Bienes, negocios y polémica: la minera estatal mendocina que se expande

Mendoza tuvo un giro político para promocionar la minería, pero con matices, improntas y focos particulares. Más allá del impulso que le dio el gobernador Alfredo Cornejo, hay una trama de sociedades, vínculos y presencia estatal que hacen del formato mendocino un modo “sui generis” en esa industria.

Empresas estatales que administran fondos millonarios, nombres que se repiten, bienes que son dispuestos de manera discrecional y socios en la actividad privada son parte del entramado minero.

En esa trama hay un pilar clave: la empresa Potasio Río Colorado “estatal” y su heredera Impulsa Mendoza, empresa que continuó administrando los activos y que es la que guía la política minera de la provincia. De allí salen los recursos para financiar los estudios del Distrito Minero Malargüe, también se gestó la “estatización” indirecta de Hierro Indio, la sociedad con Minera Aguilar para el por ahora demorado nuevo Potasio Río Colorado y también de esa usina estatal-privada surgieron los principales beneficiarios del impulso a la minería.

El “monstruo” estatal

Para conocer el inicio de la empresa estatal de minería hay que ir al momento del abandono total de la empresa brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado. Tras el fracaso en la búsqueda de compradores del proyecto, la empresa acordó con el gobierno de Rodolfo Suarez la transferencia de los activos del predio, los permisos y dinero. Allí se creó la empresa Potasio Río Colorado “estatal” que tomó esos recursos. Enrique Vaquié fue el primer presidente de la empresa y uno de los gestores del modelo de gestión, juinto con Emilio Guiñazú, otro actor clave que atraviesa toda la historia. La empresa que tenía por objeto ser un administrador pasajero, terminó como base de una estrategia mayor.

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El acuerdo se firmó en 2020 y la transferencia de las acciones, los bienes y el dinero se ejecutó en febrero del 2021. La primera composición del directorio de PRC en manos política estuvo integrada por Enrique Vaquié, Víctor Ibáñez y Mario Isgró, todos ministros de Suarez. En la “caja” de PRC había 29.758.000 dólares. Vale había depositado 30 millones de dólares en una cuenta de Estados Unidos y se restó el costo de la auditoría interna que ordenó el Gobierno antes del traspaso. Pero además la empresa heredó las 78 mil hectáreas del yacimiento y la planta, todas las instalaciones y maquinaria de la mina, cuyo valor superaba los 200 millones de dólares.

Gran parte de esos bienes fueron cedidos a la empresa Minera Aguilar, que se quedó finalmente con el proyecto. Pero no todo fue así. En la lista había bienes que fueron pasando de manos, como un equipo de perforación que fue “prestado” a una petrolera a costo cero, rieles, una máquina de construcción de vías, vagones, camiones, camionetas y una enorme cantidad de bienes. Incluso Vale dejó como parte de la herencia un edificio de tres pisos y cocheras ubicado en calle Montevideo de Ciudad. Allí funciona ahora Mendoza Fiduciaria.

Una de las primeras acciones que ejecutó la empresa en manos estatales fue quedarse con 9 camionetas Nissan que quedaron en manos del Estado para el uso de funcionarios y empleados de las empresas estatales.

Uno de los equipos más relevantes que heredó Vale es el de perforación preparado para “perforaciones direccionales de pozos de hasta 1500 metros de profundidad”. Ese equipo fue cedido a Petrolera Aconcagua “sin costo”, en una gestión que genera polémica: ese activo fue comprado bajo los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras, fue cedido a una petrolera y la empresa estatal no recibió ninguna contraprestación.

PRC fue el primer eje de la política minera y los protagonistas del futuro comenzaban a tener presencia. Además de los ministros directores, la conducción tenía un cuerpo de síndicos. Entre ellos estaban Julio Cesar Púlisich como síndico titular y Antonio Torre como síndico suplentes. Pulisich fue director de PRC. Ambos seguirían ligados al negocio tras el futuro traspaso hacia Impulsa Mendoza y como empresarios en la firma APELEG, principal beneficiaria del Distrito Minero Malargüe Occidental por la cantidad de activos que registró.

El traspaso de la PRC privada a la versión estatal tiene muchos matices complejos. El primero fue el largo recorrido para buscar inversores, que finalmente fracasó. Otro, reflejado en los balances, es la cantidad de dinero que Vale pagó como anticipo a proveedores y al propio Estado y pasaron a ser irrecuperables. Más de 162 millones de pesos (a valores del 2019) figuraban por ese concepto en el Balance. Lo mismo respecto a 291.120.000 y 362.513.592 pesos del Fondo de Desarrollo ambiental que se pagaron por adelantado para un proyecto que no se hizo.

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Impulsa Mendoza fue creado para heredar las funciones y activos de PRC, tras la transferencia hecha del proyecto de potasio a Minera Aguilar. El modelo es muy similar al establecido previamente: una empresa estatal que también pivotea con herramientas de la actividad privada. El directorio lo forman funcionarios del Gobierno, y su gerente es también un funcionario político: Emilio Guiñazú.

Las cuentas bancarias de Impulsa Mendoza reflejan esa herencia y la empresa tiene “salud financiera” gracias a esos recursos. En su último balance se refleja una pérdida, pero eso ocurrió por el atraso en el precio del dólar. Según el Balance, Impulsa Mendoza perdió 8.599.232.607 pesos en 2024.

Además de los recursos, lo relevante de la empresa estatal es el “para qué”. Esa firma fue la que hizo el plan de exploración del distrito minero Malargüe. Con los recursos de la empresa se hizo el “mega” estudio de impacto ambiental al que las empresas privadas podían adherir para ser parte; a costo cero. Eso hicieron, y algunos, como ya explicó MDZ, con información privilegiada. La empresa APELEG fue la gran ganadora en el negocio inmobiliario de las propiedades de la primera etapa del Distrito Minero. Los dueños de esa empresa, Julio Pulisich y Torre, habían estado en las estatales Impulsa Mendoza y PRC.

El otro gran ganador del Distrito Minero es la empresa Agaucu, de Raúl Concina y Mario Chabert, dos referentes de la minería mendocina. Si el Distrito Minero Malargüe fuera el TEG, esa empresa y sus dueños tendrían copado de fichas el territorio, pues tienen 16 proyectos. Se trata de dos conocedores del terreno, pues Chabert, por ejemplo, tiene una dilatada trayectoria como geólogo que incluye su paso por Fabricaciones Militares cuando esa oficina estatal impulsaba la exploración minera en todo el país y se descubrieron algunos de los yacimientos más importantes. Las empresas Nueva Victoria y Andean son otras dos de las de mayor presencia, igual que Guillermo Wild.

Foto: Hierro Indio

Impulsa Mendoza tuvo más actividad. A través de esa empresa el Estado avanzó y comenzó a controlar un proyecto minero privado. Se trata de Hierro Indio, también ubicado en Malargüe. En 2024 la empresa estatal aportó 109.951.916 pesos y generó una discordia en la compañía que era dueña del proyecto. Desde el Estado apoyaron económicamente la exploración, por la falta de respaldo privado. Pero también impulsaron un aumento de capital que terminó sacando de la conducción a quien era propietario e impulsar de Hierro Indio: Guillermo Re Kuhl. El conflicto se desató por la diferencia de criterios: algunos socios y el Estado querían avanzar con la explotación y el aumento de capital. El “dueño” no. PRC estatal y luego Impulsa Mendoza se quedó con el 20% de Hierro Indio, pero con más influencia de lo que dicen esas acciones.

Impulsa también es socio del "nuevo" Potasio Río Colorado. En la transferencia de acciones y bienes hacia la empresa Minera Aguilar, la sociedad estatal mendocina se quedó con el 12% del paquete.