El “gusto a poco” de la Oficina de Ética Pública y la Oficina Anticorrupción que pide la oposición

Parte de la oposición impulsa en la Legislatura Provincial un proyecto de ley con el que buscan modificar casi de raíz la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que fue creado en agosto del 2017 y si bien generó avances en términos de transparencia y orden administrativo, aseguran que ya quedó “limitado” y también “subsumido” dentro de la órbita del oficialismo.

Es desde La Unión Mendocina (LUM) donde proponen dar “un paso más” con la transformación de esta Oficina, que actualmente es conducida por el exlegislador radical, Gabriel Balsells Miró, en una Oficina Anticorrupción (OA), similar a la que existe a nivel nacional, pero que tenga autarquía funcional y administrativa y cuyo titular no tenga pasado partidario en el corto plazo, y deba obtener necesariamente el apoyo de la oposición.

Actualmente, la Oficina depende del presupuesto del Senado y “no tiene independencia del poder político”, acusó a MDZ Germán Vicchi, senador provincial y autor del proyecto de reforma.

Lo que propone es la transformación de la oficina en un órgano extrapoder, al nivel de lo que podría ser Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, y con un presupuesto que fije el mismo órgano.

Desde el oficialismo aún no tienen una opinión formada del proyecto, y según mencionó el senador radical Walther Marcolini a este medio, la iniciativa "recién ingresó este martes a la Legislatura".  

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, señaló, al margen que aún no conoce el proyecto con detalles, que la actual oficina de Ética Pública "funciona bien". "Por supuesto que las investigaciones son a partir de denuncias, no es una herramienta que puedan hacer investigaciones de motu proprio", consideró

Agregó que lo que ve que más sirve a futuro "es que uno va declarando su patrimonio y si después tenés una denuncia en la Justicia, que es a donde se investiga todo lo que es anticorrupción, uno tiene ese fundamento para demostrar cómo ha evolucionado su patrimonio".

Más requisitos

De hecho, lo que podría garantizar la independencia del poder político a diferencia de cómo se elige actualmente el titular de la Oficina de Ética es que, en vez de la mitad más uno de los senadores presentes, la necesidad de llegar a los dos tercios de la Cámara Alta.

Además, Vicchi sumó en el artículo 5 del proyecto que quienes deseen postularse, deberán rendir un concurso de antecedentes y oposición.

El cargo, que será al igual que el de Balsells por cinco años y con la posibilidad de una reelección, podrá ser ocupado por un ciudadano en ejercicio; tener entre 30 y 65 años; ser abogado, contador, o licenciado en Ciencias Políticas con al menos cinco años de ejercicio de la profesión; no estar jubilado y “no poseer actividad ni afiliación política, partidaria o sindical durante los 5 años previos a su nominación para el cargo”.

“El objetivo principal es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en elegir quién es el mejor para llevar a cabo una función. Cuando uno puede no tener acuerdos con la oposición es cuando se puede utilizar políticamente”, indicó.

Sin investigaciones “de oficio”

De esta forma, el senador planteó por un lado que si bien “hay cosas que se han hecho muy bien, teniendo en cuenta que es una oficina que arrancó sin nada y se avanzó muy fuertemente en la informatización y la llegada a cada uno de los funcionarios públicos para el cumplimiento de las declaraciones juradas”, señaló que eso fue del modo “operacional” .

Pero acto seguido, indicó que “hay casos relevantes donde la política ha jugado su partido y la Oficina no ha investigado de oficio. El caso de (Humberto) Mingorance es uno”, indicó, respecto a las omisiones que tuvo de sus declaraciones juradas.

“Haciendo un análisis del desempeño de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública creada por la Ley N°8.993 desde su creación hasta la fecha, se observa que ese organismo no ha impulsado ninguna investigación administrativa y/o denuncia penal sobre hechos contrarios a los deberes éticos que deben regir el ejercicio de la función pública y que podrían haber constituido delitos”, comentó el Senador en los fundamentos del proyecto.

De este modo, recordó que la oficina de investigaciones administraciones, que dependía de la Fiscalía de Estado, quedó sin efecto una vez que se aplicó esta nueva ley.

Agregó que “resulta necesario crear una OA que pueda actuar con absoluta independencia y velar, con la celeridad que demanda la sociedad, por el estricto cumplimiento de los deberes éticos de los funcionarios públicos, el efectivo control de su accionar y su evolución patrimonial”.

Más facultades y sanciones más duras

“La OA debe contar con facultades ampliadas para que pueda investigar hechos de corrupción en cualquiera de las áreas del Sector Público Provincial establecido por el artículo 4° de la Ley 8.706, con potestad sancionatoria administrativa y posibilidad de constituirse como querellante en causas penales por corrupción”, indicó.

En este sentido, señaló que entre las nuevas facultades se propone las de tener un “acceso irrestricto” a documentación pública y confidencial sujeta a secreto administrativo, “con las debidas salvaguardas legales”, así como también otorgar “facultades de auditoría interna especial”.

“Con las modificaciones propuestas, la OA actuará con independencia orgánica y funcional respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no estando sujeta presupuestariamente a otras instrucciones, no recibirá órdenes de ningún poder, ni podrá sufrir interferencias de ningún otro organismo o autoridad provincial”, consideró.

Por último, en términos de las sanciones, las mismas se endurecen, ya que se indica en el artículo 3 del proyecto, ya que la falta de cumplimiento por lo establecido por al ley a los funcionarios públicos será sancionada con una multa “por un monto equivalente como mínimo al 50% y como máximo al 100% de la remuneración bruta mensual del Gobernador de la Provincia de Mendoza”.

“En caso de que la OA detecte bienes no incluidos en la declaración jurada, se impondrá la sanción accesoria de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de dos años", advierte.

El proyecto

Proyecto de Oficina Anticorrupción by JuanManuelTorrez