Del sin costo al arancel: cómo se compara la nueva política migratoria de Argentina con las del Cono Sur
El Gobierno actualizó la política migratoria y reglamentó modificaciones en la Ley de Migraciones para exigir seguro médico o pago previo.
La atención en emergencias seguirá garantizada para todos.
ShutterstockEl gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en la redefinición de sus políticas migratorias. Este martes, la cartera sanitaria encabezada por el ministro Mario Lugones avanzó en la regulación del acceso a las prestaciones asistenciales en el país a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce modificaciones clave a la Ley de Migraciones. La medida reconfigura el esquema de atención en establecimientos del Estado nacional, restringiendo la gratuidad total que históricamente caracterizó al sistema argentino para quienes ingresan en calidad de visitantes.
De acuerdo con el texto normativo, el principio de atención inmediata en situaciones de emergencia o urgencia no sufrirá alteraciones. Ningún establecimiento sanitario podrá negar ni restringir la asistencia médica inicial a ninguna persona extranjera, con independencia de su estatus o situación migratoria regular o irregular. Asimismo, los extranjeros que cuenten con residencia permanente mantendrán el pleno acceso al sistema público de salud, conservando la igualdad de condiciones respecto de los ciudadanos argentinos.
El giro sustancial alcanza a aquellos pacientes extranjeros sin residencia permanente que soliciten tratamientos habituales o consultas fuera del cuadro de urgencia. Para estos casos, los centros de salud dependientes del Estado solo brindarán atención si el interesado cuenta con un seguro de salud privado con cobertura en el país o mediante el pago previo del arancel correspondientes según las tarifas dispuestas por el Ministerio de Salud.
Un modelo alineado con la región, con Brasil como la excepción
Con esta decisión, la Argentina encaja su legislación dentro de un estándar dinámico muy similar al aplicado por la mayoría de los países de América del Sur, donde el soporte vital es prioritario pero los servicios ordinarios exigen contraprestación financiera o cobertura privada.
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Chile: garantiza la salud pública en igualdad de condiciones únicamente a residentes con situación migratoria regular y documentación al día. Quienes entran en categoría de turistas deben valerse de un seguro médico o pagar la prestación, salvo aquellos tramitando visa que califiquen ante el Fondo Nacional de Salud (FONASA) o personas en extrema vulnerabilidad carentes de recursos. Por su parte, la Ley de Urgencias chilena obliga a la estabilización médica inmediata ante riesgo de vida en cualquier centro de salud, independientemente de la capacidad económica o estatus.
Uruguay: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aplica el principio de "atención primero" frente a cualquier emergencia clínica. Sin embargo, el Estado uruguayo cuenta con mecanismos de facturación posterior para cobrar el costo de las prestaciones brindadas a visitantes extranjeros sin cobertura médica previa.
Paraguay: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) exige que la atención médica no residente sea arancelada o cubierta por seguro privado. Solo la atención inicial de trauma y soporte vital por accidentes o emergencias se brinda en la red pública de forma gratuita y sin condicionamientos documentales.
Brasil (La gran excepción regional): es el único país sudamericano que mantiene un modelo absolutamente liberado y universal. A través del Sistema Único de Salud (SUS) y amparado en el Artículo 5° de la Constitución y la Ley de Migración (N° 13.445/2017), se consagra la igualdad de derechos en salud entre nacionales y extranjeros. En territorio brasileño, tanto residentes permanentes como solicitantes de asilo, refugiados, personas indocumentadas o turistas con visado temporal disfrutan de acceso libre y gratuito a la red sanitaria, inclusive para atención médica de rutina en Unidades Básicas de Salud (UBS).
La iniciativa promulgada por la gestión de Javier Milei ubica a la Argentina en sintonía con las normativas migratorias y sanitarias de Chile, Uruguay y Paraguay. La nueva disposición reconfigura el modelo de gratuidad universal, dejando a Brasil como el único socio regional que sostiene la atención primaria y de alta complejidad sin costo para los extranjeros no residentes.



