Presenta:

Apartaron a todos los querellantes de la causa $LIBRA

El juez Martínez de Giorgi avaló un planteo de Mauricio Novelli y señaló que ninguno de los afectados por la caída del token acreditó un perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras con las que realizaron las operaciones de la criptomoneda.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, pieza clave en el lanzamiento de $LIBRA.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, pieza clave en el lanzamiento de $LIBRA.

X/@@JMilei

El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, uno de los acusados en la causa que involucra al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a otros por el lanzamiento y promoción del token $LIBRA, y resolvió apartar como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

La decisión del juez limita la participación de esos inversores como acusadores particulares y partes afectadas, por lo que a partir de ahora no podrán intervenir en el expediente ni impulsar medidas de prueba. La investigación continuará a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

La defensa de Novelli, a cargo de Daniel Rubinovich, sostuvo que quienes habían sido admitidos como querellantes carecen de legitimación para continuar interviniendo porque no lograron acreditar la condición de "particularmente ofendidos". En ese marco, el defensor argumentó que el avance de la investigación permitió descartar, al menos por el momento, una hipótesis típica de estafa vinculada con la compra del token.

Sin embargo, Rubinovich no desconoce la existencia del proyecto $LIBRA, el activo digital fue efectivamente lanzado y las empresas participantes desarrollaban actividades reales dentro del ecosistema blockchain, pero cuestionó la permanencia de los querellantes en la causa al considerar que, si la investigación terminó orientándose hacia posibles delitos contra la administración pública, los intereses eventualmente afectados serían colectivos y no el patrimonio individual de los inversores.

El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación principal, no se pronunció sobre el planteo; más bien indicó que la decisión sobre la admisión o exclusión de querellantes corresponde exclusivamente al juez de la causa.

Los abogados de Marchetto, Vega y Paris rechazaron el planteo de Novelli y recordaron que la Cámara Federal ya había reconocido su legitimación como querellantes, decisión que, según afirmaron, había quedado firme, al tiempo que sostuvieron que las medidas de prueba incorporadas durante la investigación fortalecieron la hipótesis de una maniobra defraudatoria.

Martín Romeo también se sumó al rechazo e indicó que la causa investiga "una maniobra defraudatoria compleja" basada en la construcción de una apariencia de legitimidad institucional y empresarial para inducir a error a los inversores. Para el experto en cripto, el supuesto engaño habría incluido el uso de la figura del presidente de la Nación, información privilegiada, manipulación de la liquidez del token y el posterior retiro masivo de fondos por parte de los desarrolladores del proyecto.

En el mismo sentido, Braian Emanuel Quintero afirmó haber adquirido el token durante el período investigado y sufrir un perjuicio patrimonial como consecuencia de la operatoria y remarcó que la investigación continúa centrada en determinar si existió una maniobra organizada mediante la creación y promoción del activo digital, la utilización de información privilegiada y la extracción coordinada de liquidez desde billeteras vinculadas al equipo desarrollador.

En su fallo, Martínez de Giorgi concluyó que ninguno de los cinco querellantes logró acreditar un perjuicio "real, especial, singular y directo", condición indispensable para intervenir como particular damnificado. En esa línea, sostuvo que la mera existencia de pérdidas económicas derivadas de la compra de $LIBRA no basta para demostrar que esas consecuencias se vinculen de manera concreta con las conductas investigadas.

Asimismo, recordó que la legitimación de un querellante no es definitiva y puede revisarse a medida que avanza la investigación. Si bien reconoció que las instancias superiores habían admitido previamente a algunos de los inversores como partes del proceso, destacó que esas decisiones contemplaban expresamente la posibilidad de reexaminar la cuestión cuando existieran nuevos elementos de prueba.

El juez destacó la dificultad para acreditar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir el token y que las capturas de pantalla, enlaces y registros aportados por los inversores únicamente permiten comprobar la existencia de determinadas operaciones en la blockchain, pero no identificar con certeza quién controlaba efectivamente las wallets ni el origen de los fondos empleados para realizar las compras.

Respecto a la línea investigativa vinculada a presunto pago de sobornos a Karina Milei para obtener reuniones con el presidente y promover el proyecto $LIBRA, Martínez de Giorgi enfatizó que dicha hipótesis tampoco convierte automáticamente a los compradores del token en víctimas directas de esos posibles delitos, ya que los bienes jurídicos protegidos en esos casos son distintos.

La causa principal se originó a partir de denuncias presentadas por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes solicitaron investigar si Karina Milei, en su carácter de secretaria general de la Presidencia, pudo haber incurrido en delitos de cohecho, cohecho transnacional y negociaciones incompatibles con la función pública. Posteriormente, se acumularon otras denuncias, entre ellas una presentada por Claudio Lozano, relacionadas con la creación, lanzamiento y promoción de la criptomoneda.

La investigación busca determinar si el lanzamiento del token $LIBRA, promocionado el 14 de febrero de 2025 por Javier Milei a través de su cuenta oficial en la red social X, fue utilizado para desarrollar una maniobra que permitió a los desarrolladores retirar cerca de 100 millones de dólares desde billeteras vinculadas al proyecto, provocando pérdidas patrimoniales a miles de inversores. En ese contexto también se investigan las reuniones mantenidas entre funcionarios nacionales y los empresarios extranjeros Julian Peh, representante de Kip Network, y Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, además de la participación de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en la organización del Tech Forum, evento que antecedió al lanzamiento del activo digital.