Presupuesto 2027: el Gobierno revisa el capítulo de Discapacidad tras el rechazo de sus aliados
La Casa Rosada negocia una nueva redacción con los bloques dialoguistas para evitar una derrota. Busca reemplazar la emergencia por una ley permanente.
El Gobierno encara una dura negociación por el Presupuesto 2027.
Prensa La Libertad AvanzaEl capítulo de discapacidad se convirtió en el primer frente abierto del Presupuesto 2027 y obligó al Gobierno a salir a negociar contra el reloj.
La reacción de los propios aliados y de las organizaciones del sector frente al texto enviado por el Ejecutivo empujó al Gobierno a revisar su propuesta y a buscar una redacción que le permita evitar una derrota en el Congreso.
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El rechazo se desató al conocerse el contenido de los artículos incluidos en la ley de leyes. El proyecto suprimía mecanismos de actualización de prestaciones hoy vigentes, cambiaba los criterios para acceder a las pensiones por discapacidad y abría la puerta a modificaciones en los aranceles que cobran los prestadores de servicios.
El impacto fue directo sobre una negociación que ya estaba en marcha. El oficialismo venía conversando con el PRO, la UCR y los bloques provinciales una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, y el capítulo presupuestario cayó en medio de esas conversaciones como un cambio de reglas que nadie esperaba.
Según versiones coincidentes, el Gobierno ya les hizo saber a sus socios que los puntos más resistidos van a ser revisados, con la meta de llegar a un texto de consenso.
De la emergencia a una ley permanente
El objetivo de fondo del oficialismo no cambió: reemplazar el esquema de emergencia por un marco normativo estable. El argumento oficial es que la renovación sucesiva de la emergencia produce reglas provisorias que impiden planificar a largo plazo, mientras que una ley de fondo permitiría fijar de manera permanente cómo se financian, controlan y actualizan las prestaciones.
Dentro de ese esquema, uno de los cambios en estudio es sostener la actualización periódica del nomenclador de prestaciones, aunque con diferencias respecto del sistema actual.
La propuesta que se discute prevé ajustes automáticos atados a la inflación, pero aplicados con una frecuencia más espaciada que la vigente.
Pensiones: más requisitos, pero compatibles con el trabajo
El punto más sensible sigue siendo el acceso a las pensiones no contributivas. El Gobierno insiste en endurecer los criterios y en reforzar los controles para otorgarlas. La idea es que tener el Certificado Único de Discapacidad no garantice por sí solo el beneficio, y que además se evalúen el grado de afectación para el trabajo y la situación socioeconómica de quien lo solicita.
Hay, sin embargo, un reclamo de los dialoguistas que habría sido aceptado. El proyecto original establecía una incompatibilidad total entre la pensión y el empleo formal, una cláusula que concentró buena parte de las objeciones. Según fuentes parlamentarias, esa restricción quedaría sin efecto y ambas situaciones podrían compatibilizarse.
El ruido interno
El episodio dejó además una grieta dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich y otros dirigentes que participaban de las conversaciones con los aliados se mostraron sorprendidos por la redacción final del capítulo que se incorporó al Presupuesto, lo que abrió interrogantes sobre la coordinación entre el área política y el área económica del Gobierno.
Aun así, en la Casa Rosada y en los bloques dialoguistas coinciden en que el diálogo sigue abierto y que la intención es firmar un dictamen común en los próximos días.
La condición que circula es que el texto que logre consenso en el Congreso se traslade después a la versión definitiva del Presupuesto.
El margen del Gobierno no es amplio: sus socios habituales ya advirtieron que no van a acompañar ningún cambio que implique recortar derechos o deteriorar las prestaciones para las personas con discapacidad.
