Casación avaló la medida de Patricia Bullrich: los presos deberán hacer limpieza sin cobrar
La Cámara de Casación Penal acató dos resoluciones del Ministerio de Seguridad, pese a la queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN).
El ministerio de Seguridad dictó dos resoluciones que fueron acatadas por la Justicia para que los presos trabajen sin cobrar.
ArchivoLa Cámara Federal de Casación Penal ratificó las resoluciones firmadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que establecen la obligatoriedad para que las personas privadas de la libertad realicen tareas de limpieza, higiene y mantenimiento dentro de las cárceles sin percibir remuneración.
Este miércoles el tribunal desestimó la queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y confirmó el rechazo a una medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 dictadas por la cartera que conduce Bullrich.
En ese marco, la funcionaria de Javier Milei celebró la medida judicial en su cuenta de X: “Basta de ocio en las cárceles. La Justicia Federal avaló nuestra decisión: todos los presos deben trabajar en mantenimiento, limpieza e higiene, y que sólo un pequeño porcentaje tenga tareas remuneradas si no están en actividades productivas”, expresó.
Y agregó: “Se terminó el tiempo de la comodidad. El que está preso tiene que trabajar y cumplir con disciplina”.
Qué dicen las normativas que dictó Patricia Bullrich
En concreto, la Resolución 1346/2024 dispuso la “obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes”. Dichas actividades podrán extenderse hasta cinco horas diarias y “no serán remuneradas”.
En sus considerandos, el Ministerio agregó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito”.
Por otra parte, la Resolución 429/2025 limitó al 5% de la población penitenciaria la posibilidad de acceder a prestaciones personales remuneradas como única ocupación. Según estableció, ese grupo debe cumplir un mínimo de ocho horas diarias.
La Defensoría General, como co-titular de la Comisión de Cárceles, había solicitado una medida de “no innovar” para suspender preventivamente la aplicación de las resoluciones. Según alegó, las normativas modificaban las condiciones laborales en el complejo penitenciario de Marcos Paz, con impacto sobre derechos como el trabajo y el salario.
Sin embargo, el pedido fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara Federal de San Martín. Luego la Defensoría insistió al presentar un recurso de casación, pero también fue denegado, y por último la queja que tampoco tuvo lugar.