Daniel Orozco y Janina Ortiz, al banquillo: la resolución que allana el camino al juicio
La Suprema Corte rechazó un recurso extraordinario federal presentado por los abogados de la diputada provincial suspendida y la causa por fraude con una cooperativa ahora podría llegar a juicio.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso de la diputada provincial suspendida Janina Ortiz y allanó el camino para que sea juzgada en la causa por el supuesto fraude con una cooperativa en Las Heras. El Alto Tribunal resolvió desestimar un recurso extraordinario federal de la esposa del ex intendente Daniel Orozco y ex funcionaria municipal con el que buscaba frenar la elevación a juicio de la causa.
Ortiz se encuentra imputada junto a su esposo, acusados del delito de peculado, a partir de la investigación por dos contrataciones y dos licitaciones irregulares en las que se transfirió 35 millones de pesos a la cooperativa Manos a la Obra. También fue imputado en la causa el ex subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, cuyo yerno tenía un vínculo directo con la cooperativa.
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La defensa de la ex secretaria de Gobierno de Las Heras había apelado la elevación a juicio de esta causa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y luego de que el tribunal local rechazara la acción de inconstitucionalidad planteada, presentó un recurso extraordinario federal solicitando que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, mediante una resolución firmada por los jueces Julio Gómez, José Valerio y Teresa Day fue rechazada la presentación realizada por la defensa de Ortiz y se allanó el camino para que la causa por peculado llegue a ser juzgada en un juicio.
Ahora el expediente judicial pasará al Tribunal Penal Colegiado Nº 1 que deberá definir la convocatoria al debate oral y la posterior fecha de inicio para el juicio.
La apelación de Ortiz y un nuevo revés de la Corte
El recurso extraordinario federal que presentó la defensa de Ortiz sostenía que el rechazo de la Corte a la demanda era “arbitraria” por “falta de fundamentación”.
Advertía que “al rechazar el planteo de inconstitucionalidad, se omitió considerar que las limitaciones recursivas que impiden revisar nulidades absolutas, afectan la libertad y el honor” de la demandante.
Argumentó que al tratarse de una representante popular “la resolución trasciende el mero interés de las partes y afecta a toda la comunidad”. De este modo, se configuraría un supuesto de “gravedad institucional” y la defensa advirtió que esa situación genera una cuestión federal que habilita la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, los jueces Julio Gómez y José Valerio determinaron que correspondía rechazar el recurso extraordinario federal debido a que “la presentación se dirige contra una resolución que no resulta definitiva y, además, tampoco se fundamenta debidamente la existencia de cuestión federal, ni la arbitrariedad alegada, ni la gravedad institucional invocada”.
Por su parte, la jueza Teresa Day señaló que la presentación de Ortiz debía ser denegada por resultar manifiestamente “improcedente”.
“En las presentes actuaciones, la defensa no demuestra que exista un perjuicio de imposible o muy difícil reparación ulterior que permite excepcionar la regla legalmente establecida. Al respecto, la mera alegación de existencia de gravedad institucional no alcanza para considerar definitiva la decisión cuestionada”, expresó la magistrada.
Se acerca el juicio contra Orozco y Ortiz
A mediados del año pasado, el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, pidió la elevación a juicio de la causa que involucra a las ex autoridades de la Municipalidad de Las Heras por un presunto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa “Manos a la Obra”.
La Fiscalía sostiene que el entramado delictivo habría sido liderado por el exintendente Daniel Orozco, junto a su esposa Janina Ortiz, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno. También está imputado como coautor material Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales durante esa gestión. La acusación incluye a varios funcionarios y empleados municipales como partícipes necesarios, entre ellos Adrián "Moco" Pérez, quien presidía la cooperativa utilizada como pantalla.
Los delitos señalados por el fiscal Tichelo son peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso.
La entidad empleada para el presunto fraude fue la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, supuestamente dedicada al reciclaje de residuos. Los investigadores determinaron que fue reactivada por instrucciones del entonces intendente para participar en procesos administrativos manipulados desde el propio municipio. La cooperativa cobraba por servicios de limpieza que jamás prestó, utilizando trabajadores que no formaban parte de la entidad.
El dinero público salió de las arcas municipales a través de cuatro expedientes. Según la Fiscalía, los pagos se efectuaban mediante planillas falsas, facturas electrónicas emitidas con claves fiscales gestionadas desde el municipio y órdenes de compra firmadas por funcionarios que omitieron los controles obligatorios. El monto total desviado asciende a 35.511.386 pesos, depositados en una cuenta del Banco Supervielle.
Tras el pedido del fiscal, el Tribunal Penal Colegiado debía decidir si acepta el pedido y fija fecha para el juicio oral, pero ese proceso se vio frenado por la presentación de los abogados de Ortiz ante la Corte. Ahora, con el revés del Alto Tribunal se allanó el camino para que se determine cuándo comenzaría el juicio contra el ex intendente lasherino y su esposa.