A pesar del nombramiento de Diego Santilli, la guerra interna sigue en el Senado y se traslada a la agenda
Diego Santilli llegó para reactivar la agenda política en el Congreso. Pero esto en el Senado reabre un tironeo en el oficialismo.
Patricia Bullrich compartió los DNI que llevan su firma antes de cederle el Renaper a Diego Santilli.
EFEPatricia Bullrich quiere reactivar la agenda del Gobierno en el Senado de la Nación. Hay diez proyectos del oficialismo que hace más de un mes están paralizados. El escándalo del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en parte, explica ese parate, pero el tironeo por los temas entre Karina Milei, Bullrich y la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, complejiza la discusión. La expectativa está puesta en que el flamante ministro coordinador, Diego Santilli, pueda detener esta tensión y reactivar la agenda política.
De todos estos, hay solo tres que el oficialismo se encamina a aprobar, pero no esta semana, como quería Patricia Bullrich, sino la siguiente. Esto se definió así luego de que Victoria Villarruel pateara todo para más adelante con la convocatoria a Labor Parlamentaria recién para el miércoles 8 de julio, un día antes de los feriados por el Día de la Independencia.
La guerra por la agenda de la sesión del 16 de julio
Los proyectos que quieren tratar en una eventual sesión del 16 de julio en el Senado son tres. El que más tiempo lleva en lista de espera es el de inviolabilidad de la propiedad privada, que cuatro veces ya fue postergado en la agenda de las sesiones por los distintos escándalos del oficialismo, como el patrimonio de Adorni y la (no) designación de María Verónica Michelli, candidata a un juzgado federal, pero que fue vetada por Javier Milei por ser la cuñada de Alconada Mon.
También resurgen dos iniciativas que quedaron planchadas por falta de acuerdos, una de impacto político y otra de impacto directo en la billetera de 3,4 millones de hogares argentinos. La primera tiene que ver con la reforma política que impulsa Karina Milei para terminar con las PASO.
Por más que los funcionarios frente a las cámaras insistan en que se trata de "facilitarle la vida a los votantes y que no vayan tantas veces a las urnas", el Gobierno intenta someter a la voluntad de La Libertad Avanza el armado de las listas en las provincias aliadas y asegurarse de que esos votos vayan para Javier Milei.
Como los mandatarios aliados se resisten a ceder el poder en su terreno, pero no tienen problema en acompañar la reelección de Javier Milei, una de las posibilidades que aparece y que Patricia Bullrich presentó ante la mesa política de la Casa Rosada es la de avanzar con la posibilidad de "las colectoras", como ya publicó MDZ.
Esto permite que distintos partidos presenten candidatos propios para una categoría, pero adhieran a una misma papeleta en la categoría principal. Así, la riña se abriría en la disputa por las gobernaciones en cada provincia, entre candidatos de los aliados de La Libertad Avanza y los "violeta puro" que responden a Karina Milei.
Karina Milei insiste con quitar la zona fría en plena ola polar
El otro proyecto que el Gobierno quiere tratar tiene que ver con sancionar la nueva ley de zona fría, que ya tiene media sanción del Senado. El proyecto ni siquiera tiene dictamen ni se discutió en las comisiones. Pero el miércoles, en una reunión con diputados y senadores del oficialismo, Karina Milei bajó la orden de avanzar con este proyecto.
Luego del encuentro, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara (Misiones), confirmó que van a ir a buscar la aprobación en el Senado. "Se aplicaría para agosto o septiembre", afirmó y remarcó, a favor de la iniciativa, que según él "reconfigura los subsidios y da un poco más de equidad al sistema".
El proyecto consiguió media sanción en mayo de este año con 132 votos afirmativos y 105 negativos en la Cámara de Diputados. La propuesta del oficialismo elimina la ampliación de las zonas frías que se aprobaron en mayo de 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández. Pasa la motosierra a 3,4 millones de hogares y dispara las tarifas de gas entre un 30% y un 50%.
El principal cambio recae sobre la denominada "zona ampliada", donde hoy rige un subsidio automático del 30%. Esta área comprende gran parte del interior bonaerense —La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, entre otras—, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En todas esas regiones, los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de percibir el beneficio.
Los proyectos que quedan pendientes de aprobación en Senado
También esperan en el Senado la ley "Hojarasca", que ya tiene aprobación de Diputados y busca derogar más de 60 leyes, normas y organismos en desuso para simplificar el cuerpo legal vigente. En la misma categoría hay una serie de tratados internacionales: el de extradición con Chile y el de Medellín, ambos ya con media sanción de Diputados, además del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, el tratado con Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
Otro lote de iniciativas avanza a un ritmo más lento en las comisiones. Ahí está la reforma a la Ley General de Sociedades, que deroga el decreto-ley 19.550 —vigente desde 1972— para adaptar el régimen societario a una economía distinta, e incorpora dos figuras inéditas: las sociedades automatizadas gestionadas por inteligencia artificial y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) basadas en blockchain.
También sigue en danza la reforma a la Ley de Salud Mental, pensada para destrabar los problemas de internación en casos de riesgo inminente: ya hubo dos jornadas con expositores y falta el dictamen de las comisiones de Salud y de Legislación General sobre cinco ejes centrales: el criterio para internar, el rol del psiquiatra, los hospitales monovalentes, la terminología y el peso de los tratados internacionales.
A esa lista se suma la derogación del etiquetado frontal de alimentos, que borraría los octógonos vigentes desde 2022: el Gobierno argumenta que generan trabas comerciales con el Mercosur, encarecen a la industria y confunden al consumidor, mientras que organizaciones médicas, nutricionistas y científicas insisten en que son la herramienta más clara para identificar el exceso de azúcares, sodio y grasas y que su eliminación golpearía la prevención del consumo de ultraprocesados.
Completan el tablero tres proyectos más. Uno revisa las pensiones por invalidez y modifica varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado, que exige un reempadronamiento obligatorio a todos los titulares, habilita auditorías periódicas cruzando datos con organismos como ANSES y fija que la pensión sea incompatible con tener un empleo formal.
Otro busca prevenir la ludopatía y proteger a los menores endureciendo las penas del Código Penal para el juego clandestino, y ordena a ENACOM y al Banco Central bloquear los dominios y las transacciones de los sitios no autorizados; a diferencia del proyecto con media sanción de Diputados de 2024, que prohibía toda publicidad de apuestas, esta versión del Ejecutivo permite promocionar las plataformas legales bajo restricciones estrictas.
Y por último aguarda su debate en comisión el "Súper RIGI", el régimen que Diputados aprobó la semana pasada para atraer inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en industrias nuevas o tecnológicas, a cambio de treinta años de estabilidad normativa, una alícuota de Ganancias del 15%, exenciones aduaneras y acceso progresivo a la libre disponibilidad de divisas.