Qué piensan hacer en Mendoza con los bienes decomisados de los robos y de otros delitos

La Legislatura de Mendoza pondrá en la mesa de debate qué hacer con los bienes decomisados por la Policía de Mendoza y/o la Justicia provincial a través de robos o diversos delitos. Un primer paso lo dio la Suprema Corte de Justicia, que pretende "devolver" los bienes robados a las personas que fueron víctimas y que recuperó la Policía en diversas actuaciones.  

No obstante, el diputado provincial radical, Franco Ambrosini, presentó un proyecto de ley que busca optimizar el uso de bienes decomisados en causas penales y administrativas, mediante la creación de una Oficina de Gestión de Bienes dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Aquí se apunta principalmente a los decomisos regulares en el marco de un proceso penal, en el cual los bienes quedan "en favor del Estado", según marca el artículo 23 del Código Penal; así como también automotores o "bienes de significativo valor", que pueden ser utilizados por la Policía, como establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de Mendoza.

En estos casos, se trataría de bienes que no han sido reclamados por las víctimas, ya que si forman parte de quien cometió el delito, aparece también la figura de la extinción de dominio, por la cual el fruto del remate de dichos bienes muebles o inmuebles, van a parar a la Dirección General de Escuelas (DGE), como el recordado caso Lobos, por dar un ejemplo. 

Más recursos para la Policía en menos tiempo

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo principal es "coordinar y centralizar" los recursos que el Estado obtiene a través de procesos judiciales, como vehículos, dispositivos electrónicos y otros bienes de valor, para destinarlos al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

Actualmente, según justificó Ambrosini la normativa aplicable a estos bienes "está dispersa en diferentes leyes, lo que complica su aplicación efectiva y seguimiento".

Según dijo Ambrosini a MDZ Online, "el tema es qué hace con los bienes que decomisó la Policía. La idea es dar un plazo perentorio para la devolución o utilización de los mismos, porque le sale muy caro al Estado mantenerlos" archivados o se terminan echando a perder (por ejemplo los vehículos).

Agregó que "después de un periodo de tiempo, esos bienes los puede tener el Estado y sacarlos a remate, o lo que desee hacer". 

Qué hará la Oficina de Gestión de Bienes

El nuevo organismo, según el articulado, tendrá como funciones identificar los bienes que puedan ser utilizados para fines de seguridad, mantener un registro detallado, evaluar su utilidad operativa, asignarlos a distintas áreas de las fuerzas policiales, y encargarse del remate o disposición final de aquellos que no sean aptos para el servicio.

El proyecto también contempla modificaciones a leyes provinciales ya vigentes —como la Ley 6.816, la 6.730 y la 8.018— para "adaptarlas" a esta nueva estructura administrativa.

Entre los cambios más destacados se encuentra la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad "solicite el uso inmediato de automotores decomisados, así como su remate o compactación si no fueran útiles para tareas operativas".

“Se busca un enfoque más eficiente y coordinado en la gestión de bienes que actualmente quedan dispersos o desaprovechados”, señala el texto del proyecto. Además, prevé mecanismos de rendición de cuentas y coordinación con el Poder Judicial y otros organismos gubernamentales, para asegurar una administración transparente y efectiva.

La iniciativa también establece que los profesionales legales que intervengan en los trámites vinculados a estos bienes serán contratados bajo la figura de locación de servicios, sin establecer una relación de dependencia con el Estado.

El proyecto