Claudio "Chiqui" Tapia: cinco meses de una denuncia que hoy investiga su patrimonio
El expediente quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita ya pidió informes para avanzar con la investigación.
Claudio Chiqui Tapia continúa entre los números de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
EFEEn abril, la denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia abrió una pregunta sobre su patrimonio; cinco meses después, esa pregunta llegó a los bancos, al ARCA, al Banco Central, al CEAMSE y hasta a la declaración jurada del propio presidente de la AFA. La causa avanzó por distintos tribunales hasta quedar instalada en Comodoro Py, donde ahora la Justicia busca reconstruir qué ocurrió con sus bienes y sus ingresos durante los años en que ejerció funciones públicas.
El expediente comenzó con una presentación de Guillermo Tofoni, quien sostuvo que la evolución patrimonial de Tapia no guardaba relación con los ingresos que había informado. La denuncia tomó como referencia las declaraciones juradas del dirigente entre 2017 y 2025 y puso bajo análisis la incorporación de inmuebles, el crecimiento de sus fondos líquidos y las diferencias entre distintas presentaciones.
Sin embargo, para entonces, Tapia presentó una rectificación ante la Provincia de Buenos Aires y reconoció $984,3 millones entre efectivo y depósitos bancarios, después de haber declarado en 2025 que no tenía dinero en efectivo ni fondos en entidades bancarias.
El camino de la denuncia
La denuncia de Tofoni ingresó el 7 de abril de 2026 y puso el foco sobre el período en que Tapia ejerció funciones dentro del CEAMSE. El planteo no se concentró en su conducción de la AFA, sino en su condición de funcionario público y en la evolución de su patrimonio durante esos años. El caso comenzó en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
La jueza que recibió la presentación entendió que la causa debía pasar a la Justicia Federal. El argumento estuvo relacionado con la naturaleza del CEAMSE, organismo que pertenece tanto a la Ciudad como a la Provincia de Buenos Aires. El expediente llegó entonces a Comodoro Py y quedó en manos de Ariel Lijo. Pollicita planteó inicialmente que el caso debía regresar a la Justicia porteña, mientras que Lijo sostuvo su competencia para intervenir.
La discusión terminó en la Cámara Federal. El fiscal general ante ese tribunal, José Luis Agüero Iturbe, desistió del recurso que pretendía devolver el expediente a la Ciudad y sostuvo que los hechos excedían el ámbito de la administración pública porteña. La Sala II de la Cámara Federal confirmó la competencia de Lijo. Con esa decisión, la causa dejó atrás su principal obstáculo procesal y quedó lista para avanzar sobre la evolución patrimonial de Tapia.
El planteo de Tofoni reconstruyó el patrimonio del presidente de la AFA a través de distintas declaraciones juradas. En 2017, Tapia había informado cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones. La declaración correspondiente a 2019 incorporó nuevos inmuebles (una vivienda en Beccar, un departamento en Caballito, una propiedad en Cardales y un terreno).
En la declaración de 2024, Tapia informó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, de acuerdo con el planteo judicial. Sin embargo, llegado julio de 2025, Tapia declaró ante la Provincia que no tenía dinero en efectivo ni fondos en entidades bancarias (situación que modificó tras la rectificación al agregar $39,5 millones en efectivo y $944,7 millones en depósitos bancarios). El patrimonio que figura ante la administración bonaerense pasó así de $49,4 millones a $1.033,6 millones.
El origen de los datos
Actualmente, el fiscal busca reunir documentación que permita comparar las declaraciones juradas de Tapia con sus ingresos, sus cuentas, sus bienes y sus operaciones económicas. El pedido solicita el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero. La Fiscalía también pidió todas las declaraciones juradas de Tapia correspondientes al período investigado y requirió información sobre sus ingresos como funcionario del CEAMSE.
La investigación también busca determinar si Tapia recibió o envió dinero desde el exterior y si realizó operaciones con criptoactivos. La Conmebol deberá informar los cargos que ocupó el dirigente y los montos que recibió por esas funciones (más allá de la AFA que figura cómo un cargo ad honorem). Tapia informó para 2025 $100.233.144 anuales por su función en el CEAMSE y $718.536.500 por su cargo de vicepresidente segundo de la Conmebol.
