Desregulación del INV: la preocupación y el pedido de varias provincias a Luis Caputo
El INV sufrió una profunda reforma mediante la publicación del digesto normativo. Qué solicitan las provincias y cuál es la postura de Mendoza.
Las provincias preocupadas por la desregulación al INV.
MILAGROS LOSTES - MDZEl Gobierno nacional viene encabezando una profunda reforma en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que finalmente tuvo forma mediante el decreto del digesto normativo mediante el cual se derogaron 973 normas del organismo. Quien encabeza esta serie de modificaciones es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien llegó a Mendoza a mediados de mes para explicar los cambios más significativos.
Según el Ejecutivo nacional, las reformas prometen eliminar trabas burocráticas y concentrar el trabajo en la fiscalización no de la cosecha, elaboración y transporte, sino particularmente del producto final embotellado. Sin embargo, hay todavía muchos actores de la cadena público-privada de la industria de vino que descreen de su eficacia y se muestran preocupados por el impacto que puede tener la medida.
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La carta a Luis Caputo
Es por eso, que distintos gobiernos locales de las provincias vitivinícolas y una serie de instituciones representativas del mundo del vino firmaron un comunicado en el que se mostraron preocupados por estos efectos y plantearon una serie de solicitudes. A la carta no se plegó el Gobierno de Mendoza, a pesar de que días atrás el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, solicitara mediante la misma vía a Luis Caputo que no elimine la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), uno de los puntos de la normativa.
La nota de los ministros y las asociaciones está destinada al mismo referente del Gabinete nacional, el ministro de Economía, y señala que los firmantes están a favor de las reformas que "vayan dirigidas a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y fiscalización de la vitivinicultura", pero "siempre que garanticen a los consumidores la calidad, genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y se respeten los derechos de propiedad de quienes participan en la cadena de valor".
Sin embargo, expresaron su "profunda preocupación" por los efectos derivados de la desregulación del Digesto normativo. "Dicha medida impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola, un sistema que el sector ha construido y perfeccionado durante muchos años y que constituye la base para garantizar transparencia, control y seguridad en todos los eslabones de la cadena", agregaron.
Las dos regulaciones que piden y los motivos
Los firmantes consideraron que son cruciales para la gestión del vino tanto la mencionada Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) como la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros.
La primera es considerada "la piedra angular" del ordenamiento de la producción primaria. "Es la única constancia fehaciente que certifica con reconocimiento bilateral el ingreso real de la uva al lagar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega. Su obligatoriedad ha garantizado transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica, especialmente para los productores que elaboran bajo el régimen de maquila, quienes dependen de este instrumento para acreditar la propiedad efectiva de su materia prima", señalaron.
Sobre la segunda, y su anexo, señalaron que "constituye el documento que da continuidad y validez administrativa a la información consignada en el CIU, registrando de manera precisa los volúmenes elaborados y las titularidades correspondientes. Este formulario es esencial para identificar correctamente la producción de terceros, asegurar su disponibilidad y respaldar documentalmente sus derechos, evitando conflictos y fortaleciendo la transparencia del sistema".
Señalaron que ambos instrumentos "conforman la base del sistema nacional de control, registro y verificación del INV" y que son la "columna vertebral" de la trazabilidad vitivinícola.
Es por esto, que advirtieron que la eliminación de ambas "debilitan gravemente este sistema integral, fragmentan la trazabilidad y generan incertidumbre, afectando la seguridad jurídica de miles de productores y el funcionamiento ordenado de la cadena vitivinícola". Es por eso que solicitaron asegurar la continuidad de ambos instrumentos.
Los firmantes
Entre los que firmaron ese comunicado se encuentran representantes de los ministerios de Producción de las provincias de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríosm Río Negro, Chubut y La Pampa. Mendoza y San Juan no fueron parte de la solicitada.
Además, distintas organizaciones centrales de la industria vitivinícola como la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), presidida por José Zuccardi; la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), presidida por Fabian Ruggeri; la Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina liderada por Pablo Asens; y la Asociación de Viñateros de Mendoza, conducida por Eduardo Córdoba.
También otras instituciones como la Cámara de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva (CAFEM), la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Productores Vitícolas San Juan, la Cámara Argentina de Vinos a Granel y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).