La Corte le cerró el paso a un exjuez que solicitaba una indemnización millonaria
La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso extraordinario provincial que presentó el exjuez laboral destituido por desorden de conducta en 2020, Antonio Sánchez Rey, con la que reclamaba una indemnización de más de $100 millones por un accidente laboral en 2017.
El fallo fue dividido y tuvo dos votos negativos para el planteo del exjuez, por parte del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; y la jueza de Cámara, Marina Isuani; mientras que votó en disidencia el ministro de la Corte, Julio Gómez.
Según el planteo de Sánchez Rey, que tuvo como abogado a Diego Sánchez Azcona, la Séptima Cámara del Trabajo, que resolvió que el exjuez debía cobrar de indemnización $14,9 millones por un accidente laboral (se apretó una mano con el portón del estacionamiento del Poder Judicial en 2017), emitió un fallo "contrario a derecho, arbitrario y claramente apartado de las circunstancias de hecho".
El cuestionamiento fue en la forma en que se liquidó la indemnización por el accidente laboral sufrido, alegando que debía haberse calculado "en los términos del decreto 414/99 con más la capitalización dispuesta por el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación".
De hecho, el cálculo de la indemnización debería haber superado los $100 millones, tal como expresó en su recurso ante la Justicia.
Fallo en contra
Entre los argumentos, Gómez dijo que correspondía "admitir formalmente el recurso" y consideró que "en principio se encuentran cumplidos los recaudos formales establecidos por los Arts. 145, 146 y 147 del Código Procesal Civil, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 148 del mismo cuerpo normativo, corresponde su admisión formal".
No obstante, Garay e Isuani, votaron por el rechazo.
Sostuvieron que el recurso extraordinario provincial "tiene carácter excepcional" y que el mismo debe ser interpretado "de forma restrictiva", pues de otro modo "se convertiría a la Corte en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo el sistema recursivo vigente".
En su análisis, destacaron que Sánchez Rey no logró refutar los fundamentos del fallo de Cámara que, junto con el dictamen del Fiscal, "había rechazado la aplicación del DNU 669/19"; y consideró válidas las disposiciones vigentes de la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557 y 27.348).
En cuanto a los intereses, la Corte coincidió con la Cámara en que "entiende pertinente la procedencia" en cuanto se establece que "la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo", algo que en principio no fue adecuadamente refutado por la parte actora.
Y lanzaron, en torno a una supuesta falta de argumentación en el planteo de Sánchez Rey: "La crítica a la errónea aplicación o interpretación de la ley, debe ser completa, decisiva, convincente, demostrativa del error en que ha incurrido el sentenciante, de manera que el superior advierta el error señalado, consignándose además de qué modo supera el defecto legal apuntado".
De esta forma, se procedió a "rechazar formalmente el recurso extraordinario provincial interpuesto el 30 de agosto de 2024", por lo que al exjuez le queda la carta de apuntar hacia la Corte Suprema de la Nación.
La destitución
Fue a fines del 2020 cuando el Jury de Enjuiciamiento fue destituido por desorden de conducta. Fue investigado por haber presionado a sus compañeros de Cámara para que homologuen el acuerdo de indemnización por $4.5 millones (en su momento) por un accidente laboral que había sufrido en el año 2017 en la playa de estacionamiento del Poder Judicial, donde se apretó el brazo con el portón eléctrico.
Por el caso también se inició una causa penal por sospechas de fraude en el acuerdo alcanzado con Provincia ART, pero fue sobreseído.