Causa Vialidad: el fiscal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para que la ejecución de sus bienes pase a otro fuero
Mario Villar fijo postura ante los planteos formulados por la defensa de la exmandataria y de Lázaro Báez, quienes reclamaron que decomiso de sus propiedades sea llevado adelante por la justicia civil y comercial.
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111.
EFEEl fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, se mostró en contra de los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez por la ejecución de sus bienes para cubrir el pago incumplido de $684.990.350.137,86 como parte de la pena en la causa Vialidad donde ambos fueron condenados por administración fraudulenta.
Según pudo conocer MDZ de fuentes judiciales, Villar reclamó que el decomiso debe ser confirmado por entender que no se incurre en arbitrariedad que invocan los defensores de la exmandataria y del empresario santacruceño. “El concepto general de decomiso no requiere sentencia condenatoria, esto queda claro si vemos que el decomiso puede ser ordenado sin condena previa”, remarcó el acusador en su presentación ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación.
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Por otra parte, el fiscal destacó que el decomiso constituye “una consecuencia jurídica independiente, de carácter propio, cuyo fin es eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente, que pueden inducir al autor a cometer nuevos delitos”, y que dicha medida ejecutoria tampoco constituye “una reacción a una conducta ilícita pasada, sino una respuesta a una alteración actual del orden patrimonial”.
Sobre la situación de Lázaro Báez, cuyos abogados pidieron separarlo del pago solidario del monto equivalente a unos 537 millones de dólares, el fiscal ante casación rechazó la pretensión al sostener que de hacer lugar a ese planteo “podría implicar que el decomiso se resuelva de forma inconsistente por dos tribunales distintos, además de crear un riesgo para los derechos patrimoniales de los demás imputados que no intervienen”.
Finalmente, Mario Villar, diferenció el decomiso penal y la responsabilidad civil al afirmar que ambos son procesos independientes, y la causa iniciada por Javier Iguacel por daños y perjuicios al Estado fue archivada por caducidad “lo que limita cualquier medida en ese ámbito”.
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