Discapacidad: el Gobierno sostendrá el nomenclador y los aumentos por inflación pero quitará pensiones si trabajan
Consultado por MDZ, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Ejecutivo da marcha atrás en algunos artículos cuestionados del Presupuesto 2027. Resta saber cada cuánto se dará la actualización y el futuro del CUD.
Adrián Ravier le respondió a MDZ
El Gobierno dará marcha atrás con algunos de los artículos más cuestionados en el apartado de discapacidad, contemplados en el Presupuesto 2027. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció algunas modificaciones de las dispuestas originalmente por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ante la consulta de MDZ por las críticas al proyecto, el funcionario indicó: “El mensaje para la familia de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente; que los valores, por lo menos, se van a actualizar por inflación”.
“Hay una intención de actualizar los valores, por lo menos de acuerdo a la inflación. Como decimos siempre, este gobierno no emite moneda, protege el equilibrio fiscal, tiene como prioridad, de nuevo, a las personas con discapacidad”, manifestó el portavoz.
Además, Ravier dijo que “en relación al nomenclador, habrá cambios”. “Puede haber negociaciones, puede haber una ayuda en algún momento mayor. Son definiciones políticas pero, como mínimo, va a acompañar el IPC la actualización”, respondió.
Qué pasará con los discapacitados que trabajen
En tanto, el vocero descartó que el Gobierno modifique la disposición que le quita la pensión a aquella persona con discapacidad que trabaje en relación de dependencia.
“Para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y para generar ingresos. Esto también es muy importante. Entonces, una persona que trabaja a pesar de tener un certificado de discapacidad, si trabaja en relación de dependencia y tiene un ingreso determinado, en todo caso puede perder el beneficio de la pensión no contributiva", señaló. “Pero porque tiene un ingreso formal como cualquier persona que no tiene discapacidad”, añadió.
Ravier evitó referirse a si continuará, o no, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se impondrá un sistema de pensiones por invalidez.
Qué decía el proyecto del Gobierno sobre discapacidad
En el presupuesto, el Gobierno fijó una serie de cambios en el régimen de discapacidad que modifican el sistema de pensiones, el esquema de prestaciones y la forma en que se determinan los aranceles que reciben los prestadores. Las modificaciones están concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41 de la iniciativa y afectan disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Uno de los principales cambios está en las pensiones no contributivas. El artículo 36 reemplaza el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y vuelve a denominarla Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo 37 establece que el beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, también alcanzaría a quienes estén registrados como monotributistas. De esta manera, se elimina la posibilidad actualmente contemplada de mantener la pensión cuando existe un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
El otro cambio central está en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 modifica la Ley 24.901 y determina que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En el esquema vigente, existe un arancel común para las prestaciones que deben cubrir el Estado, las obras sociales, las prepagas y otros financiadores. Con la nueva redacción, cada ente obligado determinaría los valores en su relación con los prestadores. Para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los aranceles serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esa actualización no se realiza en término, se tomaría como referencia el IPC del INDEC. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria.
El proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793. En particular, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre otras cuestiones, esto elimina la definición y el esquema de protección incorporados por la emergencia, deja sin efecto la disposición que garantizaba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y elimina el mecanismo de traspaso automático de quienes ya tenían una pensión al nuevo régimen de protección social. También desaparece el artículo que había incorporado a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su mecanismo de actualización.
En materia presupuestaria, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones para el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios. El financiamiento de las medidas vinculadas con la emergencia quedaría atado a partidas específicas del Ministerio de Salud y, si resultaran insuficientes, el Ejecutivo podría realizar compensaciones presupuestarias con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.
El proyecto generó un fuerte descontento de bloques opositores porque se venía trabajando en un proyecto alternativo que contemplaba la continuidad de la emergencia en discapacidad, con principios de entendimiento entre los libertarios y los bloques opositores. A eso se le sumaron las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich, quien aseguró que el tema no se habló en las reuniones de mesa política y que esas modificaciones implicaban "una bomba atómica" para el oficialismo.
