Corrupción en Discapacidad: procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y cobro de sobornos
La medida dictada por el juez federal Sebastián Casanello es sin prisión preventiva y también alcanza a más de una quincena de personas con embargos millonarios. Por otra parte, citaron a indagatoria a varias Droguerías.
Diego Spagnuolo en Comodoro Py
N/AEl juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según el fallo, Spagnuolo fue uno de los presuntos jefes de una organización criminal que habría cooptado el funcionamiento de la ANDIS con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de licitaciones direccionadas, cobro de sobornos y sobreprecios en contrataciones públicas.
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Una red con funcionarios y operadores externos
Junto a Spagnuolo, Casanello también procesó como organizadores de la asociación ilícita a Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos empresarios vinculados a droguerías y con antecedentes de participación en distintas gestiones políticas.
De acuerdo con la investigación judicial, Calvete y Atchabahian controlaban la ANDIS desde afuera, en coordinación directa con las autoridades formales del organismo. La causa sostiene que, a través de este entramado, se manipularon procesos licitatorios y se impusieron precios artificialmente inflados, en perjuicio del Estado.
En total, 19 personas fueron procesadas, entre exfuncionarios, empleados de la Agencia y privados que habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura delictiva.
“Un entramado de corrupción institucional”
Según el fallo, al que accedió MDZ, la ANDIS se convirtió entre fines de 2023 y 2025 en “el centro de operaciones” de maniobras ilegales que incluyeron direccionamiento de compras, simulación de competencia entre proveedores, sobreprecios y pagos indebidos a funcionarios. De acuerdo con la investigación, el objetivo era asegurar adjudicaciones y acelerar cobros a favor de un grupo reducido de droguerías y empresas de insumos médicos, muchas de ellas con vínculos directos con los imputados.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en agosto de 2025, que tomó como base información periodística y audios que daban cuenta de presuntos pedidos de coimas. A partir de allí, el fiscal describió un esquema en el que actores privados “incidían en el ejercicio de la función pública como si fueran funcionarios”, con acceso a información reservada, al sistema interno de compras y a decisiones clave del organismo.
Uno de los ejes centrales de la investigación fue el manejo de las contrataciones del Programa Federal Incluir Salud, especialmente las prestaciones de alto costo y baja incidencia. El juez consideró probado que se implementó un sistema de compulsas “especiales”, paralelas al régimen general, en las que se invitaba siempre a las mismas firmas, se repartían de antemano las adjudicaciones y se inflaban los precios. Solo en un rubro, el de implantes y audífonos, el perjuicio estimado superaría los 9.500 millones de pesos.
De acuerdo con la prueba reunida, Spagnuolo habría recibido importantes sumas de dinero en efectivo y en especie. Una de ellas fue la entrega de cinco millones de pesos en junio de 2025 y pagos posteriores para saldar gastos personales, canalizados a través de empresas vinculadas a uno de los principales empresarios investigados. “Más importante que los montos es la mecánica descubierta para instrumentar el intercambio ilegal”, advierte el juez al analizar los movimientos financieros y las comunicaciones entre los imputados.
Durante su indagatoria, Spagnuolo negó los hechos y sostuvo que no tenía competencia directa sobre las contrataciones ni acceso operativo al sistema de compras. Afirmó que su imputación se basaba en conjeturas y que los bienes y el dinero cuestionados habían sido adquiridos antes de asumir la función pública. El magistrado, sin embargo, rechazó esos argumentos y consideró que existen elementos suficientes para atribuirle un rol central en el esquema investigado.
Casanello dio por probado que actores privados, principalmente vinculados a droguerías y empresas de insumos médicos, accedían a información reservada, intervenían en el sistema interno de compras e incluso utilizaban usuarios de funcionarios públicos para operar dentro de la plataforma oficial. A cambio, se habrían pagado sobornos en efectivo y en especie a funcionarios clave. En el caso de Spagnuolo, la investigación detectó entregas de dinero, pagos de gastos personales y la existencia de fondos cuya administración quedaba en manos de empresarios allegados.
Por otra parte, el magistrado dispuso embargos sobre Miguel Ángel Calvete de $203.072.992.394, Diego Spagnuolo por $202.828.725.464, de Daniel María Garbellini por $202.247.451.393, y Pablo Atchabahian de $202.247.451.393, entre otrros. Solo en un rubro, el de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados, el perjuicio calculado rondaría los 9.500 millones de pesos.
Finalmente, Casanello ordenó convocar a prestar declaración indagatoria a varias personas jurídicas, entre ellas Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA. Además, se dispuso notificar a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio de Salud de la Nación, recabar antecedentes penales de los imputados y realizar informes socioambientales.