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Cuál es el beneficio al que algunos podrán acceder en la Justicia de forma inmediata y sin gastos

La Legislatura dio sanción final a un proyecto que establece cambios en el Código Procesal Civil. Se espera la promulgación del Poder Ejecutivo.

Tribunales de Mendoza

Tribunales de Mendoza

Prensa Legislatura.

La Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad un proyecto impulsado por la Suprema Corte de Justicia que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario con el fin de simplificar la tramitación judicial del beneficio de litigar sin gastos. La propuesta, que ya contaba con media sanción de Diputados, deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

El objetivo de la iniciativa es agilizar el procedimiento previsto en el artículo 96 del Código Procesal, que actualmente demanda entre dos y tres meses de tramitación y requiere en promedio seis resoluciones por incidente, lo que implica cerca de 9.900 horas de trabajo. Con el nuevo sistema, ese proceso podría reducirse “de tres meses a un minuto” mediante la utilización de una base de datos oficial y confiable.

Litigar sin gastos en la Justicia

Durante el debate en el recinto, el senador David Sáez, miembro informante, destacó que se trata de “una simplificación concreta y necesaria en el trámite del beneficio de litigar sin gastos, previsto en el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario”. Señaló que este beneficio resulta esencial para garantizar que cualquier ciudadano de Mendoza no quede excluido de la posibilidad de acceder a la justicia.

El legislador subrayó que la propuesta busca evitar demoras y duplicaciones de trabajo que hoy implican cargas adicionales para los tribunales. Recordó que, según datos aportados por la Corte, entre el 18% y el 24% de las causas que ingresan al Poder Judicial corresponden a este tipo de trámites, que en 2024 demandaron unas 9.900 horas de trabajo. También resaltó la implementación del nuevo sistema informático, que permitirá acceder de manera rápida y transparente a registros como AFIP, automotor e inmobiliario, agilizando el proceso y reduciendo la burocracia.

“Esta reforma simplifica, moderniza y agiliza todo el procedimiento, fortalece la igualdad en el acceso a la justicia y brinda a los ciudadanos con menos recursos la posibilidad real de afrontar un juicio”, concluyó Sáez.

Por su parte, el senador Dugar Chapel (Partido Verde) destacó las características de la propuesta y adelantó el acompañamiento de su bloque. En tanto, el legislador Germán Vicchi (Unión Mendocina) celebró la iniciativa analizada en el recinto.

El Proyecto de la Suprema Corte

Según los fundamentos del proyecto, la tramitación de este beneficio representa entre el 18% y el 24% de las causas que ingresan al Poder Judicial, dependiendo del fuero y el tipo de proceso. Aunque en la última reforma procesal se habían realizado ajustes, el trámite seguía significando una carga para los litigantes y los tribunales.

Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El beneficio de litigar sin gastos se otorga a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de la tasa de justicia y aportes legales al iniciar una demanda. Hasta ahora, la persona debía acreditar su situación económica con informes de distintos organismos, lo que demoraba la resolución.

La nueva herramienta, desarrollada por la Dirección de Informática del Poder Judicial, permitirá que los tribunales, mediante un usuario autorizado, consulten de manera automatizada por nombre, DNI o CUIL de las partes. El sistema devolverá en menos de un minuto una respuesta sobre si corresponde otorgar el beneficio, utilizando algoritmos parametrizados con reglas objetivas definidas anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte.

En caso de que el sistema no conceda el beneficio, el litigante podrá solicitar al tribunal su evaluación a través del mecanismo procesal vigente.

Desde la Corte explicaron que este cambio busca garantizar el acceso a la justicia, optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y ofrecer una respuesta más ágil a la ciudadanía.