Abusos en el Senado: una funcionaria admitió que conocía las denuncias en el caso "La Orden de la Luz"
Estela Díaz es la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires.
La ministra de Mujeres y Diversidad de Axel Kicillof, Estela Díaz, reconoció que al asumir en diciembre de 2019 estaba al tanto de acusaciones por abusos sexuales -algunos dentro del Senado bonaerense-, presuntamente cometidos por integrantes de una secta llamada "La Orden de la Luz", relacionada a una agrupación política en La Plata.
La funcionaria se refirió a las denuncias contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana y sostuvo que se trataba de rumores sin causas judiciales firmes.
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Las acusaciones se remontan a 2014 y 2019, pero durante años la investigación no registró avances significativos. Ese letargo judicial, según la reconstrucción del caso, llevó incluso a que una de las víctimas se fuera de La Plata para radicarse a más de 300 kilómetros. Recién más de cinco años después, la fiscal Betina Lacki reactivó uno de los expedientes tras la aparición de nuevas denunciantes, mientras que a mediados de 2025 se abrió otra causa con más hechos.
La ministra que sabía
Consultada sobre su conocimiento previo, Díaz evitó precisar fechas, aunque no negó que los señalamientos circularan antes de su asunción. “Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, argumentó, al tiempo que recordó que los delitos sexuales contra personas adultas son de instancia privada y no obligan a denunciar a los funcionarios.
La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad se produjo recién en octubre de 2024, cuando una empleada del Senado pidió ayuda. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo, donde la víctima fue escuchada sin que aún existiera denuncia penal. Desde la cartera le indicaron que debía recurrir a la Justicia para acceder a medidas de protección, un criterio cuestionado por sectores del feminismo, que sostienen que el acompañamiento estatal debería ser previo y no condicionado.
La denuncia finalmente se presentó a mediados de 2025. Para entonces, Rodríguez y Silva Muñoz ya tenían una orden de alejamiento dictada en diciembre de 2024. El Senado los apartó de sus funciones, aunque continuaron cobrando salarios hasta su detención, ocurrida meses después.
Cuestionamientos al movimiento La Capitana
En paralelo, surgieron cuestionamientos por la participación de La Capitana en actividades políticas vinculadas al espacio del gobernador Axel Kicillof. Díaz negó vínculos orgánicos y aseguró que rechazó actos conjuntos, aunque reconoció que los acusados solían asistir a eventos públicos para fotografiarse con dirigentes. Existen registros de imágenes compartidas entre 2020 y 2025 y de actos en los que coincidieron con víctimas pese a las restricciones judiciales.
La causa también apunta al rol de Melina Gaudino, señalada como una “falsa abogada” que habría simulado representar legalmente a denunciantes para frenar el avance de las acusaciones. Testimonios indican que inventaba gestiones judiciales inexistentes y utilizaba supuestos contactos políticos y judiciales como respaldo.
Gaudino fue desplazada de distintos cargos tras comprobarse que no tenía título profesional, aunque logró reinsertarse en otras dependencias públicas antes de ser nuevamente dada de baja.