Contrainteligencia, "policía secreta" y datos personales: las preguntas alrededor del DNU de la SIDE de Milei
Mientras el país despedía el año entre sidra y pan dulce, el Gobierno reformó vía DNU la Ley de Inteligencia Nacional y abrió un intenso debate con la oposición sobre los alcances de la reforzada SIDE. De fondo, la pregunta: ¿Quién vigila a los vigilantes?
El asesor presidencial Santiago Caputo, el responsable político detrás de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y su nueva reforma.
TélamPara inaugurar el 2026, el presidente Javier Milei dispuso que uno de sus primeros actos de Gobierno del año sea la firma de un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): una vasta y compleja reforma de la Ley de Inteligencia Nacional. En Casa Rosada, enfatizaron que la medida apuntó a terminar de enderezar una organización históricamente opaca y discrecional. Sin embargo, la oposición identificó una serie de banderas rojas y sembró dudas alrededor de puntos sensibles como la contrainteligencia, la ampliación de facultades para aprehensión de personas y el uso de datos personales de la ciudadanía.
El decreto que volvió a poner a la SIDE en el centro de la discusión
En los papeles, el Gobierno enfatizó que la reforma apunta a profundizar y ordenar el Sistema de Inteligencia Nacional, partiendo de la base de la primera gran reforma que ya había ejecutado el año pasado con el Decreto 614/24 que, entre otras cosas, había recuperado el histórico nombre de la SIDE en lugar de la denominada AFI. Su objetivo, aseguraron, es mejorar la integración, especialización, eficiencia, control y legitimidad del sistema.
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Entre sus lineamientos generales, el DNU 941/25 publicado esta madrugada se propone clarificar funciones, eliminar superposición de tareas y revalorizar a la SIDE como el principal demandante y productor de información estratégica del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese sentido, se aclara que el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que se aboca a producir inteligencia estratégica.
La SIDE, habilitada a aprehender personas
Sin embargo, ese punto quedó bajo el cuestionamiento de la oposición, que puso el foco sobre el artículo 19 del Decreto que habilita al personal de inteligencia a la "aprehensión de personas" en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, en casos de auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia. Todo esto bajo la condición de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.
Para diferentes sectores de la oposición, entre ellos el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, esa normativa atenta contra una prohibición que históricamente tuvieron los organismos de inteligencia en el país: ejercer tareas represivas, policiales o de investigación judicial.
"No solo preocupa la falta de límites y de controles con la que se introduce esta facultad, sino también que se habilite el ejercicio de funciones claramente jurisdiccionales por parte de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, en abierta contradicción con las materias que la Constitución prohíbe regular mediante decretos de necesidad y urgencia", enfatizó Ferraro en diálogo con MDZ.
Por su parte, Agustín Rossi, exinterventor de la AFI durante durante el Gobierno de Alberto Fernández, acusó la transformación de agentes de inteligencia en una "policía secreta", habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. "La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial", alertó en sus redes.
La réplica del Gobierno y sus dardos contra "kukas y Corea del Centro"
Desde el Gobierno, una figura cercana a Santiago Caputo como el legislador bonaerense Agustín Romo salió a contestarle a "los kukitas y sus socios de Corea del Centro que salieron a instalar fake news" y enfatizó que la SIDE sólo puede aprehender -que no es lo mismo que detener- personas en casos donde se ponga en riesgo una operación de inteligencia, en el marco de una operación conjunta con la Justicia, a pedido expreso de un magistrado, y en comisiones flagrantes de delito.
"Esto es igual para cualquier ciudadano, como puede ser que un civil aprehenda a otro luego de robar un celular en la calle, y dé aviso a las fuerzas de seguridad para que vengan a detenerlo", ejemplificó Romo.
Si esto ocurre, en Casa Rosada afirmaron que los agentes deben resguardar su identidad en todo momento, pero en el caso de que deban realizar una aprehensión deberán brindar información sobre las razones, resguardando su información personal y la información clasificada sobre la operación en curso.
"Asimismo, como tienen que dar inmediata intervención a las fuerzas de seguridad, éstas ayudarán con la explicación de la situación a la persona involucrada, de forma que el personal de inteligencia no vea comprometida su identidad", agregaron.
La contrainteligencia, otro de los puntos sensibles
En materia de Contrainteligencia, el DNU de Milei estipula en su 3° artículo que dichas actividades incluyen "evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general".
También aclara que tales actividades "pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales" y que la contrainteligencia comprende, además, "el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales. La cereza del postre es que todas estas medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman.
Para Ferraro, esta ampliación habilita excepciones que permiten el espionaje de personas por su pensamiento o por su actividad política o religiosa, bajo la supuesta justificación de prevenir "influencias”, “injerencias” o “interferencias” de factores externos. "Todo esto sin delimitar con claridad los márgenes ni los límites con los que los organismos de inteligencia pueden interpretar y aplicar esas definiciones", señaló.
A su vez, esta misión de prevenir acciones de infiltración se utiliza para justificar una injerencia directa de la SIDE sobre todo el Sector Público Nacional, incluyendo ministerios, secretarías y organismos autónomos, a través de una centralización masiva de datos personales y públicos.
"Se obliga a los organismos del Estado a entregar información y documentación de los ciudadanos ante una simple solicitud de los servicios de inteligencia. En un contexto en el que el año pasado se conoció un plan de inteligencia que incluso señalaba a organizaciones ambientales como posibles “agentes externos”, resulta especialmente preocupante esta expansión del poder de la SIDE bajo un gobierno que ha demostrado poca tolerancia frente a las expresiones críticas", enfatizó el diputado nacional a MDZ.
Los alcances del decreto
Consultados por este medio, en Casa Rosada negaron terminentemente que las tareas de contrainteligencia alcancen de alguna manera al periodismo ni a otros actores de la sociedad civil. Ante comentarios como los de Agustín Rossi, que advertían sobre la posibilidad de que se investigaran periodistas por difundir información sensible para el Gobierno, remarcaron que "el periodismo es una actividad lícita que nada tiene que ver con la inteligencia ni la contrainteligencia".
A su vez, el Gobierno remarcó que con el DNU se limitan las actividades de inteligencia que se pueden realizar en el territorio nacional, "desterrando la idea de la inteligencia interior, justamente prohibiendo cualquier clase de inteligencia con finalidades de persecución política, social, ideológica, etcétera", concepto enunciado en el artículo 4, inciso 3 del texto.
"La contrainteligencia tiene como principal objetivo evitar las actividades de inteligencia de otros servicios de inteligencia contra nuestro país. Así, la Agencia Nacional de Contrainteligencia se va a dedicar exclusivamente a contrarrestar las operaciones de los espías extranjeros", insistieron en Balcarce 50.
El problema institucional: una reforma por decreto después del brindis
"El primer gran error no forzado del Gobierno es intentar modificar vía decreto una ley como la 25.520, donde participaron la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria y se aprobó prácticamente por unanmidad", analizó el extitular de la SIDE Miguel Ángel Toma, uno de los autores de la Ley de Inteligencia Nacional que buscó modificar el Ejecutivo. Y sentenció: "Eligieron el peor mecanismo frente a una ley con consenso absoluto".
En ese sentido, abogados constitucionalistas como Daniel Sabsay o Andrés Gil Domínguez rechazaron de plano la medida, argumentando que no existe "ni necesidad ni urgencia" que validen el uso de un DNU para reformar la SIDE. "Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad", cuestionó Sabsay.
Desde Unión por la Patria hasta Provincias Unidas y la Coalición Cívica, distintos bloques del Congreso hicieron foco en ese punto y convocaron a dar la discusión en la Comisión Bicameral de Inteligencia para derribar el DNU de Milei en el recinto y eventualmente discutir una nueva ley nacida en el Parlamento.
"Las tareas de inteligencia, por su propia naturaleza, tienen un impacto extremadamente sensible sobre las libertades, los derechos y las garantías protegidas por la Constitución. Por eso resulta alarmante que modificaciones de este alcance sean impuestas por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no debatidas de manera adecuada en el Congreso", planteó Maximiliano Ferraro a este diario.
Otros debates alrededor del DNU
Por su parte, Toma admitió que la ley vigente había quedado obsoleta en algunos aspectos producto de la evolución de la tecnología y la aparición de nuevas amenazas globales y locales. En ese sentido, si bien consideró que las medidas denunciadas por la oposición no conllevan un peligro real, sí criticó que la estrategia implementada por el Ejecutivo para avanzar "va a generar una serie de debates falsos e innecesarios".
"¿Qué necesidad hay de poner en un decreto que pueden los tipos de inteligencia pueden aprehender si es algo que lo puede hacer cualquier ciudadano?", ejemplificó Toma, y explicó: "En ningún caso el decreto restringe el alcance de la Bicameral de Inteligencia. Mientras exista el control civil, no me preocupa que esas cosas puedan pasar".
Para el exdirector de Inteligencia, el problema de fondo del Decreto radica en su funcionalidad, o mejor dicho su falta de la misma, al crear diversas dependencias que funcionan dentro de la SIDE que dificultan la agilidad de su coordinación.
Desde el Gobierno insisten en lo contrario y aseguran que la reforma garantiza el achicamiento de la estructura mediante la eliminación de competencias que institucionalmente no debían corresponder al organismo.
"Esta transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el presidente Javier Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad", proclamó la SIDE a través de un comunicado oficial.
