El edificio en el que Walter Bento supo reinar y ahora lo tiene como principal acusado en un juicio oral parece acostumbrado a una rutina que no es convencional. Un exjuez federal que es trasladado desde la cárcel a la sala de audiencias, funcionarios judiciales custodiados por las amenazas, testimonios, escuchas y declaraciones en las que se habla de dólares como moneda corriente para el pago de coimas y, detrás, una historia de poder y desbarranco que aún no termina. El propio despacho que ocupaba Bento aún está vacío porque la vacante que quedó tras su destitución por mal desempeño aún no es cubierta, igual que otros tres espacios clave de la justicia Federal de Mendoza.
El Juicio oral y público que tiene a Bento y a más de 30 imputados acusado de ser parte de una organización criminal montada alrededor del Juzgado Federal 1 de Mendoza, en la que se sospecha se otorgaban favores a cambio del pago de coimas, deja una trama profunda, donde aparecen montos millonarios en dólares, bienes suntuosos que, según adelantaron desde la fiscalía, podrían ser decomisados, y una trama de delitos federales que pasan bajo el radar en Mendoza.
El delito que prevalece en la trama que da inicio a la cadena de corrupción es el contrabando y en uso del Paso Cristo Redentor como puerta de entrada. No es casual: es el principal paso terrestre entre Chile y Argentina y también el más importante en cuanto al tránsito de mercaderías entre los dos océanos. La Cordillera de los Andes es el límite geográfico, el “embudo” de sistema Cristo Redentor-Libertadores el foco de atención. En el medio, logística con camiones, agentes de la Aduana, despachante de aduanas, policías y la justicia federal. En la trama del “Caso Bento” hay involucrados de todos esos ámbitos. Al leer los expedientes hay señales de que es una muestra (contundente y voluminosa muestra) de las oportunidades para el crimen organizado que también brinda ese Paso.
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En el final de los alegatos del Ministerio Público Fiscal se hizo un cálculo preciso sobre los montos de las coimas que Walter Bento y su clan habrían cobrado en un puñado de casos tomados en el expediente. Con solo 15 casos, el monto de las “coimas” sería de 1,7 millones de dólares que fueron pagados por presos o acusados de delitos federales con dólares en efectivo o con bienes: autos e inmuebles.
Los acusadores lograron armar una trazabilidad que involucra a los delitos cometidos y su “consecuencia” más tangible: el enriquecimiento de Bento y el lavado de dinero. El exjuez federal tenía un patrimonio enorme, pero dibujado fiscal y jurídicamente. Bento solo tenía a nombre suyo una camioneta VW; pero gozaba de los suntuosos bienes que su familia había recibido como donaciones o simples transferencias. La trazabilidad incluye un período de 10 años en los que la familia Bento acrecentó su patrimonio, mientras en el Juzgado Federal 1 Walter firmaba beneficios a acusados de delitos que pagaban, según las sospechas, coimas. En MPF hizo un corte de ingresos ilegales con algunos casos, pero que no es excluyente de otros. Incluso creen que hay alguna linealidad con el pago de algunas coimas y la compra de bienes. Es lo ocurrido, creen, con el llamado "caso Costas", donde se sospecha que hubo cobro de coimas que podrían haberse transformado en la compra de 9 inmuebles en Palmares. Algo similar creen que ocurrió entre los años 2018 y 2019, cuando aparecen sospechas de cobro de coimas (con testimonios y datos) que coinciden con la adquisición de bienes suntuosos: construcción de la casa grande en Palmares, inmuebles en el fideicomiso Bosques de Mayo, locales comerciales en Il Mercato, entre otros.
La evolución patrimonial fue enorme en esa década, con departamentos, casas, vehículos y decenas de viaje al exterior con alojamiento frecuente en sitios de lujo. Allí surgió una particularidad: el MPF no consiguió colaboración de autoridades de Estados Unidos para determinar si uno de los departamentos donde Bento se alojaba en Miami era de su propiedad o de algún allegado.
En los alegatos aún no hubo pedido de condenas pero sí una descripción de los delitos que se sospecha cometieron Bento y sus allegados. Asociación ilícita es el delito más denso. Según esa hipótesis, Bento lideraba una banda que se dedicaba a ofrecer favores judiciales a cambio del pago de coimas, aprovechando el poder de la firma del juez federal con competencia penal. La organización funcionaba, según la trama elaborada por los investigadores, por “punteros” que contactaban a acusados de delitos federales (muchos privados de la libertad) y les ofrecían beneficios procesales a cambio del pago de coimas. Allí actuaban como piezas fundamentales algunos abogados que también son juzgados ahora. En el juicio hubo arrepentidos que reconocieron haber pagado, otros a los que les ofrecieron y también pruebas de sobornos indirectos. La trazabilidad de los delitos seguía con el enriquecimiento de los beneficiarios y el lavado de dinero. Hay un dato relevante de la vida cotidiana de la familia Bento: todo lo pagaban en efectivo, aún con bienes de enorme valor. Por eso hay pocos registros bancarios y fiscales de los bienes que adquirían. “Solo compraban algunas cosas en el supermercado con tarjeta los días que había descuentos”, explicaban desde el MPF. El pago en efectivo es una práctica habitual en ese tipo de delitos.
Además de las asociación ilícita y abuso de autoridad, la familia Bento está acusada de enriquecimiento y lavado. La novedad del alegato es que quitaron de la acusación a Luciano Bento, uno de los hijos de Walter y Marta Boiza. Según consideraron los fiscales, el joven empleado judicial fue persuadido por su padre y no cometió delitos. En otras palabras, lo usaron para blanquear bienes. Sí se mantuvo el pedido de condena para Nahuel, otro de los hijos del exjuez, y su esposa Marta.
El destituido juez cumplirá dos años en prisión en noviembre. Esa fecha es clave, pues la defensa podría volver a pedir su libertad al cumplirse el plazo máximo para la prisión preventiva. Hay excepciones a esa regla a las que podrían recurrir los acusadores. Antes, comenzarán los alegatos de la misma defensa en la que buscarán desarmar la hipótesis de los acusadores. El propio Bento hasta ahora había elegido acusar al fiscal Danta Vega y a la justicia de tener una animosidad en su contra. Esa estrategia no dio resultados.
El juicio ha cambiado al vida de todos los involucrados. Bento está preso, su espora Marta Boiza tiene graves problemas de salud. Los alumnos del fiscal Dante Vega aún se sorprenden al verlo con chaleco antibalas y custodiado cuando da clases en la UNCuyo. Uno testigo que fue clave se quitó la vida y aún resuena al repasar la historia del caso que todo comenzó con una muerte violenta: la de Diego Aliaga, el despachante de aduana que, según la trama, era parte e la organización de Bento, que fue asesinado y que aún hoy “habla” después de muerto.