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Condenan a exempleados de un diputado kirchnerista

Dos exempleados del despacho del diputado kirchnerista Emiliano Estrada fueron condenados por "partícipes secundarios". Estrada está amparado con sus fueros hasta diciembre.
Foto: EFE
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Los condenados por la justicia salteña, Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, eran dos empleados del despacho del diputado Emiliano Estrada. Estrada es diputado nacional por Salta hasta diciembre de este año y está fuertemente asociado con La Cámpora. Los dos condenados hicieron virales en las redes videos de difamación a empresarios, políticos y periodistas. La investigación de oficio por difamación fue iniciada por  la Fiscalía de Ciberdelitos, terminando con el allanamiento de los domicilios particulares de los dos empleados del Congreso y el secuestro de sus dispositivos móviles.

La investigación también terminó con la imputación del diputado Estrada como "autor intelectual", aunque este cuenta con sus fueros, hasta el mes de diciembre por lo menos, para ampararse en ellos. Los dos investigados, y ya condenados, fueron los que señalaron el rol de Estrada en estas maniobras de difamación. Desde la justicia aseguran que hay fuertes pruebas en su contra. Ya en febrero, todos los bloques de la Cámara de Diputados, habían repudiado las acciones de Estrada. El único que no lo hizo fue el de Unión por la Patria, aunque tampoco se pronunció en defensa del diputado.

Emiliano Estrada, designado como "autor intelectual" por sus empleados. Foto: Archivo

La mayor parte de los ataques ponían el foco en el gobernador Gustavo Saénz. Se lo vinculaba a este con la corrupción y el narcotráfico, desde cuentas anónimas llamadas "La Casta Salteña" o "La Casera de Sáenz", por ejemplo. Todo tipo de fake news relacionadas con estas falsas acusaciones habrían sido financiadas con fondos de la Cámara de Diputados. Es decir, fondos públicos. Los condenados declararon entender que se trataban de maniobras ilícitas mientras las realizaban pero que, a su vez, eran "responsabilidades laborales". El juez Pablo Zerdan les impuso un pena de cumplimiento condicional, pero también una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.