Culpables, pero sin condena: vuelve la polémica por la justicia penal

Cuando Alfredo Cornejo asumió, lo hizo con un conflicto con la Suprema Corte, que había dictado una sentencia que pedía poner límite a las prisiones preventivas y sumaba exigencias para mejorar las condiciones de detención y el acceso a la justicia. En la práctica, Cornejo aseguraba que esa sentencia “liberaría a miles de delincuentes”. El enfoque de la política criminal fue uno de los ejes de la gestión de Cornejo y ahora, a pocos meses de dejar el poder, vuelve a florecer de la mano de una decisión del juez penal Eduardo Martearena, que no impuso la condena de prisión perpetua a tres asesinos que fueron hallados culpables por un tribunal popular. La decisión generó un shock que trascenderá la justicia penal y llegará a la Suprema Corte. De hecho, ayer el fiscal Fernando Guzzo ya adelantó que apelará la decisión de Martearena.

El caso involucra un asesinato atroz. Juan Lucero fue asesinado por tres hombres que lo golpearon, lo dejaron inconsciente, lo metieron a una valija y lo prendieron fuego. Los asesinos fueron Abel y Rafael Yañez y a Mariano Gutiérrez.

En un mismo juicio se combinaron varios temas. El juicio por jurados, donde 12 personas ajenas al Poder Judicial deciden si alguien es culpable o no. Además, volvió a hacerse visible la tensión sobre el enfoque penal que hay dentro del Poder Judicial y que afecta a la vida cotidiana de Mendoza. La posición de Martearena no es novedad, pero sí su influencia. Es que hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal, para dictar sentencia votaban tres jueces. Hoy, no y menos en el juicio por jurados.

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El delito de homicidio agravado prevé una pena de prisión perpetua. Con esa premisa los 12 integrantes del tribunal presenciaron el juicio y acordaron de manera unánime que los tres acusados eran culpables del delito de homicidio. El Tribunal tiene como única misión determinar si hay culpabilidad o no. La imposición de la pena le corresponde al juez coordinador. Ayer, desde que Martearena comenzó a argumentar tras la decisión del jurado se veía venir la decisión. Para el magistrado, la pena de 35 años de cárcel que supone la perpetua no ayuda a la rehabilitación de los presos y las cárceles no sirven para el fin que dice la constitución. Lo argumentó oralmente en Tribunales y accedió a la estrategia de la defensa de los acusados de considerar inconstitucional al artículo 80 del Código Penal, que establece la pena de prisión perpetua.

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Ahora los tres acusados podrán tener una pena semejante a la de un homicidio simple, de 8 a 25 años. Incluso podrían ser penas similares a las que se aplican en casos de incidentes viales. Un dato político colateral es que Martearena trascendió en Tribunales como fiscal especial durante la gestión de Julio Cobos, quien tenía a Cornejo como estratega. El fiscal tenía mala relación con el Ejecutivo fue uno de los impulsores de investigaciones que involucraban a funcionarios de ese gobierno. 

La pelea de fondo involucra a Tribunales y al Gobierno por el enfoque de la política criminal. Desde el Ejecutivo acusan que es la influencia de “los aliados de Zaffaroni”, es decir el garantismo extremo. Y ponen nuevamente a Omar Palermo y muchos otros jueces penales (como los ex integrantes de la octava cámara del crimen) como ejemplo en Mendoza. Es la misma polémica del inicio de la gestión de Cornejo. Aquella vez, el Gobernador replicó con una batería de reformas en el Código Procesal Penal que le dieron marco normativo a la idea de política criminal que tenía. Con Alejandro Gullé, José Valerio y otros jueces y funcionarios judiciales como ejecutores. Ahora, la polémica vuelve.

El juicio por jurados en Mendoza ha sido una medida que generó fuerte repercusión. Hasta ahora la mayoría de los juicios terminó con sentencias a perpetua, salvo dos: en el caso de Claudia Cortez, que era víctima de violencia de género y mató a su ex pareja, el jurado no se puso de acuerdo y la mujer no fue hallada culpable. Y ahora los tres asesinos de Lucero tampoco tendrán la condena máxima.