Andrés Basso: "La principal deuda de la Justicia es la lentitud de los procesos"

Andrés Basso es magistrado federal; inició su carrera en el poder judicial en la provincia de Buenos Aires. Desde 2013 es parte del Tribunal Oral Federal Número 3 e intervino, entre otras, en causas de alto impacto como Oil Combustibles y el segundo juicio por el atentado a la AMIA.

Desde octubre de 2023 es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que representa a la justicia federal de las 23 provincias y a la justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la entidad de magistrados y funcionarios más importante del país. Desde ese cargo, Basso se convirtió en una voz activa en los debates sobre independencia judicial, reforma procesal, modernización tecnológica y el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

En Entrevistas MDZ, el magistrado repasó el momento institucional que atraviesa la Justicia argentina, defendió con argumentos constitucionales la postura de la Asociación frente al traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, celebró la digitalización acelerada por la pandemia, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en manos equivocadas y puso sobre la mesa la deuda que, a su juicio, sigue pendiente: la lentitud de los procesos judiciales.

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-¿Cómo describiría hoy el momento institucional que atraviesa la justicia argentina y cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial?

-Nosotros siempre sostenemos, sobre todo, especialmente desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que la función que tiene asignado el Poder Judicial de la Nación en una república es una función trascendental, porque no es ni más ni menos que controlar, como uno de los tres poderes del Estado, a los otros dos poderes, a los poderes políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre otras funciones. Pero esa es una función trascendental que nos asigna la Constitución Nacional y, en ese sentido, tenemos que todos los que integramos el Poder Judicial de la Nación, magistrados, funcionarios y empleados, poder asegurar un servicio de administración de justicia que cumpla con esos ideales constitucionales. No es simple y siempre existen tensiones entre los poderes, cuestión que no nos tiene que alarmar. Es lógico en cómo está concebido el sistema republicano, especialmente las democracias occidentales como es la nuestra; es lógico que existan tensiones entre los poderes, pero ahí está la función clave que tiene el Poder Judicial de la Nación y que debe ejercerla con absoluta independencia. No es fácil, es un desafío, le diría a diario, pero para eso la Constitución nos dotó de ciertas herramientas, de ciertas garantías para hacerlo de una manera técnica, como es la inamovilidad en el cargo, la intangibilidad de las remuneraciones y un sistema especial para la remoción de los magistrados, que justamente el Constituyente nos dotó de esas garantías para que podamos cumplir esta función esencial, que es la de, en un Estado de Derecho, controlar a los otros poderes.

-¿Qué papel cumple hoy la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dentro del debate institucional sobre el funcionamiento del sistema judicial y la defensa de la independencia de los jueces?

-Es un papel fundamental. Más de una vez ha ocurrido ante ciertos embates; me estoy refiriendo a las últimas décadas, de distintos embates sufridos por los gobiernos de turno. El último valladar institucional que siempre tuvo el Poder Judicial fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que a mí a veces me preguntan, ¿cuál es la función de la asociación? Y bueno, tenemos un montón de funciones; están las funciones netamente gremiales que tienen que ver con la parte de la corporación judicial. Pero la función, si tengo que reducir en una sola cuál es la función más importante que tenemos como asociación es justamente esto que hablamos al comienzo de la charla, que es asegurar que cada juez, que cada fiscal, que cada defensor pueda desempeñar su función de manera independiente. Y entonces, ante cada agresión o ante cada intimidación o amenaza que pueda sufrir un magistrado para desenvolverse de manera independiente en su magistratura. Ahí está la asociación, muy presente. Es una institución muy fuerte con llegada a todo el territorio nacional, porque la asociación representa a la justicia federal de las 23 provincias y la justicia nacional de aquí de Capital Federal, con lo cual es la institución de magistrados y funcionarios más importante del país. Y en ese tema de defender la independencia judicial tenemos una postura institucional muy proactiva, muy firme, sea cual sea el poder de turno. Y con esto, si me permitís un segundo más, porque a veces cuando uno habla de independencia, muchas veces se piensa que hablamos de cuestiones generales o abstractas y realmente la garantía de la independencia judicial está concebida en realidad para con el ciudadano, para la sociedad, para el ciudadano de a pie. Porque si un ciudadano, cuando tiene que recurrir al Poder Judicial ante alguna afectación de algún derecho, recordemos los casos de cuando el Estado, alguna obra social no cubre algún tratamiento de salud o tratamiento médico que tiene la obligación de cubrir, tiene que, a través de un amparo, presentarse ante los estrados judiciales o ante el fuero de Seguridad Social, cuando el Estado no cumple con todo el tema de jubilaciones o de reajustes previsionales, ni hablar lo que pasó a comienzos de siglo con el tema del “corralito”, donde en su momento un gobierno había afectado la propiedad de los ciudadanos al afectar los ahorros que tenían depositados en entidades bancarias, en temas de violencia de género y en cualquier otro tema más que afecta a la ciudadanía, ese ciudadano debe concurrir a un estrado judicial y debe encontrar un juez que sea independiente de los poderes políticos y también de los otros factores de poder que existen en toda sociedad y pueda fallar conforme a derecho, haciendo lugar o no a la a la demanda que le presenta el ciudadano. Pero necesita un juez independiente que, si correspondiera, falle en contra del Estado, sí hay algún derecho que fue conculcado. Por eso es tan importante y por eso la Constitución nos dota de esas garantías para poder asegurar que el juez sea independiente. Dicho esto, yo siempre digo, después el juez tiene que estar a la altura y efectivamente cumplir fielmente su mandato constitucional y actuar con independencia. Y para terminar, este principio rector de la independencia que yo creo que es muy importante, no solamente del ciudadano que necesita un juez independiente, también el sector privado. Cuando hablamos de las pymes, cuando hablamos de grandes empresas multinacionales, lo primero que preguntan antes de hacer una inversión en el país es si el sistema de justicia en la República funciona o no funciona. Si el Poder Judicial de la Nación da seguridad jurídica, otorga reglas claras o no, porque son empresas que, antes de hacer inversiones, por lo general millonarias, quieren asegurarse de hacerlas en un Estado, en un sistema donde el Poder Judicial funcione y sea independiente de los gobiernos de turno y se respeten las garantías y haya seguridad jurídica, no se puedan modificar las reglas de juego según la coyuntura política del momento. Por eso este concepto de independencia de abstracto no tiene nada; es muy concreto y yo siempre me encargo ahora de este rol institucional con el cual fui honrado por la gran mayoría de los asociados y asociadas de la institución que yo presido. Siempre me encargo de tratar de explicar a la ciudadanía la importancia de tener jueces independientes.

-La Justicia suele ocupar un lugar central dentro del debate público, como bien me acaba de mencionar acá en la Argentina. ¿Cómo se vive esa exposición desde adentro del Poder Judicial y qué tipo de demandas sociales se perciben hoy sobre el funcionamiento de la justicia?

-Hoy estamos muy observados por la sociedad. Hay como un análisis muy crítico de la gente sobre el Poder Judicial, que me parece eso me parece muy bueno y me parece muy saludable. No dejamos de ser funcionarios públicos por más que pertenezcamos a uno de los tres poderes y tengamos esta función tan importante en un Estado de derecho. Somos servidores públicos, en este caso con una función delicadísima que la República puso en nosotros, que es resolver sobre las cuestiones más importantes de las personas, que es la libertad, el patrimonio, y como yo siempre digo, algo todavía más importante que la libertad y el patrimonio, que es el honor de las personas. Entonces, bienvenida esta atención de la sociedad sobre cómo funciona la justicia. Así que es saludable y está muy bien que así sea. Y tenemos cada vez más que bregar porque haya estándares de transparencia y de una especie de gobierno abierto en el Poder Judicial; en eso se ha avanzado mucho en los últimos años. ¿Cómo lo veo?, como toda institución, tiene falencias y virtudes, tiene aciertos y errores. En mi caso particular, yo tengo mucha autocrítica. Creo que hay muchas cosas que el Poder Judicial, como servicio de administración de justicia, tiene que mejorar y nosotros somos los principales interesados y, lamentablemente, también hay magistrados que no hacen honor y no honran la función que se les ha encomendado. En eso tiene el Consejo de la Magistratura una función esencial a través del mecanismo del Jurado de Enjuiciamiento, que ha habido casos que ha funcionado, pero le aseguro que la inmensa mayoría de los magistrados y funcionarios que cumplen diariamente con vocación y con responsabilidad su función. Somos los primeros interesados en que los malos ejemplos, que son los que lamentablemente llegan a la opinión pública, porque yo entiendo la lógica periodística, lo que llama la atención o lo que es noticia es el mal juez que existe. La inmensa mayoría somos los principales interesados en que esas personas no formen más parte del Poder Judicial, que haya una autodepuración, porque nos hacen quedar mal a todos y además deslegitiman todo el sistema judicial. Y repito, un país que no pueda brindar un servicio de justicia acorde a los estándares republicanos es un país inviable.

La garantía de independencia judicial es con el ciudadano

-Desde la mirada de los magistrados y de la asociación, ¿cuáles cree usted que deberían ser las prioridades cuando hablamos de una reforma?, ya que venimos hablando de reformas judiciales y de reforma de leyes, ¿cuáles cree que debe ser imprescindible tener en cuenta para que los cambios sean realmente efectivos?

-Voy a dar un factor con el que creo que van a coincidir todas las personas que nos están mirando y leyendo, que es el tema de los tiempos procesales. Hay una frase que dice: "Una justicia lenta no es justicia”, y es así. Si un ciudadano o en un pleito penal, civil, laboral, comercial, de la materia que sea, concurre a una oficina judicial y la respuesta judicial llega después de muchísimos años, y la sentencia puede estar muy bien escrita, puede tener muy buenos fundamentos, pero seguramente no sea efectiva. Para mí, una de las principales deudas que tiene el Poder Judicial es, en muchos casos, la lentitud. Nosotros como asociación trabajamos y aportamos mucho ante el Poder Legislativo y también ante el Poder Ejecutivo en todos los proyectos de reforma judicial que tiendan a agilizar los procesos judiciales. En el orden penal, es muy conocido la implementación progresiva del sistema acusatorio que está realizando el actual gobierno en distintas provincias del país, y ahí nosotros hemos tenido y estamos teniendo un rol central, como dije, tenemos presencia en todo el país, con lo cual hemos realizado, desde que el gobierno comenzó con la aplicación progresiva del nuevo código, una tarea de capacitación que nos ha costado mucho desde el punto de vista logístico y también de los recursos de la asociación, pero estamos convencidos que hay que hacerlo. Tarea de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados muy ambiciosa y viene funcionando muy bien y creo que el nuevo Código, que tampoco es la panacea como toda legislación, es perfectible, pero en el orden penal, sin dudas, va a acelerar los tiempos de los procesos penales. En el orden civil también hay un proyecto de oralidad plena que también tiende a llevar la oralidad a todo el proceso civil. Estos son todos reformas y proyectos que son bienvenidos y nosotros apoyamos para contestar la pregunta, porque creo que es la principal deuda que tenemos, que es en muchos casos lo que tarda la justicia en resolver las contiendas, los expedientes que le llegan para su conocimiento. Ya vamos a tocar en un ratito todo este tema de la oralidad, de la oralidad, de los debates y, por supuesto, el sistema acusatorio, que es un advenimiento que está buscando implementarse. Pero lo quiero llevar ahora a un punto muy importante y que tiene que ver con la transferencia de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses se volvió a discutir este proceso de traslado de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde una mirada institucional, ¿qué implica este proceso dentro de la organización del sistema judicial y qué condiciones deberían garantizarse para que se realice de manera ordenada y previsible? Para comenzar a contestar, permíteme recordar la postura institucional que tiene la Asociación de Magistrados y Funcionarios y que de manera inalterable la sostiene hace más de 30 años de oponerse a toda posibilidad de traspaso de la justicia nacional, de los fueros, de la justicia nacional a la órbita, al ejido de la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires. Esta postura tiene anclaje en lo que determinó la Constitución Nacional en la última reforma del año 1994, donde claramente el Constituyente distinguió y le dio un estatus especial a la Capital, es cierto. Pero no la equiparó en ninguna parte de su articulado a una provincia. Eso surge claramente cuando analizamos el artículo 5.º, por ejemplo, cuando en la Constitución se le otorga la garantía federal a las provincias y se les dice que tienen que dictar una Constitución cada una de las provincias que asegure el sistema representativo y organice su sistema de justicia y no incluye ahí a la ciudad. Y por el contrario, el artículo 129 se refiere específicamente a este estatus nuevo que le da la ciudad y dice que va a tener sí un gobierno autónomo, pero no equiparable a una provincia, y establece que va a poder tener un sistema de justicia local. Puedo completarte: hay muchas cláusulas de la Constitución que de alguna manera fortalecen la postura institucional de la asociación, pero para finalizar, el artículo 75, inciso 12, establece que “la aplicación de los códigos de fondo solamente le corresponde a las provincias y a los tribunales federales y nacionales”. Y este artículo 129 que cité anteriormente establece que, mientras este diseño institucional todavía hoy vigente, de que esta ciudad sea la capital de la nación, una ley, establece el artículo 129, dictada por el Congreso, va a garantizar los intereses del Estado Nacional en este territorio federado.

Esa ley es conocida como “ley Cafiero”, donde claramente establece que los fueros de la justicia nacional van a seguir perteneciendo al Poder Judicial de la Nación y establece la materia local que le corresponde al sistema de administración de justicia de la ciudad. Y entonces nosotros, cuando a veces nos critican por esta postura tan firme de rechazo a toda posibilidad de traspaso, decimos: "Es lo que dijo la Constitución", entonces, yo no digo que sea el diseño institucional ideal; seguramente superadores o mejores es lo que establece la Constitución. En todo caso, hay que modificar la Constitución. No obstante esto que te acabo de decir, nosotros siempre hemos tenido una postura de diálogo con los distintos gobiernos de turno y con las autoridades de la ciudad, con la cual tenemos un buen diálogo y buena relación institucional, como corresponde. Y es verdad que ha habido una mesa de diálogo en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación para analizar la posible transferencia de competencias. De aquellas competencias que los distintos fueros de la justicia nacional hoy por hoy tienen, pero que es cierto que en algunos casos, algunas materias tenían un interés meramente local y que entonces eran pasibles de ser transferidas a la justicia de la ciudad. Venimos trabajando bien durante un año y medio. Todas las cámaras nacionales y la Asociación de Magistrados y Funcionarios en esta Comisión que está dentro del seno del Ministerio de Justicia y que fue creada con motivo del fallo de la Corte conocido como “Fallo Ferrari”. Así que en ese ámbito, estamos abiertos, estamos dialogando; las distintas cámaras han hecho un estudio muy riguroso de qué competencias podían ser transferidas y cuáles no en el marco de esa mesa de diálogo donde nosotros somos actores principales; venimos avanzando muy bien. Obviamente que esta última ley de modernización laboral, que establece de alguna manera una especie de disolución del fuero laboral, generó una situación de consternación en la Asociación de Magistrados y Funcionarios, porque de alguna manera aborta estas instancias de diálogo que nosotros veníamos llevando adelante.

-Vemos debates transmitidos por YouTube, vemos expedientes digitalizados, todo un advenimiento del sistema acusatorio, lo que se propone como el sistema acusatorio al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué balance hace de este proceso de modernización tecnológica y qué aspectos cree que aún quedan pendientes para consolidar una justicia más ágil?

-Estoy totalmente de acuerdo en incorporar las nuevas tecnologías al servicio nuestro de administración de Justicia y en esto voy a ser muy gráfico; siempre digo lo que logró la pandemia en el Poder Judicial en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías. Voy a ser autocrítico: teníamos un expediente en papel hasta el 20 de marzo del 2020, día que empezó la pandemia; estaba ya el expediente digital, teníamos el sistema LEX, pero paralelamente seguíamos trabajando con los expedientes con papel y con la firma holográfa. La pandemia generó una especie de mini revolución y empezamos a utilizar todas estas nuevas tecnologías y también generó que el recurso de pocos meses, en lo que duró la la etapa más crítica de la pandemia, el Poder Judicial se modernizara, y acá hago la autocrítica. Si no hubiese sido por la pandemia, nos hubiese llevado muchísimos años y lo hicimos en dos o tres meses. Así que bienvenidas las nuevas tecnologías; son muy importantes, le dan mucha más celeridad, y no lo decimos solamente nosotros desde el Poder Judicial, los abogados están asombrados, como sus peticiones, que antes tenían un lapso de demora en días, no quiero dar un dato porque depende de cada proceso, pero lo que antes demoraba unos cuantos días o semanas para resolverse, hoy se resuelve de un día para el otro. Está todo digitalizado, no existe más el expediente de papel y esto ha beneficiado mucho lo que hablábamos del tema de los plazos procesales, de la celeridad en la respuesta judicial. Ahora está la IA; yo digo que es otra revolución. Cuando se estudie en unos años, el impacto de la inteligencia artificial se lo va a tomar como una verdadera revolución. Y es un desafío, porque yo sé que el problema no es la IA, bienvenida para el Poder Judicial, sobre todo para temas de gestión. Nosotros también tenemos algunos procedimientos; no todos son igual de complejos, o en la jurisdicción donde yo me desempeño, eh, que por lo menos estamos acostumbrados a procesar causas de crimen organizado o delitos contra la administración pública de corrupción, que tienen una cierta complejidad, ni hablar de lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico. Pero hay muchos procesos judiciales que la IA puede realmente agilizarlos, principalmente los que son muy sistematizados, pero igual hoy el empleo de la IA puede ser muy importante. Vos hablabas de desafíos de la IA; yo digo que el problema no es la IA. La idea es una herramienta fabulosa, pero el problema es en manos de quién está la IA y con qué fines. No nos olvidemos que la inteligencia artificial puede servir para, en este caso, acelerar procesos judiciales. Uno puede hacer un dispositivo electrónico para ayudar a personas con capacidad diferente con la IA, pero también puede afectar sistemas democráticos. Ha pasado en Europa; ha habido casos como el de Rumania, donde tuvo que anularse una elección y tuvo que hacerse otra; pasó en Polonia, en Alemania, es decir, mal utilizada, puede socavar hasta las bases mismas de los sistemas democráticos, con lo cual el problema no es la IA, el problema es en manos de quién está y con qué fines. Y ahí empezamos a hablar de los algoritmos, claro, porque yo cuando empiezo a hablar de algoritmos, siempre me pasa lo mismo; es como que entramos en una esfera de opacidad donde ya no se sabe bien quién los hace, con qué sesgos se cargan; el desafío es enorme. Creo que ahí tenemos que estar muy atentos en cómo regular el uso de la IA.

-Usted preside un tribunal oral federal con una cantidad de debates que hemos visto, subroga y subroga en otros tribunales, y el juicio oral suele ser el momento más visible del proceso judicial. ¿Qué importancia tiene la oralidad para fortalecer la transparencia del sistema y la confianza de la sociedad en las decisiones judiciales?

-Es clave para, de alguna manera, acercar lo que hacemos nosotros, en este caso en el proceso penal, acercarlo a la gente, a la ciudadanía, que puedan ver cómo funciona un juicio. Antes era todo escrito con la reforma procesal que entró en vigencia en el año 93; se estableció que la segunda parte del proceso penal, que es la parte del plenario, sea a través de juicios orales y públicos. Y ahora esta nueva reforma del sistema acusatorio organiza todas las etapas del proceso penal. Es fundamental porque permite a la ciudadanía poder conocer de cerca y de primera mano cómo funciona el Servicio de Justicia y eso va a permitir de alguna manera lo que hablábamos hoy al comienzo: “reconciliarnos con la sociedad”, que la sociedad pueda ver qué significa la tarea de los magistrados, de los funcionarios. Así que para mí es clave y hay que entender que la oralidad no se circunscriba solamente a los procesos penales, sino que se expanda a todos los procesos judiciales.

-Habíamos hablado de los motivos constitucionales por los cuales no se debe hacer precisamente el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿cuáles cree que son las variables institucionales que deberían analizarse antes de avanzar en una transformación de esta magnitud y qué importancia tiene asegurar la estabilidad y seguridad jurídica para todos los actores que están involucrados?

-La única forma es una reforma de la Constitución. Sin perjuicio de eso, hay otras alternativas. Una también es sentarnos en una mesa, que lo estamos haciendo, con las autoridades de la Ciudad para analizar, dentro de toda la competencia que tienen los fueros nacionales, deslindar aquellas competencias que indudablemente se puede concluir que tienen un interés meramente localista sin ser transferidas y reservar las competencias netamente federales de los fueros nacionales para que las siga manteniendo la justicia nacional. A veces, sin analizar bien los temas, se dice: "¿Pero por qué la justicia nacional está dentro del Poder Judicial de la Nación si es lo mismo que una justicia de provincia?". Y ahí hay un desconocimiento muy notorio porque la justicia nacional, justamente, la mayor parte de su competencia no es equiparable a la competencia de las justicias de las otras 23 provincias. Justamente porque está radicado en la Capital Federal, donde tiene asiento el gobierno federal, y eso genera tanto en temas laborales, civiles, comerciales, que las empresas más importantes del país tengan radicación y domicilio aquí. Entonces, los efectos de las resoluciones adoptadas por la justicia nacional, en la gran mayoría de los casos, tienen trascendencia interjurisdiccional y eso pasa muchísimo también, no solamente en temas comerciales, sino en temas laborales, que yo lo expliqué hace muy poco, cuando tuve la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados con motivo del proyecto de reforma laboral. Entonces, a veces, en forma un poco simplista, se quiere equiparar a la justicia nacional con las provinciales y entiendo que es simplemente por una cuestión de desconocimiento.

Hay un análisis muy critico de la gente sobre el poder judicial

-Se habla de una distancia entre la justicia y la ciudadanía. ¿De qué manera cree usted que el Poder Judicial puede mejorar su vínculo con la sociedad y facilitar la comprensión pública de las decisiones?

-Sí, lo del lenguaje es verdad y hay todo a través de la Corte Suprema, a través de acordadas y resoluciones, todos unos lineamientos que ha fijado para que todos los poderes, los integrantes del Poder Judicial de la Nación, empiecen a utilizarlo, pero eso va a ser más concreto. Desde la Asociación coincidimos con tu análisis de que hay una distancia muy notoria entre la sociedad y el Poder Judicial y somos los principales interesados en achicar esa distancia y estamos teniendo una política institucional muy proactiva de vincularnos con distintas entidades del quehacer social y no me refiero a entidades que tengan que ver con el derecho, de ciudadanía y a través de vínculos que vamos generando con instituciones, establecimientos comunitarios que tienen mucha inserción en determinados territorios, por lo general las zonas más vulnerables del país, vamos generando convenios de asistencia recíproca y generamos que los magistrados y los funcionarios puedan ir a la sede de estas instituciones a explicar qué es lo que hacemos como jueces, como funcionarios, en qué consiste la actividad judicial y muchas veces dar charlas orientativas sobre temáticas que le interesan puntualmente a cada uno de estos establecimientos comunitarios con los cual nos vinculamos. Creo que esa es una forma de acercarnos; obviamente que no va a ser la única ni va a ser suficiente, pero en eso estamos teniendo una política institucional muy, muy activa para poder de alguna manera acercarnos con la sociedad.