Bajo la sombra de un hipotético pacto con el kirchnerismo, el Gobierno buscará cubrir en 2026 las vacantes en la Corte
Con un manto de secretismo y tras el fracaso de los nombramientos de Lijo y García Mansilla, los libertarios piensan ocupar los dos puestos del máximo tribunal y no descartan su ampliación. La negociación de los 300 cargos sin cubrir en la Justicia.
Los tres miembros actuales de la Corte Suprema
Si bien el tema no se incluyó en sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno tiene previsto avanzar durante este 2026 con las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia e, incluso, no descarta su ampliación, tal como pretende el kirchnerismo. Tras el fracaso en el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los libertarios debieron esperar a la nueva conformación de las cámaras para barajar y dar de nuevo.
Para los principales asesores de Javier Milei, “la Corte, así como está, no puede funcionar”. “Tenemos la obligación de que no se paralice. Tenemos todo planificado, pero lo vamos a seguir manejando por etapas”, dijo a MDZ un funcionario, de contacto diario con el presidente.
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Sigue formando parte del debate interno en qué momento del año apretar el acelerador. Algunos de los integrantes de la mesa chica indican que debe ponerse en consideración en marzo, aunque hay otros más escépticos que evalúan dejar los pliegos más tiempo en los despachos oficiales “hasta que estén los números”.
Pareciera que uno de ellos es el propio mandatario. En diálogo con LN+, dijo en los últimos días: “Se hará en su debido tiempo. No es el momento, no es el momento. Porque además tengo que lograr tener los dos tercios y hoy no están”.
Parte del Gabinete atribuye estas declaraciones del líder libertario a una estrategia de evitar que la discusión se reinstale en la agenda política y se complejicen las negociaciones subterráneas que el Ejecutivo empieza a tener con distintos sectores opositores.
Sin embargo, el Gobierno debe reencauzar el vínculo dañado con el PRO, si pretende consolidar sus alianzas para el posible reinicio parlamentario en febrero, en momentos del debate por la reforma laboral y el resto de los temas que encarará durante el año.
El pacto entre el Gobierno, los gobernadores peronistas del norte y el kirchnerismo por los representantes en la Auditoría General de la Nación causó un fuerte malestar del PRO, que denunció públicamente un acuerdo en las sombras con La Cámpora. Dentro del partido amarillo creen que este escenario podría repetirse en el hipotético envío de pliegos para ocupar las vacantes de la Corte, donde el kirchnerismo busca ampliar su cantidad e incluir obligatoriamente mujeres.
Otras de las sospechas de algunos legisladores macristas, que consultó MDZ, radican en las más de 300 vacantes en el Poder Judicial, además de la discusión en torno al procurador general de la Nación.
Pese al notorio acuerdo con los K en Diputados, por intermedio del titular de la AGN y exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, el presidente volvió a mostrarse inflexible la semana pasada frente a un posible entendimiento con el cristinismo: “No estoy dispuesto a darle concesiones al kirchnerismo, vamos a tener de vuelta problema. Entonces, veremos y seguiremos adelante y en algún momento, cuando podamos juntar los dos tercios sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo para que acompañe algo”.
La especulación de los libertarios sobre el debate de los miembros de la Corte y las vacantes en la Justicia produjo un fuerte descontento en el ámbito judicial. “La cuestión de las vacantes en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos es un problema crónico y estructural que afecta gravemente el servicio de administración de Justicia. La demora en la cobertura es un tiempo es excesivamente prolongado y ocasiona innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial”, dijo a MDZ Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
“Este es un tema central de preocupación para nuestra asociación de magistrados y funcionarios. Afecta muchísimo el servicio de administración de Justicia, ya que genera que la mayoría de los magistrados titulares del Poder Judicial y los Ministerios Públicos deban hacerse cargo de juzgados y tribunales vacantes, desdoblando de esta manera su prestación laboral, debiendo atender más de una oficina judicial”, agregó.
Ese diagnóstico es compartido por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien, a mediados de noviembre, dijo: “Lo primero y principal para dar seguridad jurídica es completar las vacantes de la Justicia”.
El número dos de Mariano Cuneo Libarona, quien durante enero está en Alemania por asuntos personales, había defendido “la no injerencia del Poder Ejecutivo” en las designaciones en el Poder Judicial, respetando los concursos, “algo que no hizo ningún otro gobierno”.
Amerio, mano derecha del asesor Santiago Caputo, mantuvo durante estos dos años diálogo por debajo de la superficie con los dirigentes designados por el kirchnerismo en temas judiciales, como el ministro de Justicia bonaerense Martín Mena, entre otros referentes que eligió Cristina Kirchner.
Por más que al presidente no le interese, el Gobierno está obligado a negociar con el kirchnerismo para avanzar con las vacantes en la Corte y la ampliación del máximo tribunal, solicitado por el bloque K, podría ser la manera que se pueda destrabar la votación. Más allá del éxito en la aprobación del Presupuesto en el Senado por una composición más generosa para los violetas y con acuerdos con sectores dialoguistas, sin el visto bueno del interbloque peronista será imposible.