Salvados por la Justicia: la millonaria sanción contra ex funcionarios que nadie paga
La Suprema Corte volvió a fallar a favor de las ex autoridades del Instituto de Juegos y Casino (IPJyC) sancionados por el Tribunal de Cuentas. Un ex contador y los herederos de un ex funcionario fueron beneficiados en dos sentencias.
La Corte volvió a salvar a ex funcionarios del Casino de Mendoza sancionados por el Tribunal de Cuentas. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza volvió a salvar a un funcionario del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) de pagar una millonaria sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas y también eximió la los familiares de otro ex funcionario fallecido de cargo solidario “heredado” que había determinado el órgano de control. Previamente el tribunal ya había librado de esta carga a las ex autoridades del Casino provincial. De esta manera, el caso por irregularidades en el contrato con una empresa de limpieza se encamina a no tener responsables que se hagan cargo de las millonarias sanciones.
El Tribunal de Cuentas observó una serie de irregularidades por la falta de justificación en los pagos por servicios de limpieza en el Casino de Mendoza, sobre el final de la gestión peronista de Francisco “Paco” Pérez. A través de una serie de fallos, el órgano de control impuso millonarias sanciones a las ex autoridades y funcionarios del organismo estatal que administra el juego en la provincia.
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La plana mayor del Casino fue multada y se le impusieron cargos solidarios en distintos fallos del Tribunal de Cuentas emitidos entre 2016 y 2017. Las sanciones acumulaban un total de $5,9 millones que debían devolver los responsables señalados por el ente de control.
Entre los sancionados se encontraban el el presidente del IPJyC durante la última gestión peronista, Carlos Bianchinelli; los ex directores del organismo Federico Domínguez y Miguel Bondino; el ex coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone; los ex contadores generales Gonzalo Javier Jerez y Carina Andreoni; y el ex gerente administrativo Alejandro Sabino. Este último falleció en 2015 y el Tribunal de Cuentas trasladó los cargos contra sus herederos, su viuda Silvia Paez y sus hijos Matías y Franco Sabino (quien era menor de edad en ese entonces).
Las irregularidades detectadas estaban relacionadas con la contratación de una empresa de limpieza a la que se le abonaron servicios que no cumplió, entre otras falencias. La empresa contratada era Masterfull, que tenía a cargo la limpieza del Casino y a la que se le abonaron “horas hombre” incumplidas, además del pago por el supuesto uso de tecnología que, según los auditores, tampoco había aportado.
Concretamente, los auditores observaron que existían faltantes de $2.512.500 en concepto de horas máquina y de $2.177.520 en horas de operarios, a valores de hace diez años. Las primeras no estaban contempladas en ningún contrato y las segundas nunca fueron cumplidas.
El Tribunal de Cuentas emitió fallos imponiendo multas contra los responsables del Casino provincial y estableció que debían devolver $3.084.113,49 y por otro lado $2.913.292,67, haciendo un total de cargo solidario y conjunto entre los implicados de 5.997.406,16.
Sin embargo, los ex funcionarios apelaron ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia y solicitaron la nulidad de los cargos impuestos. En los últimos años el máximo tribunal de justicia anuló las millonarias sanciones impuestas a la ex cúpula del Instituto, que integraban el ex titular Carlos Bianchinelli y los ex directores Federico Domínguez y Miguel Bondino. Además, en 2020 también salvó al ex coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone.
Asimismo, en la última semana la Corte volvió a salvar al ex contador Gonzalo Jerez, a quien ya había beneficiado con una sentencia del 2021, y a los herederos del ex gerente administrativo Alejandro Savino.
El Alto Tribunal concluyó que no correspondía la aplicación de cargos dado que no se encontraba acreditada la existencia de daño para la hacienda pública.
De esta manera, el caso va camino a prácticamente no tener responsables que se hagan cargo de las sanciones que determinó entre 2016 y 2017 el Tribunal de Cuentas.
Un ex contador y los herederos salvados
Esta semana se conocieron dos sentencias firmadas por los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, integrantes de la ex Sala Segunda de la Suprema Corte. En una de ellas los magistrados anularon el cargo solidario que había dispuesto el Tribunal de Cuentas contra el ex contador general del IPJyC. Y en el otro fallo resolvió la anulación para los herederos de Sabino, aunque para dos de ellos se realizó de forma parcial.
Respecto a Jeréz, en 2017 se le había impuesto un cargo solidario con un límite individual como Contador General por la suma de $326.359,48.
El ex contador fue quien advirtió la supuesta existencia de irregularidades en los pagos del servicio de limpieza contratado por la empresa Masterfull SRL. Aseguró que expuso la situación ante el presidente Bianchinelli y que luego de ello fue removido del cargo.
Los jueces Palermo, Valerio y Adaro concluyeron que el fallo del Tribunal de Cuentas se encuentra “gravemente viciado” y que correspondía declarar su nulidad respecto al alcance de la sanción contra Jeréz.
Los magistrados afirmaron que durante el mes de enero de 2014 el servicio de limpieza se abonó bajo la modalidad de reconocimiento del gasto, no existiendo un marco de contratación vigente en el cual se hubiesen especificado determinadas condiciones que debieran cumplirse y exigirse para la prestación del servicio. Aclararon también que a Jeréz solo se lo involucraba en ese mes en particular, ya que en los siguientes no tuvo participación en los expedientes de pago a la empresa Masterfull y en mayo fue removido del cargo.
Por lo tanto, entendieron que el cargo impuesto para ese periodo no le correspondía al demandante y anularon el alcance del fallo sobre Jerez, aunque aclarando que la sentencia solo involucraba a este demandante.
En tanto, en la otra sentencia que se conoció esta semana, los mismos tres jueces fallaron de manera similar respecto a los familiares de Alejandro Sabino, ex gerente administrativo del IPJyC, contra quienes el Tribunal de Cuentas había formulado cargos tras el fallecimiento del ex funcionario. En concreto, se trataba de su viuda Silvia Paez y sus hijos Matías y Franco Sabino, este último menor de edad al momento del hecho.
El órgano de control emplazó a estos herederos a devolver a las arcas estatales el monto de $5.997.406,16, en forma conjunta y solidaria con otros ex funcionarios del organismo público.
Los jueces Palermo, Adaro y Valerio determinaron que correspondía anular por completo la sanción contra Franco Sabino, el menor de los hijos, y determinó que el fallo del Tribunal de Cuentas respecto a él “se encuentra gravemente viciado”. Indicaron que el entonces menor de edad se encontró “en un estado de indefensión que no puede convalidarse”.
Asimismo, los jueces también admitieron parcialmente la demanda que interpusieron Matías Sabino y Silvia Paez por los cargos que había impuesto el Tribunal de Cuentas en relación al pago del servicio de limpieza mediante “horas hombre” por los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 1 al 5 de junio, setiembre y noviembre del 2014.
No obstante, la Corte entendió que durante el periodo del 6 al 30 de junio de 2014, y durante julio, agosto y octubre del 2014, sí existió un “daño al erario público” y entendió que era legítimo el cargo para que se reintegren a las arcas estatales los importes facturados en exceso.