El Gobierno acelera su agenda desreguladora con cambios en la Aduana y el mercado inmobiliario

El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su programa de desregulación económica con dos proyectos que buscará enviar al Congreso después del receso invernal. Las iniciativas apuntan a modificar de manera profunda el Código Aduanero y a transformar el funcionamiento del mercado inmobiliario, en línea con la política de apertura impulsada por la administración de Javier Milei.

Ambos textos son promovidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además de avanzar con otras propuestas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Zonas Frías y la reforma electoral, concentra ahora sus esfuerzos en estas dos reformas consideradas estratégicas.

Cambio para el mercado inmobiliario

Uno de los proyectos plantea un cambio de fondo en la actividad de los corredores inmobiliarios. La iniciativa propone que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal para pasar a ser reconocido como un servicio de intermediación comercial, eliminando varias de las regulaciones vigentes.

Entre las modificaciones previstas figura el fin de la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, la eliminación de las restricciones para operar entre distintas jurisdicciones y una reducción del poder de los colegios inmobiliarios en materia de control y sanciones.

La propuesta fue elaborada con aportes de referentes del sector privado, entre ellos empresarios vinculados al negocio PropTech, quienes sostienen que el esquema actual limita la competencia y genera barreras de ingreso al mercado.

Reforma del Gobierno en la Aduana

En paralelo, el Ejecutivo también trabaja sobre una reforma integral del Código Aduanero. El borrador contempla una simplificación de los procedimientos para el comercio exterior, menos burocracia administrativa, una reducción de estructuras operativas y cambios en la tipificación y el régimen de sanciones para los delitos de contrabando.

Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) expresaron su preocupación por el alcance de las modificaciones. El gremio advirtió que una flexibilización excesiva de los controles podría afectar las tareas de fiscalización y debilitar la capacidad del Estado para combatir el comercio ilegal.

La entidad también sostuvo que el funcionamiento de la Aduana no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica, sino que cumple un rol clave en la protección de la producción nacional, la recaudación tributaria y el control del ingreso y egreso de mercaderías. En ese sentido, coincidió con planteos realizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que reclamó reforzar la vigilancia fronteriza frente al avance del contrabando.