Discapacidad: un golpe a los derechos fundamentales y un llamado urgente al Congreso
El veto presidencial a la ley de discapacidad reaviva el debate sobre derechos fundamentales y exige al Congreso respuestas urgentes y concretas.
Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad con 172 votos afirmativos.
Prensa Cámara de Diputados de la NaciónEl reciente veto presidencial a una legislación crucial para las personas con discapacidad no es solo un desacuerdo político; es un ataque directo a los derechos humanos más básicos de millones de ciudadanos. Este acto ha desatado una ola de indignación y preocupación, frenando avances esenciales en accesibilidad, empleo e inclusión.
El presente documento detalla el impacto devastador de esta decisión y hace un llamado urgente al Congreso para que revierta este perjuicio, reafirme su compromiso con la equidad y actúe en defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
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La legislación vetada representaba un paso fundamental hacia la inclusión, diseñada para eliminar barreras cotidianas para las personas con discapacidad. Incluía medidas para mejorar la accesibilidad en espacios públicos, ofrecer incentivos a empresas para fomentar su contratación y aumentar el apoyo financiero para servicios esenciales. Sin embargo, el presidente justificó su veto aduciendo el "costo" de la ley para el presupuesto nacional. Esta decisión plantea una pregunta ineludible: ¿Tiene un costo más alto el recorte presupuestario que la dignidad y los derechos de ciudadanos vulnerables?
Un impacto desgarrador y sus perjuicios inmediatos
Este veto no es solo un freno legislativo; es un retroceso significativo en la histórica lucha por la igualdad. Las personas con discapacidad ya enfrentan desventajas extremas, desde barreras arquitectónicas hasta la falta de servicios de salud adecuados y limitaciones severas en su integración laboral y social. Este acto presidencial perpetúa la desigualdad y la marginación, negando el acceso a oportunidades que constituyen un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática.
Los perjuicios inmediatos son tangibles:
- Accesibilidad limitada: la ausencia de medidas legislativas que promuevan la accesibilidad en espacios públicos y transporte restringe la movilidad y el derecho a participar plenamente en la vida social.
- Obstáculos en empleo y oportunidades: sin incentivos claros para la contratación de personas con discapacidad, se perpetúa un ciclo de desempleo y subempleo, afectando no solo su autonomía económica sino también su dignidad.
- Soporte financiero insuficiente: la negativa a ampliar la asistencia financiera para servicios esenciales como terapias y rehabilitación condena a muchas personas a vivir en condiciones precarias, sin los recursos necesarios para su bienestar.
- Estigmatización y exclusión social: el veto envía un mensaje inequívoco: el bienestar de las personas con discapacidad no es una prioridad. Esto refuerza estigmas y fomenta la exclusión, creando una cultura de indiferencia que aísla aún más a este colectivo.
Derechos humanos en la picota
El veto presidencial no solo contraviene principios éticos, sino que atenta directamente contra derechos humanos fundamentales. El acceso a la accesibilidad, a un empleo digno y a la salud son derechos reconocidos internacionalmente. Al bloquear la legislación que los protegería, el presidente está vulnerando estos derechos, ignorando las promesas de inclusión y equidad que cimientan una sociedad justa.
La responsabilidad urgente del Congreso: la hora de actuar es ahora.
Frente a esta crisis social, el Congreso se enfrenta a una obligación moral e institucional ineludible. Es su deber:
- Reafirmar compromisos con los derechos: el Congreso debe reevaluar y presentar una nueva legislación sobre discapacidad, asegurando que sea aún más robusta y firmemente alineada con los derechos humanos y los estándares internacionales.
- Construir un frente unido: es crucial fomentar la unión de voces entre activistas, expertos en políticas públicas y, fundamentalmente, las propias personas con discapacidad. Su participación es esencial para diseñar un marco legal que realmente responda a sus necesidades.
- Liderar la sensibilización: los legisladores tienen la responsabilidad de impulsar campañas de concienciación sobre la importancia de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo un cambio cultural que modifique percepciones y trate a este grupo con la dignidad que merece.
- Garantizar la implementación efectiva: establecer un sistema de seguimiento y supervisión riguroso sobre la aplicación de cualquier nueva ley, asegurando que los recursos y las medidas se traduzcan en acciones concretas y no se queden solo en el papel.
Conclusión: la lucha no puede esperar
El veto del presidente a la legislación sobre discapacidad es más que un simple desacuerdo político; es un asalto a los derechos fundamentales de un grupo ya vulnerable. El Congreso tiene la responsabilidad histórica de revertir este perjuicio y actuar con determinación en nombre de quienes no pueden hacerlo. La lucha por la dignidad, la igualdad de acceso y las oportunidades tangibles no puede esperar. Es hora de que cada legislador, cada voz en el Congreso, se levante en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, comenzando por aquellos que más necesitan que su voz sea escuchada y protegida.
* María Alejandra Muchart. Abogada. Magister. Presidente Partido Demócrata Cristiano- CABA.