el punto de vista organizacional. Hizo hincapié en la “falta de cobertura del servicio de defensa pública penal”, particularmente en el departamento de San Rafael.
Advirtió que esta situación obligó a “efectuar una modificación en los sistemas de reemplazos y subrogancias, impactando severamente en las estructuras de funcionamiento del Ministerio”.
Asimismo, se advirtió que la defensora había pedido ante el Consejo de la Magistratura el traslado a la Primera Circunscripción e incluso había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, lo cual fue considerado por la Defensora General como un intento de abandono de trabajo.