Causa Andis: indagan a un actor clave en la supuesta red de corrupción
Se trata de Miguel Calvete, que para la justicia es pieza fundamental en el entramado del desvío de recursos millonarios destinados a programas para personas con discapacidad.
Miguel Angel Calvete, mano derecha de Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Sebastián Casanello indagará durante esta jornada a Miguel Calvete, uno de los 15 imputados por el fiscal Franco Picardi en la causa donde se investiga la existencia de una red de negocios espurios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que funcionó a lo largo de dos años.
Calvete, quien durante varios años estuvo al frente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, llegó a los tribunales de Comodoro Py muy temprano en un patrullero de la Policía de la Ciudad, pues está detenido en otro expediente.
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Picardi identificó a Calvete como un actor vinculado a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo (PACBI), con una fuerte y directa influencia directa sobre las cabezas de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Según el dictamen fiscal, Calvete consultaba por pagos espurios y manejaba operaciones desde fuera del organismo, aunque contaba con el poder para dar indicaciones dentro de la agencia.
¿Cuál era el rol de Miguel Calvete y de qué se lo acusa?
Muy lejos de ser un simple proveedor, Calvete actuó como un “conector” entre la Andis y el sector privado, desempeñando un rol similar al de un “director paralelo”. A diferencia de los funcionarios formales, Miguel contó con operadores propios dentro del organismo, como Lorena Di Giorno y Eduardo González, quienes a criterio del fiscal facilitaban el direccionamiento de compras y pagos.
La maniobra apuntaba a orientar y restringir la competencia en los procesos de compra de medicamentos y prestaciones de alto costo para personas con discapacidad, manipulando compulsas para cerrar contratos con empresas predeterminadas como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. Este grupo beneficiado incrementó los precios, repartiendo multas millonarias entre empresas y funcionarios mediante sobornos.
Durante un allanamiento realizado al domicilio de Calvete, se secuestraron anotaciones con registros de fechas, empresas, contactos y movimientos de dinero, evidenciando su rol de artífice y gestor de la organización ilícita. Incluso, llevaba la “contabilidad” de los pagos indebidos y las distribuciones de diferencias entre costos reales y costos facturados de las prestaciones PACBI.
Para Picardi, los escritos dan cuenta de su círculo íntimo de contactos, integrando a funcionarios de ANDIS, empresarios y familiares, consolidando un entramado donde confluyen intereses privados y corrupción estatal.
Pata la justicia, Miguel Ángel Calvete no solo operó en beneficio de sus empresas, sino que coordinó un sistema que permitió adjudicaciones millonarias y pagos ilegales a funcionarios públicos, afectando a un sector muy vulnerable de la población asistida por ANDIS, como madres numerosas y adultos mayores en situación de pobreza.