Duras sanciones y renegociación: el camino de Potasio Río Colorado por los incumplimientos
La empresa Minera Aguilar no cumplió el plan de inversiones para Potasio Río Colorado. Evalúan sanciones, pero propondrán renegociar el contrato para que haya producción en una escala menor.
Para el desarrollo del proyecto de Potasio Río Colorado se desembolsaron cerca de US$ 2.000 millones. Aún se conservan maquinarias y restos de equipos. Foto: MDZ
Del mega proyecto minero, al abandono total. Del plan de resurrección, a un nuevo incumplimiento y la posible renegociación del contrato. El proyecto Potasio Río Colorado arrastra karmas y promesas que se desvanecen. Le empresa Minera Aguilar, que tiene a cargo el proyecto, incumplió cláusulas fundamentales del contrato y el plan de inversiones. Por eso se ejecuta una auditoría para evaluar en qué grado se ha vulnerado el contrato y, luego, evaluar las sanciones.
Si se sigue al pie de la letra el contrato, podrían considerar como "incumplimiento total" del plan de inversiones. Pero hay un quiebre. El mal inicio puede ser, según creen, un presagio de un camino áspero que termine alejando la posibilidad real de reactivar la mina. Por eso antes de fin de año habrá una renegociación del contrato firmado entre Minera Aguilar, del grupo Integra, y la provincia. De esa revisión podría surgir un plan más austero en cuanto a la producción y también la inversión, pero con posibilidades de producir. "De la multa es muy difícil que se liberen", aclaran igual.
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Los graves incumplimientos
En el contrato había varios hitos relevantes a cumplir este año. Los más importantes eran tener el terminada la ingeniería del proyecto y la planta piloto para producir cloruro de potasio en escala baja, pero tangible. Minera Aguilar no cumplió. La inversión estimada en la Planta era de 10 millones de dólares las posibles sanciones económicas por la mora están atadas a ese monto.
El proceso para aplicar sanciones es complejo e incluye una auditoría (la semana pasada estuvo un inspector en la mina), intimaciones y comunicaciones. La irregularidad contractual de la empresa Minera Aguilar es grave, pues en el contrato está establecido como altísima prioridad la planta piloto y su no concreción es considerado como un "incumplimiento total" que podría dar lugar a una reversión de acciones. Esa decisión drástica está establecida en caso de que "se verifique el incumplimiento de: 2 obligaciones esenciales de forma sucesiva", o "3 obligaciones esenciales de forma alternada", entre otras cosas.
El incumplimiento de los plazos de la planta piloto es determinante. "En todos los casos de acuerdo a lo establecido en los Anexos 8 y 9, o (iv) que el Comprador no termine con el Hito de Ingeniería dentro de los 12 meses, o con la construcción de la planta piloto dentro de los dieciocho 18 meses siguientes se entenderá que existe un incumplimiento total del Plan de Inversión, en cuyo caso el Comprador deberá pagarle al Vendedor la Multa por Incumplimiento Total y el Vendedor tendrá el derecho de ejecutar la Garantía", dice el contrato.
En lo político buscarán que antes de fin de año el proyecto este “reencausado”, por enésima vez. “Antes de fin de año queremos que esté resuelto, que haya algo”, explican.
El nuevo plan sería a una escala menor, con producción para abastecer a Argentina y algunas exportaciones hacia Brasil, pero en una escala baja respecto al plan original. “Tendría la posibilidad de escalar en el tiempo, pero sería un plan realista”, explican quienes elaboran la propuesta. El contexto, el camino errático de los dueños, la falta de recursos energéticos para producir y los problemas logísticos para sacar el mineral a gran escala complican el ambicioso programa que se presentó cuando se firmó la venta del proyecto a Minera Aguilar. Justamente no se trata de una concesión, sino de la venta de un proyecto completo. El contrato tiene cláusulas que obligan a cumplir el plan de inversiones so pena de multas y retención de acciones. Incluso si se suman incumplimientos, está estipulada la caída del contrato.
Sin embargo la intención del Gobierno es otra: prefieren reestructurar el plan y el contrato para buscar resultados; antes que litigar e inmovilizar PRC. Esa idea la tienen tomando como plataforma que no es el mejor proyecto, ni el mejor socio. “Ninguna de las opciones que había eran buenas por completo”, se sinceran en el Gobierno al hablar de las ofertas de compra que hubo. Para entender esa idea de resignación, es importante recordar que una vez que Vale dejó el proyecto hubo un largo camino para buscar inversores que fracasó por falta de interés y por la ecuación económica negativa. Por eso se contrató a UBS Securities, de Suiza, para buscar inversores extranjeros. El resultado fue menos internacional de lo esperado, pues las ofertas fueron locales. Las más viables eran las de Corporación América y la de Minera Aguilar, que forma parte de Integra, holding que en Mendoza tiene Edemsa y empresas petroleras que tuvieron una agitada participación en las licitaciones provinciales, más ligadas al entramado de concesiones que a la producción real.
El Estado le vendió el 88% de las acciones de PRC, y el 12% restante quedó en manos de la empresa estatal Impulsa Mendoza, firma a la que se mudaron los funcionarios que antes estaban en Potasio Río Colorado.
Minera Aguilar tiene sede en Argentina, pero se ramifica en el exterior a través de Integra. Y en PRC está asociada con la brasileña ARG. El dato tiene una relevancia judicial y política, pues en el contrato se dejan las puertas abiertas para que haya reclamos en los tribunales internacionales ante algún problema. Lo hace a través de los posibles reclamos judiciales de socios extranjeros y también para dirimir diferendos que superen los 5 millones de dólares. Justamente la posibilidad de que los conflictos se diriman en estrados internacionales actúa como kriptonita para los funcionarios mendocinos, que eligen como “mal menor” negociar, aún con los incumplimientos explícitos de parte de la empresa. Algo similar, pero en una escala mayor, es lo que pasó con la concesión de EDEMSA, donde se hallaron irregularidades importantes, pero en vez de ejecutar una quita de concesión se acordaron pautas de comportamiento y, luego, se renegoció el contrato.
El esquema para poner vender y reconstruir Potasio Río Colorado fue bautizado como “Adrómeda” y lo firmó Rodolfo Suarez. La inversión prometida era de 1000 millones de dólares. El recurso mineral está, pero PRC necesita energía (gas y electricidad), logística (un tren) y precio asegurado del mineral para ser posible. Minera Aguilar necesita inversores. El tren es otro limitante importante. Por eso en el “nuevo” proyecto la escala sería más baja para vender y distribuir el potasio en el país y en algunas zonas de Brasil. En el mismo contrato original se menciona que sin el tren, las posibilidades comerciales disminuyen.