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Aprobaron la "Ley Hojarasca 3" y Mendoza derogará más de 130 leyes obsoletas

La iniciativa continúa con la depuración y actualización del marco normativo de leyes, mediante la derogación de algunas obsoletas.


La Cámara de Senadores dio este martes sanción completa a la denominada “Ley Hojarasca 3”, por la que se propone revisar, depurar y simplificar el marco normativo vigente en Mendoza.

El proyecto formó parte de un proceso integral destinado a "ordenar" el sistema legislativo provincial, donde se genetó un digesto para que las normas sean claras y para revisar temas que estaban sobrerregulados o que generaban demasiada burocracia para su aplicación.

Más de 130 leyes derogadas

Sólo con este proyecto se derogaron más de 130 leyes que quedaron entre obsoletas o sin un efecto práctico en la ciudadanía mendocina.

Según señalaron en la fundamentación de la ley, el proyecto "constituye la tercera etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial. En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En la segunda etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas entre los años 1951 y 1975”, y “en esta oportunidad, el análisis abarca aquellas sancionadas entre 1976 y 1990".

En esa línea, agregaron que “durante el análisis del último período señalado 1976-1990) se revisaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone la derogación total de 133 y parcial de 1. La elección de este intervalo temporal responde a la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva, acorde con los recursos humanos actualmente disponibles. Las normas sancionadas con posterioridad a 1991 serán objeto de análisis en las siguientes etapas del proyecto".

La iniciativa, en este caso, organiza las derogaciones según tres criterios principales:

  • Leyes superadas por los avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo
  • Normas reemplazadas por legislación posterior más completa y moderna
  • Leyes que perdieron sentido porque los organismos o instituciones a los que hacían referencia dejaron de existir.

De este modo, se busca contar con un ordenamiento jurídico "más claro, actualizado y coherente con la realidad institucional de la provincia".