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Cristina Fernández de Kirchner será quien evalúe un paro general

La expresidenta mantiene el control absoluto sobre cualquier intento de paro nacional. Toda protesta deberá contar con su aval, aunque se encubra bajo consignas gremiales o económicas.

La orden de Cristina Fernández de Kirchner fue clara y concreta: no habrá ningún tipo de lanzamiento de un paro nacional con movilización sin su consentimiento. Y fue explicita. Cualquier avance contra el orden normal del funcionamiento de la economía o la vida laboral y comercial cotidiana, deberá tener su aval y autorización. Ningún gremio o sindicato de importancia (o no) podrá "cortarse sólo" y armar algún tipo de alteración del orden, sin que la expresidenta, en la situación en la que se encuentre, no dé la orden de comenzar a actuar. La posibilidad de avanzar en jornadas de protesta que incluyan, además de movilizaciones, ceses de actividades y paros generales o sectoriales, deberá contar con el aval de CFK, sin excepciones.

Por lo demás, la convocatoria a un eventual paro general no será convocado oficialmente como apoyo a la situación judicial de la expresidenta, sino que tendrá como salvoconducto de legalización una protesta por el congelamiento de las paritarias, los despidos en diferentes actividades y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; o cualquier otra convocatoria temática que tenga jurisprudencia general para que, aunque no tenga el aval del Poder Ejecutivo, tenga avales en la Justicia para empantanar cualquier cuestionamiento del Gobierno sobre la convocatoria.

Saben los sindicatos más experimentados del país que organizar un paro general con la excusa de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representaría una convocatoria absolutamente ilegal. Nada más reñido con las leyes que convocar a no ir a trabajar y levantar las líneas de producción por un fallo judicial que tiene tres instancias completas y con fallos en el mismo sentido. La consecuencia de un paro de este tipo, implicaría que los trabajadores que no concurran a sus puestos podrían perder el día laboral y, eventualmente, hasta ser despedidos.

Es aquí donde comienza a trabajar la experiencia de los sindicalistas más experimentados. Varios de los gremios más importantes saben que la convocatoria no puede ser por un fallo judicial, sino por la situación económica general que vive el país. Y así se hará.

Con respecto a qué tan cerca está la expresidenta en lanzar un paro general con movilización, se evaluará en las próximas jornadas la conveniencia política para hacerlo. Uno de los gremios más importantes que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner en este momento de su carrera política, explicaba que existe un capítulo insoslayable para tener en cuenta: no hay garantías que semejante llamado a un cese de actividades pueda tener éxito completo. Y si la situación judicial de la expresidenta y su pérdida de la libertad, pueda ser un convocante a dejar de ir a los puestos de trabajo; más en sectores como el automotriz, bancos o algunos metalúrgicos, que luego de varios meses de malas semanas, parece comenzar a recuperar niveles de actividad en los últimos dos meses.

Un paro de estas características será un verdadero problema, no sólo para los privados, sino también para los trabajadores que ven que hay cierta recuperación en sus sectores. Por eso, se evaluará cuál podría ser la verdadera profundidad de la aceptación del plan de lucha de los gremios a favor de la expresidenta por parte de "las bases", donde lo que se vio en los últimos llamados a paros generales fue más bien una relación escéptica a la conducción sindical.

Todo esto se habló el martes en la sede del Partido Justicialista durante el último encuentro que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con varios de los grupos sindicales que la apoyan de manera incondicional, varios de los cuales ordenaron protestas varias que incluyeron cortes de rutas y autopistas antes de conocerse el fallo de la CSJ. En ese encuentro estuvieron presentes, entre otros, Ricardo Pignanelli (secretario general) y "Paco" Manrique (SMATA); Sergio Palazzo (La Bancaria); Abel Furlán (UOM); Hector Ponce (ATILRA, lácteos); Guillermo Moser (Luz y Fuerza); Carlos Ortega (Secasfpi, Anses); Vanesa Siley (SITRAJU, judiciales); Alejandra López y José Luis casares (SADOP, docentes); Norberto Di Próspero (APL, legislativos); Héctor Amichetti (Gráficos); Horacio Arreceygor (Satsaid, televisión); Daniel Catalano (ATE Capital); Fabián Cattanzaro y Graciela Aleña (Vialidad); Carlos Minucci (APSEE, empresas de energía); Ana Rugiero (FATUN, universidades); Daniel Ricci (Fedun, universitarios); Hugo Yasky (CTA); Juan Speroni (Navales); José Ramón Luque (Papel y Cartón); y Marcelo Parente (secretario general de las 62 organizaciones); Todos muy cercanos a los K.

Saben todas las partes en cuestión que, sin el apoyo de varios de los sindicatos donde reinan "Los Gordos", ningún paro general puede ser exitoso, especialmente si no avalan los gremios vinculados al transporte, los que tradicionalmente no están alineados al kirchnerismo; y donde aún resuenan las peleas y batallas que con el gobierno de la expresidenta por el manejo de las obras sociales en tiempos del 54% de apoyo electoral a CFK. Y muchos piensan que, en la actualidad, Javier Milei nada hace para que el dominio de los gremialistas sobre esas cajas notables con miles de millones de dólares disponibles. Y donde aún no pasó ninguna motosierra.