"Atención vip": la respuesta de ATE por la delegada echada por el Gobierno de Alfredo Cornejo

El gremio ATE cuestionó la decisión del Gobierno de Alfredo Cornejo de echar a la delegada gremial Mirta Viviana Rodríguez y sostuvo que las historias clínicas fueron utilizadas como documentación para denunciar presuntas atenciones VIP. La Provincia, en cambio, fundamentó la cesantía en el uso y difusión de información médica protegida. El sindicato apeló ante la Corte nacional.

La cesantía de una delegada de ATE del Hospital Central abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno de Mendoza y el gremio estatal. Tras la publicación del Decreto 1433, que hizo efectiva la salida de la trabajadora, la Asociación Trabajadores del Estado salió a cuestionar duramente la medida y denunció que detrás del procedimiento existe un intento de “disciplinamiento” contra una dirigente sindical.

El Gobierno sostiene una versión sustancialmente diferente. Según el sumario administrativo que derivó en la sanción, Rodríguez, quien trabajaba en la Secretaría de Sala del Hospital Central y tenía acceso al sistema de historias clínicas por sus funciones, habría utilizado información médica de terceros para respaldar denuncias personales y gremiales. La administración provincial consideró que ese acceso funcional no implicaba autorización para extraer, utilizar y difundir esos datos con otros fines.

El caso, además, tuvo un recorrido judicial previo. Debido a la tutela sindical de Rodríguez, la Provincia debió obtener su desafuero antes de avanzar con la cesantía. La Segunda Cámara del Trabajo autorizó la medida y la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó posteriormente el recurso de la trabajadora y confirmó la exclusión de la tutela sindical.

La apelación de ATE

Ahora ATE asegura que apeló el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclama que la cesantía no se ejecute mientras ese planteo se encuentre pendiente. El sindicato identifica el expediente como CSJ 001909/2026-00.

En su respuesta pública, ATE reconoce que Rodríguez tuvo acceso a documentación vinculada con historias clínicas, pero cuestiona la interpretación realizada por el Gobierno sobre el destino y la utilización de esa información.

“Lo que denunció en su momento fueron las atenciones VIP que hay en el Hospital Central”, afirmó el gremio, que sostuvo que existían diferencias en las modalidades de atención, habitaciones y pisos destinados a determinadas personas respecto de la atención habitual de otros pacientes.

El sindicato remarcó además que Rodríguez “nunca presentó una historia clínica personal” y aseguró que la documentación utilizada en sus denuncias fue entregada a organismos que, según ATE, eran competentes para recibir ese tipo de presentaciones.

Según la versión sindical, la documentación fue presentada ante la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud y posteriormente la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura. ATE sostiene que los documentos fueron entregados de manera reservada y que incluso fueron puestos a disposición de esa comisión legislativa.

La denuncia de ATE por las supuestas atenciones VIP

Este es uno de los principales puntos de conflicto entre las dos versiones. ATE sostiene que el origen del enfrentamiento está en las denuncias que Rodríguez realizó sobre presuntas “atenciones VIP” dentro del Hospital Central. El sindicato afirma que, en lugar de investigar esas situaciones, el Gobierno terminó avanzando contra la trabajadora que las había denunciado.

“En vez de atacar la situación de fondo, que son las atenciones VIP y las irregularidades denunciadas en dicho nosocomio”, sostuvo ATE, el Estado optó por iniciar un sumario contra la trabajadora y avanzar hacia la cesantía.

El Gobierno, en cambio, no fundamentó la cesantía en el contenido de esas denuncias sino en la forma en que, según el sumario, se obtuvieron y utilizaron datos médicos de pacientes.

Así, el eje de la controversia queda planteado entre dos cuestiones diferentes: ATE pone el foco en qué se estaba denunciando dentro del hospital; la Provincia, en cómo se obtuvo y utilizó la información empleada para formular esas denuncias.

La tutela sindical, otro punto de la disputa entre el Gobierno y ATE

ATE también cuestiona que el proceso haya terminado con la cesantía de una dirigente gremial.

El sindicato sostiene que la trabajadora fue objeto de una acción de “persecución sindical” y que existió un objetivo disciplinador.

Sin embargo, antes de concretar la cesantía, la Provincia debió atravesar el proceso judicial correspondiente para quitarle la tutela sindical. La Justicia laboral autorizó el desafuero y la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso presentado por Rodríguez. Ese fallo permitió al Ejecutivo avanzar posteriormente con la sanción.

ATE reconoce ese recorrido judicial, pero sostiene que todavía existe una instancia pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclama que la sanción quede suspendida hasta que ese tribunal se expida.

Una disputa por el despido que ahora tiene un nuevo escenario

La cesantía de Rodríguez deja planteada una discusión que excede su situación laboral y pone en tensión dos principios: por un lado, el derecho de los trabajadores estatales y de sus representantes gremiales a denunciar presuntas irregularidades dentro de la administración; por otro, la obligación de preservar la confidencialidad de la información médica de los pacientes.

ATE sostiene que las denuncias fueron realizadas por los canales institucionales correspondientes y que la documentación fue entregada en forma reservada. El Gobierno sostiene que el carácter reservado de una historia clínica no desaparece porque la información sea utilizada para respaldar una denuncia y que el acceso laboral al sistema no habilita a disponer de esos datos para otros fines.

La organización sindical anunció que continuará denunciando lo que considera irregularidades dentro del sistema de salud y que recurrirá a todas las instancias judiciales disponibles. La Provincia, mientras tanto, hizo efectiva la cesantía mediante el Decreto 1433, luego del proceso administrativo y del aval judicial que permitió avanzar pese a la tutela sindical.

El caso, lejos de quedar cerrado, suma ahora una nueva instancia: la que ATE pretende llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.