Discapacidad: qué dice el nuevo proyecto del Gobierno para resolver el conflicto del Presupuesto 2027

El conflicto sobre discapacidad en el Presupuesto 2027 llegó a su punto crítico. Ante el rechazo transversal que generaron los artículos que afectaban a personas con discapacidad, Martín Menem y Diego Santilli encabezaron un operativo político para "desactivar la bomba", según reconocen en los pasillos del Congreso.

El nuevo proyecto que busca consenso abandona los aspectos más polémicos del presupuesto inicial y plantea una reforma más moderada. A diferencia del presupuesto original, esta propuesta cuenta con sugerencias de múltiples bloques: PRO, UNIDOS, UCR, y legisladores como Herrera Ahuad, Maureira, Picón y Ritondo.

¿Qué propone el nuevo proyecto de Menem?

PENSIONES Y PRESTACIONES

• Pensión no contributiva por invalidez: Se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio, garantizando una prestación mensual permanente para personas sin recursos propios que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este beneficio se actualiza mensualmente junto con el haber mínimo jubilatorio, siguiendo la fórmula de movilidad vigente.
• Compatibilidad con empleo formal: Permite que personas con discapacidad que trabajen en relación de dependencia mantengan la pensión, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Si los ingresos superan ese monto, se suspende automáticamente; cuando termina el empleo, pueden rehabilitar el beneficio de inmediato solicitándolo por escrito.
• Sistema de prestaciones básicas: Ratifica la vigencia del artículo 7° bis de la Ley 24.901, garantizando aranceles universales, homogéneos y nomenclador común. Para prestadores, los aranceles pasarían a actualizarse bimestralmente en lugar de mensualmente.
• Sostenibilidad fiscal garantizada: El Ministerio de Salud debe recibir anualmente un crédito presupuestario que asegure la continuidad real de todas las prestaciones, sin reducciones en términos reales respecto al año anterior. Durante el primer año de vigencia, la Jefatura de Gabinete puede hacer readecuaciones presupuestarias para garantizar la continuidad inmediata.

CONTROL Y VIGILANCIA

• Sistema de auditorías periódicas (Artículo 13): Este es el cambio administrativo más importante. La Secretaría Nacional de Discapacidad puede hacer auditorías para verificar que los beneficiarios cumplen los requisitos. Para ello, cruza datos con ANSES, ARCA, SINTyS, Renaper y otros organismos públicos.
• Si detectan incumplimientos objetivos, pueden suspender preventivamente la pensión previa notificación fehaciente. Pero el beneficiario tiene derecho a pedir rehabilitación inmediata y provisoria del beneficio mientras se resuelve el caso. El procedimiento debe garantizar "debido proceso inclusivo".

COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN

• Articulación federal (Artículo 11): La Secretaría Nacional de Discapacidad debe coordinar permanentemente con el CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD (COFEDIS) en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas. Esto significa que no es solo decisión del Ministerio, sino que hay participación de provincias y CABA.
• Capacitación obligatoria (Artículo 12): Todos los prestadores de servicios deben capacitar a su personal en derechos de personas con discapacidad. Las capacitaciones deben promover atención "no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible" basada en el reconocimiento de la autonomía de las personas.

DEUDA PENDIENTE CON PRESTADORES

• El proyecto establece que los pagos de compensación pendientes de la ley de emergencia deben finalizarse. El Ejecutivo debe notificar fehacientemente un cronograma de pago, y los derechos de prestadores subsisten hasta que cobren completamente, incluso después de que venza la emergencia.