El tibio "tirón de orejas" a Seguridad por la contratación millonaria de viandas para presos

La Oficina de Ética Pública respondió esta semana con un dictamen la polémica contratación directa para la compra de viandas para presos, que arrancó en una fracasada licitación y devino en una contratación directa, lo que valió presentaciones por parte de las empresas que intervinieron y también la lupa de partidos políticos de la oposición. 

En este sentido, hubo tibias observaciones de parte de la Oficina que dirige Gabriel Balsells Miró hacia el proceso que encaró el ministerio de Seguridad en la compra de cuatro millones de raciones alimentarias destinadas al Servicio Penitenciario provincial, por un monto estimado en $54.100 millones. No obstante, no sugirió dar marcha atrás, sino que planteó actuaciones erróneas que no deberían cometerse a futuro.

Como repaso del tema, la empresa Clisa SA, que llamativamente y pese a tener este contrato desde hace varios años con la Provincia, no se había presentado en su momento a la licitación , terminó ganando la pulseada una vez se llamó a contratación directa de la compra de las viandas.

Dicha licitación había tenido un único oferente, Bio Limp SA, pero Seguridad no adjudicó el proceso por otro tipo de irregularidades administrativas de esta empresa, lo que desató el problema cuando, en contratación directa, Clisa ofreció una oferta más barata que Bio Limp. 

Al margen, el despacho 1.094  firmado por el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de Ética Pública, Sebastián Giordano, coincidió con Fiscalía de Estado en que la irregularidad se basó no en la adjudicación a Clisa, sino en que no se dio intervención previa al organismo que lidera Fernando Simón antes de emitir el decreto con el que se dio fracasada la primera licitación, por presuntas irregularidades en la propuesta de Bio Limp. 

Sobre el primer punto, en el dictamen indicaron que desde el punto de vista jurídico y patrimonial “se habilita válidamente (…) un procedimiento de contratación directa”, y destacaron que la adjudicación a Clisa representó un "ahorro" para el Estado, apoyándose en lo que resolvió Fiscalía.

No obstante, pusieron énfasis em el punto VII en que “la intervención en tiempo y forma de esa Autoridad (ndr: Fiscalía de Estado) es de vital importancia para la transparencia y equilibrio del sistema republicano”.

Según el texto, esa omisión podría haber violado el artículo 177 de la Constitución de Mendoza, la Ley 728 y el Decreto 1428/2018. De hecho, la Carta Magna provincial en ese artículo establece que "habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosoadministrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado", entre otros.

Advertencia sin sanción

Por otra parte, también en términos de advertencias, indicó el funcionario en el mismo punto VII, que este tipo de omisiones -de no haber acudido a Fiscalía de Estado- podría generar a los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables a eventuales responsabilidades patrimoniales, ya que "se ayuda a evitar planteos nulificantes" con la participación de este organismo de contralor.

"Previene que, tanto la Provincia como los funcionarios públicos, puedan resultar eventualmente responsables de afrontar con sus patrimonios los actos dañosos por los que puedan ser judicialmente condenados", marcaron.

Sigue el control del proceso y un pedido de modificación

Al margen de esto, seguirá el control de Ética Pública. "Habiendo interpretado y fundado suficientemente el Sr. Fiscal de Estado que se debió remitir el procedimiento al Órgano de Control en forma previa a la emisión del Decreto Nº 223/25" (con el cual se dio por fracasada la licitación), Giordano sugirió al Auditor General "mantener habilitadas las actuaciones en seguimiento de control, siendo el Ministerio de Seguridad de la Provincia el que en lo sucesivo ha de avenirse a dar efectiva remisión a control procedimental en la forma y oportunidad prefigurada en su doctrina por el Órgano Constitucional".

Finalmente, se aconsejó también que se dé paso a Asesoría de Gobierno, pero para establecer obligaciones al Poder Ejecutivo de acudir a Fiscalía de Estado, y no como una mera posibilidad, en este tipo de casos.

También dijo en el punto XIII que entiende "prudente" recomendar al Ministerio de Segurdida que concurra ante Asesoría de Gobierno "con el objeto que se modifique el decreto 1428/18, "sugiriéndose dotar al mismo de (nuevos) parámetros de remisión objetivos, determinados, previsibles, tanto temporales como de fondo (ndr: : dejando sin efecto expresiones facultativas como “podrá”) a fin de evitar interpretaciones contrapuestas como por ejemplo con la recepción formal y con la garantía de oferta".

El dictamen