Caso Alan Villouta: qué pasó con el proyecto del Gobierno para poner plazos a la Corte
El oficialismo anunció hace más de un mes, tras la prescripción del caso Alan Villouta, que presentaría una iniciativa para poner tiempos al máximo tribunal.
Alfredo Cornejo junto a los padres del joven Alan Villouta.
GobiernoA poco más de un mes de que la prescripción del caso por la muerte de Alan Villouta volviera a poner bajo la lupa los tiempos de la Justicia mendocina, el proyecto que había anunciado el Gobierno para establecer plazos obligatorios a la Suprema Corte todavía no llegó a la Legislatura. Sin embargo, la iniciativa sigue en elaboración y el oficialismo analiza incluso la posibilidad de articularla con otro proyecto que ya fue presentado: el de Lucas Ilardo.
El gobernador Alfredo Cornejo había anunciado la reforma después de reunirse con los padres de Alan Villouta y cuestionar las demoras que habían atravesado el expediente. La idea oficial es modificar la normativa para que los plazos con los que cuenta la Corte para resolver determinados recursos sean obligatorios y no queden, en la práctica, sujetos a demoras indefinidas.
¿En qué quedó el proyecto?
MDZ consultó al presidente del bloque de Cambia Mendoza en Diputados, Franco Ambrosini, quien está trabajando en el proyecto. El legislador aseguró que la iniciativa está "casi terminada", aunque todavía se están realizando distintas consultas antes de definir el texto definitivo.
La demora en la presentación tiene que ver, justamente, con uno de los puntos más sensibles de la reforma: definir cuáles deberían ser los plazos razonables para que la Corte resuelva los distintos recursos.
El borrador que había trascendido planteaba transformar esos tiempos en plazos "fatales" o perentorios. Es decir, que exista una obligación concreta de resolver y que, frente a un incumplimiento injustificado, pueda abrirse incluso la discusión sobre una eventual causal de mal desempeño.
Ambrosini ya había explicado que los plazos previstos actualmente en los códigos procesales son demasiado breves para trasladarlos sin modificaciones al máximo tribunal. Entre los ejemplos aparecen los tiempos previstos para distintos recursos que llegan a la Corte. La discusión pasa entonces por establecer plazos más amplios, pero que efectivamente deban cumplirse.
El proyecto de Ilardo que mira el oficialismo
En paralelo, el diputado de Fuerza Patria Lucas Ilardo presentó su propia iniciativa, bautizada como "Ley Alan Villouta", con un enfoque diferente: no apunta solamente a ponerle un plazo a la Corte, sino a crear un mecanismo para detectar con anticipación cuándo una causa se acerca a la prescripción.
El proyecto propone crear un Sistema de Alerta de Prescripción, una herramienta informática que debería calcular de manera permanente los plazos de vigencia de las acciones penales y emitir avisos automáticos cuando resten doce meses, seis meses, tres meses y treinta días para el vencimiento.
La lógica es que el sistema judicial no dependa exclusivamente del seguimiento individual de cada expediente para advertir que una causa está por prescribir.
Además, la propuesta establece distintos niveles de prioridad. Cuando restan seis meses, el expediente pasa a tener carácter preferente; a los tres meses, urgente; y durante los últimos treinta días se activa una alerta crítica. También contempla avisos a jueces, fiscales, querellas y defensas.
El proyecto de Ilardo suma además obligaciones para los fiscales cuando reciben una alerta, un registro de las demoras judiciales y la elaboración de informes sobre las causas que llegan a extinguirse por el paso del tiempo. También prevé informar a las víctimas cuando exista riesgo de prescripción.
Los plazos de la Corte
En el oficialismo ven con buenos ojos algunos de los mecanismos planteados por Ilardo, particularmente el sistema de alertas. Y allí aparece una de las alternativas que se están analizando: que ambas iniciativas puedan terminar integrándose en una misma reforma.
La propuesta oficial tendría como eje los plazos que debe cumplir la Suprema Corte para resolver los recursos, mientras que el proyecto de Ilardo incorpora una herramienta de seguimiento destinada a advertir con anticipación el riesgo de prescripción.
No necesariamente son iniciativas contrapuestas. De hecho, podrían funcionar como dos partes de un mismo sistema: por un lado, establecer cuánto tiempo tiene la Justicia para resolver; por otro, crear un mecanismo que advierta cuando el reloj procesal se acerca al límite.
Por ahora, el proyecto de Ambrosini continúa en etapa de consultas. El oficialismo quiere terminar de definir los plazos y escuchar aportes antes de llevarlo formalmente a la Legislatura.
Los detalles del caso Alan Villouta
Alan Villouta murió en 2017, cuando fue atropellado por un camión en el Acceso Sur, en Mendoza. La investigación avanzó durante años entre recursos, planteos y distintas instancias judiciales, pero finalmente la causa prescribió sin que se alcanzara una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales. Para su familia, el paso del tiempo no fue una cuestión administrativa: significó que el proceso terminara sin una respuesta judicial.
Los padres de Villouta durante años pidieron que se aceleraran los tiempos y que la Justicia evitara que las demoras terminaran beneficiando al vencimiento de los plazos.